Foto: Cuartoscuro

El ultimátum expresado por el Secretario de Gobernación el 18 de julio de 2017, en una gira realizada por el estado de Guerrero, deja en claro que la federación ha tomado la decisión de confrontar a los grupos de autodefensa que actúan en esa entidad federativa. 

Para el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, muchos de los grupos de autodefensa que se hacen llamar policías comunitarias, son azuzados por la delincuencia contra las autoridades para “realizar sus fechorías y actuar al margen de la ley y eso no lo podemos permitir”. 

En consonancia con la posición de la federación, el gobernador de dicho estado el 22 de julio declaró que “su postura es enfrentar a todos los grupos armados que no están protegidos por la ley 701”. 

Desde la perspectiva gubernamental los grupos de autodefensa “van buscando hegemonía en los territorios, lo que pelean son los territorios, no pelean defender a la población”.

Más allá de la retórica gubernamental y las causas que aducen para desarticular a los grupos de autodefensa (algunas de ellas justificadas), es innegable que en muchas regiones del país sigue subsistiendo el estado de necesidad. 

Los grupos de autodefensa surgen cuando el estado de necesidad se materializa, al colisionar el principio de seguridad pública con los derechos humanos a la vida, a la propiedad, a la libertad, situando a los ciudadanos ante la disyuntiva de respetar el principio de seguridad pública para no infringir la ley, o de organizarse como grupo de autodefensa, a costa de contravenir la ley para proteger sus derechos humanos, que no pueden ser garantizados por el Estado. 

En Guerrero, la amenaza a la soberanía estatal es ejercida por las organizaciones criminales que actúan buscando imponer su poder fáctico ante la población y ciudadanía constituida en una comunidad política dentro del orden estatal del que forman parte. En ese sentido, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada y comunal, considerada en sus múltiples determinaciones, debe primar sobre cualquier otro fin y la opresión criminal constituye un estado de necesidad que activa el derecho de legítima defensa como último recurso, en un contexto en que está en juego un modo de existencia considerado esencial. 

En diversas ocasiones, la existencia del estado de necesidad ha sido aceptado por las autoridades estatales, en los últimos días de mayo de 2017, el gobierno de Guerrero a través del vocero de seguridad en un boletín enviado a los medios de comunicación afirmaba que “la inseguridad propicia que las comunidades se organicen para formar grupos de autodefensa y aunque no existe una figura legal que los justifique dijo que no existe un ánimo de oposición de las autoridades contra las autodefensas y sí una amplia disposición al diálogo con las comunidades para atender la legítima demanda de los pueblos por mayor seguridad”.

En el estado de Guerrero, los grupos de autodefensa surgen no sólo a partir de la situación de vulnerabilidad extrema de los habitantes de distintas regiones, también son alentados y financiados por empresas mineras canadienses, por ejemplo, el grupo constituido en Eduardo Neri que de manera preponderante se encarga de realizar labores de vigilancia en las minas de Los Filos y el Bermejal, de la empresa Gold Corp, y El Guaje y el Limón, de la compañía Media Luna.

Sobre otros grupos existe la sospecha fundada de ser alentados y patrocinados por la delincuencia organizada, quienes utilizan los grupos como fachada para llevar a cabo sus acciones delictivas.

Es patente que el incumplimiento del Estado de garantizar la seguridad pública, sigue justificando la existencia de los grupos de autodefensa, sin embargo, también es evidente que el modelo de actuación ha entrado en crisis, desvirtuando hasta cierto punto las causas que originaron la conformación de los grupos. 

No sólo las autoridades de los tres órdenes de gobierno han expresado sus puntos de vista sobre la forma en que operan los grupos de autodefensa, a esas voces se han sumado las opiniones de habitantes que residen en las zonas de influencia, así como las declaraciones de algunos integrantes y dirigentes de las organizaciones armadas. 

A estas alturas, los propios dirigentes reconocen que algunos policías de su organización se encuentran coludidos con los grupos de la delincuencia organizada y participan en actividades ilícitas -narcotráfico y secuestro-, también reconocen que algunos miembros de su organización son responsables de participar en ejecuciones extrajudiciales. 

