Esta época navideña y de año nuevo, siempre tiene como el saludo y anhelo más repetido el “deseo de paz”. Pero más allá de las relaciones interpersonales, es un buen monento para planterase una pregunta de carácter social ampliado:

¿Hacia qué paz va México?

¿cuál es el principio de realidad en este camino, búsqueda y construcción social en nuestro país ahora y en el futuro inmediato? Es además una pregunta muy importante por los hechos sociales recientes que nos han travesado en estas últimas dos semanas, donde se han evidenciado públicamente unas vueltas de tuerca de escalas mayores en los dos modelos tradicionales respecto a las concepciones de paz: la paz negativa y positiva. Me parece central tomar conciencia de estos giros hacia arriba que están dando fracciones sociales, para impulsar estas tendencias de la lucha social.

En la construcción de una “paz negativa”, que correspondería a la “paz armada”, “militarista”, una de las grandes trampas en la que está instalado el actual orden social mundial es que se ha sobrepuesto la idea de paz a la de “seguridad”, a partir de un gran negocio – empezando por todos los niveles de gobierno y acabando por el delito organizado- basado en la siembra de la inseguridad y el terror.

Dentro de esta cultura, de amplia supremacía mundial, en estos días hemos visto una avanzada, sin precedentes, hacia lo que el gobierno llama “dar certeza legal a las Fuerzas Armadas”, en los campos políticos, legales, mediáticos…Se está por aprobar, casi sin ninguna oposicón de una clase política que asquea ni verdadera disusión ciudadana, una Ley de Seguridad Interior a partir del “Uso legítimo de la fuerza”, donde se legalizará culquier tipo de intervención represora –decidida autoritaria y unilateralmente por la autoridad- y de “inteligencia militar”, contra quien resista o luche sosicalmente por más justicia o democracia, en oposición a los intereses de las minorías gobernantes y explotadoras. Para ello se pasa del concepto de Seguridad Nacional al de Seguridad Interior, y se legitima, a través de su legalización, un avance brutal de la “paz armada y militarizada”, en nombre de una “seguridad” que sólo traerá más “inseguridad”, aterrorizamiento social, impunidad y guerra. En palabras del porpio secretario de la Defensa: “las fuerzas armadas (somos)…parte de la columna vertebral donde se sostiene el progreso y el desarrollo (de la nación)…(queremos) seguir coadyuvando en el bienestar, tranquilidad y certeza de los mexicanos” (15-11-16). Se trata de un típico caso histórico, como oíamos la semana pasada en un coloquio internacional de la CDHDF, en que un tipo de legalidad –totalmente impuesta y sin consenso ciudadano- es un falso valor en la defensa de los derechos humanos, porque carece de legitimidad social.

La mayoría de la población no estamos preparados para reflexionar la “construcción de una ley”, y estamos construidos en la “obediencia ciga a la autoridad y a toda orden de castigo que esta ordene” (Juan C. Marín). Por tanto, este tema tan actual en México acerca del nuevo rol de las fuerzas armadas y de la legalización ante sus tareas policiales y de militarización de la seguridad pública, es un asunto tremendamente delicado e importante que está a punto de sufrir una vuelta de tuerca que reforzará poderosamente este modelo de la “paz armada”. Tan abierto es el proceso de legitimacón social, que ahora hasta el secretario de Educación los alaba y ellos defienden la mal llamada reforma educativa, promoviendo los clásicos valores de la “paz militarista”: “se debe fomentar el respeto a los símbolos patrios, inclucar el sentido de la identidad y el amor a México” (15-6-16).

Esta acción educativo-militar, va unida a otra acción similar -disfrazada de educativa- en estos días, con consecuencias tremendas en el control de los teritorios y reordenamiento social a partir del desplazamiento de población: el programa de “reconcentración de escuelas” anunciado por la SEP, donde millones de niños y niñas de más de 100 mil escuelas rurales de pequeñas comunidades serán “reconcentrados” en centros urbanos mayores, a distancias de todo tipo. Es un atentado brutal a todo tipo de posibilidad de estudio dentro del propio entorno comunitario, a cualuqier forma de organización social y comunitaria a partir de las familias y el poblado, de exclusión a la educación por la enorme deserción que habrá, etc. etc.

Resulta, finalmente, interesante que, en medio de esta gran campaña política del poder y sus aliados, por legitimar a las fuerzas armadas, aparezca un libro de Anabel Hernández, La verdaera noche de Iguala, donde se documenta la alta responsabilidad militar en esa “acción genocida” contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Además, a esta gran campaña de legalización de la militarización nacional, y aumento de la guerra, se unen políticos que piden autorizar el uso indiscriminado de armas en la población.

Pero también en estas semanas, han habido unas vueltas de tuerca interesantes en la intensidad de la construcción de una “paz positiva”, una “paz con justicia y dignidad”. Existen crecientes y numerosos sectores de la población que han empezado a tomar conciencia que el tipo de orden legal y político que se les impone impunemente atenta contra sus propios derechos de todo tipo; la disidencia magisterial ha dado el ejemplo de esta resistencia en la segunda mitad del año, así como las innumerables resistencias territoriales urbanas y campesinas a todo lo largo del país, y las luchas de los familiares de las víctimas de la guerra. Sin embargo, se están presentando hechos de lucha social, en la línea de la desobediencia civil, que constituyen nuevos y originales “observables sociales” y que intensifican las acciones hacia una “paz positiva”.

Hace pocas semanas, los alcaldes -sobre todo priístas- de más de 30 municipios de Veracruz tomaron el palacio de gobierno estatal y marcharon en la capital. Burócratas del gobierno de Oaxaca tomaron la Ciudada Judicial por adeudos de pensiones del gobierno estatal, y sindicalistas de la CTM en Oaxaca bloquearon carreteras porque no les pagan obras públicas. Lo importante de observar, que crece, no es sólo el tipo de radicalización de las acciones, sino los nuevos actores de la desobediencia civil: burócratas, sindicalistas oficialistas, clase política en el poder…

Entonces, uno diría parafraseando a Carlos Fuentes hace varios años:

¿va a haber un choque de trenes de paz armada y de paz justiciera?

No está nada claro. Pero, no hay duda que el grado de resistencia social de un lado y del otro en formas diferentes, en lógicas muy opuestas y hasta antagónicas: de paz armada y de paz con justicia, está subiendo bastante su intensidad de acción pública.

Pietro Ameglio

9 diciembre 2016

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