A veces se requiere de cierta ironía para seguir adelante en este país.

En los ultimos años, las instituciones y los grupos de facto han emprendido un sinuoso camino en busca de un objetivo concreto: la paz.

La delincuencia organizada a través de los grupos dedicados al narcotráfico, al secuestro y a la trata de personas, son parte del esquema. La sociedad en su conjunto y principalmente los grupos que han sufrido en carne propia los efectos de la violencia pueden dar cuenta de ello.

Las víctimas y los familiares de las personas desaparecidas, -mujeres, obreros, estudiantes, profesionistas, campesinos, migrantes, etc,- sin duda son los sectores en los que los grupos del crimen organizado y las fuerzas que actúan con el apoyo o aquiescencia institucional han centrado sus esfuerzos.

En los últimos años, algunos medios de comunicación han informado a la sociedad sobre las acciones encaminadas a lograr la paz, en la mayoría de las ocasiones, la visibilización de los hechos no han sido del agrado de los artífices de estos esfuerzos. Las acciones de la delincuencia en Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Veracruz y otras entidades, buscan neutralizar el objetivo de la prensa independiente.

Salvo excepciones, las fiscalías a través de los agentes del ministerio público y/o fiscales han contribuido encomiablemente en tan ardua labor, el trato que le otorgan a las personas que acuden a denunciar delitos, y las labores de investigación de los ilícitos, sin duda alguna fortalecen las acciones.

Tampoco podemos menoscabar la labor de algunos integrantes del poder judicial local o federal, sería absurdo pensar que en éstos no existen elementos que se empeñan en conseguir la paz, también lo sería, no reconocer que existen muchos jueces y magistrados que a través de su labor buscan frustrar el objetivo.

Las fuerzas armadas y los organismos de seguridad pública han desplegado un gran número de efectivos para cumplir el objetivo, los medios de comunicación y las personas afectadas pueden dar testimonio claro sobre las acciones desarrolladas por las fuerzas públicas del orden y armadas, sobre todo Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Morelos, etc. Las operaciones han sido de tal magnitud, que es posible que algunas de esas entidades sean las primeras en alcanzar tan codiciado fin.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno, también han contribuido notablemente a allanar los obstáculos del camino hacia la paz, a través de exitosas políticas públicas (militarización de la seguridad pública), y la expedición de leyes (seguridad interior).

Los partidos políticos de igual manera aportan su esfuerzo. Sin excepciones, todos los institutos han incorporado a sus huestes a personas que, a través de las decisiones que ejercen en el cargo público, cotidianamente trabajan para alcanzar la meta. A estos militantes no les importa ser destituidos o desaforados de sus cargos o satanizados por la dirigencia de sus partidos, están convencidos que el objetivo bien vale el sacrificio.

También es justo reconocer la posición de un buen número de sectores sociales que, por acción u omisión, apoyan ciertas acciones de la delincuencia organizada y de los tres órdenes de gobierno. Cierto es que algunos de estos apoyos tienen su origen en el temor que infunden los grupos fácticos.

Aunque algunos esfuerzos, en especial de la sociedad civil y los movimientos sociales organizados pretenden truncar el objetivo, la falta de consensos, el sectarismo o el protagonismo que sigue proliferando, aunado al nivel de coordinación alcanzado por las autoridades de los organismos de seguridad, las fuerzas armadas y la delincuencia organizada difícilmente podrán frustrar que en nuestro país a corto plazo se instaure la paz de los sepulcros.

Comportamiento judicial 

 La calidad es un elemento esencial que hace efectivo el derecho humano de acceso a la justicia, este elemento, citando a Sandra Serrano y Luis Daniel Vázquez, «asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función”.

En el caso concreto de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, cuando actúan como órganos de control de constitucionalidad o de convencionalidad, ante la trascendencia de los actos de autoridad que son sometidos a su escrutinio, los usuarios del sistema de justicia deben tener la certeza que las resoluciones emitidas por los juzgadores contarán con una adecuada argumentación jurídica que fundamente y motive la decisión jurisdiccional.

En los últimos años, la calidad de las resoluciones emitidas deja mucho que desear, se ha vuelto común en los juzgadores invocar jurisprudencias y tesis aisladas que han sido superadas, lo que representa un descuido o un falta de actualización que redunda en perjuicio del justiciable.

Hace unos meses un juez de distrito con sede en Tapachula, Chiapas, emitió una sentencia señalando que el traslado de una persona privada de su libertad a un Centro Federal Readaptación Social, no requiere del control judicial y que la autoridad administrativa puede autorizar el traslado. Para sustentar su decisión citó una tesis aislada que contraviene la jurisprudencia que determina la intervención del control judicial como elemento esencial de validez.

La práctica creciente del “copy paste”, que ha generado infinidad de sentencias incongruentes, al introducir en las resoluciones argumentos que no tienen relación con el caso concreto, en muchas ocasiones los juzgadores, hacen referencia a situaciones o medios de prueba que no forman parte del acto reclamado.

Si bien, los usuarios a través de los recursos contemplados en la ley pueden impugnar las sentencias, la tramitación de los recursos implica más tiempo, lo cual impacta directamente el derecho a una justicia expedita.