En una asamblea celebrada en Marquelia, Guerrero, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) , Bruno Placido Valerio, expresó que no entregará a ningún miembro de la organización por el caso de San Pedro Cacahuatepec, Acapulco, porque no le gustaría que a él también lo entregaran, “está suspendido el acuerdo, porque no soy chaquetero para entregar a ningún compañero, porque a mí no me gustaría que me entregaran. Porque un mal mensaje que yo mande de traición, golpea a todos ustedes”. (El Sur de Acapulco, 24 de julio 2017). 

A todo lo anterior, se suman los enfrentamientos armados entre grupos de autodefensa, las descalificaciones mutuas y los señalamientos de tener alianzas con los grupos que dicen combatir. 

Las causas antes descritas, han generado una crisis del modelo de actuación de los grupos de autodefensa, el Estado está tratando de capitalizar esta situación para retomar las funciones de seguridad pública. 

La situación que prevalece en el país, no permite determinar que a corto plazo las autoridades tengan la capacidad de garantizar la seguridad pública en diversas zonas de Guerrero o de otras entidades federativas, mientras subsista el déficit de seguridad, el estado de necesidad tiene una justificación legal y moral. 

Sin embargo, es necesario que los grupos de autodefensa lleven a cabo una autocrítica profunda de su actuación, retomando los principios que llevaron a su conformación -la protección de los derechos que se encontraban en riesgo ante el incumplimiento del Estado de garantizar la seguridad pública-, que realicen un proceso de depuración, dejando fuera de la organización a sus miembros que estén involucrados en actos delictivos, y que no propicien o alienten la impunidad, aunque esto implique poner a disposición de las autoridades a los integrantes de la organización que cometan delitos. 

Sería mezquino no reconocer los sacrificios que aun a costa de la vida de muchos de sus miembros han realizado algunos grupos de autodefensa para garantizar la seguridad pública, sin embargo, ese sacrificio no puede dar lugar a una inmunidad que proteja o aliente actividades ilícitas, contra las cuales se levantaron en armas. 

COMPORTAMIENTO JUDICIAL 

Un debate interesante se ha suscitado en los medios de comunicación a partir del estudio que realizó el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, sobre los lazos consanguíneos y de afinidad que existen entre cientos de integrantes del Poder Judicial de la Federación. 

El estudio en cuestión, reveló los lazos familiares de magistrados y jueces con diversas personas que se encuentran adscritas a órganos jurisdiccionales del mismo circuito o de otros, lo cual llevó a varios periodistas a inferir la existencia de una práctica recurrente de nepotismo. 

La situación evidenciada por el consejero no es novedosa, incluso el vocablo “familia judicial” con el que se identifica la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, no alude al espíritu de cuerpo propio de cualquier organismo, sino como muchos se ufanan, a los lazos consanguíneos y de afinidad que existen entre la mayoría de las personas que laboran dentro de la institución. 

A partir de mi experiencia como usuario cotidiano del sistema de administración de justicia federal, puedo afirmar que los lazos de parentesco consanguíneo o por afinidad que existen, no necesariamente descalifica profesionalmente al funcionario judicial, al contrario, en las últimas fechas muchas de las resoluciones más avanzadas en protección de derechos humanos han sido emitidas por juzgadores, que son hijos de ministros o magistrados en funciones o en retiro. 

Lamentablemente, también existen casos en los cuales la notoria ineptitud en el desempeño de sus funciones recae en juzgadores que tienen vínculos familiares con ministros, magistrados o jueces. 

El problema subyacente es la falta de transparencia y la facultad discrecional que tienen los ministros, magistrados y jueces para designar a sus secretarios de estudio y cuenta, choferes y secretarios particulares, la opacidad del procedimiento da lugar a la sospecha.

Transparentar la designación de los funcionarios no sólo reforzará la credibilidad del sistema de justicia, también le generará certidumbre al justiciable sobre la calidad del servicio.