Tormentas y esperanzas

Eduardo J. Almeida

Siete mil millones de pesos, limosnas y muerte

“Se procurará integrar a la obra y sus beneficios a sus pobladores”, dice el decreto del 18 de mayo del presidente mexicano López Obrador para declarar el Tren Maya y el Corredor Interoceánico como materia de seguridad nacional. Esa es la fórmula recurrente cuando un gobierno pretende imponer un megaproyecto que implica devastar las comunidades sobre las que se desplegará. El argumento es siempre el “desarrollo” de un región, pero cuando se trata del beneficio el mágico y ambiguo concepto de “procurar” es el justificante para que quienes habitan los territorios afectados se conviertan, en el mejor de los casos, en trabajadores precarios u obtengan un pago por sus tierras exponencialmente menor al que tendrán cuando se termine el proyecto y la especulación inmobiliaria que lo acompaña. Entonces lo que AMLO decreta es que la destrucción de territorios y ecosistemas y la protección de esos procesos de especulación financiera son una cuestión de seguridad nacional, porque para la 4T como para sus antecesores desarrollo es simplemente un eufemismo para decir acumulación por destrucción.

A unos días de ese decreto, López Obrador anuncia que su gobierno toma el control de una línea ferrea que estaba concecionada a Ferrosur, propiedad de Grupo México. Al parecer la empresa de Germán Larrea le exigía al gobierno de AMLO 9,500 millones de pesos como indemnización, lo que fue rechazado por el gobierno mexicano y celebrado como un acto de patriotismo y valentía por sus seguidores, para luego acceder a un pago de más de 7 mil millones de pesos. Sin embargo la pregunta pertinente es ¿Para qué quiere López Obrador esa línea de tren? ¿Para acabar con el neoliberalismo? No, simplemente para que el Corredor Interoceánico, sí, ese que facilitará el flujo de las mercancías de la costa Este de Estados Unidos hacia el Pacífico, y de la costa Oeste hacia el Atlántico, eso si nombrar al flujo que pueda llegar desde China hacia el Atántico y Europa hacia el Pacífico.

Entonces un cheque de 7 mil millones de pesos y un decreto para crear una laguna legal que permita es uso de las fuerzas armadas para reprimir movimientos de resistencia, todo para un proyecto que claramente beneficiará al 1% más rico del planeta y que “procurará” beneficiar a las poblaciones que perderán sus tierras que verán sus ecosistemas destrozados. Procurar es esa palabra que se traduce en la posibilidad de trabajos precarios, es el mismo espejismo que el gobierno de Carlos Salinas repetía una y otra vez en 1993 para promover el NAFTA, ese que prometía trabajo próspero y abundancia a los pequeños empresarios y comerciantes, pero que hizo de México un páramo maquilero y que lo abrió a la voracidad del mercado financiero.

¿López Obrador está haciendo lo mismo que sus antecesores? No y sí. Las formas son distintas y los beneficiarios han cambiado ligeramente. Germán Larrea y el club de billonarios mexicanos han tenido que adaptarse para seguir alimentando su gula financiera, teniendo que conformarse con 7 mil millones en lugar de 9 mil millones. Ricardo Salinas Pliego por ejemplo logró alinear su modelo empresarial de exprimir a las clases medias y bajas con abonos chiquitos con la lógica estadocéntrica de la 4T de subsidios de “bienestar” a esa misma población. Los que no han logrado adaptarse seguirán tratando de generar esa virtual oposición que presuntamente defiende al INE para tratar de colocar a uno de los suyos en 2024. Eso es lo que ha hecho distinto, sin embargo, lejos de la aparente batalla entre la 4T y los conservadores, la política de despojo, cooptación, represión y guerra, y el avance voraz de la lógica capitalista avanza sobre los territorios y poblaciones para las que da igual si esas agresiones sistemáticas y los crímenes que implican viene de un gobierno neoliberal o uno nacionalista. Puede parecer distinto, vestirse de palabras diferentes, pero sus acciones provocan resultados muy similares.

Además de los 7 mil millones, de los decretos militaristas y limosneros, el gobierno de López Obrador sigue alentando con su silencio los ataques paramilitares, en especial hacia las comunidades zapatistas, como lo muestra el reciente ataque paramilitar de la ORCAO en la comunidad de Moisés Gandhi que tiene al borde de la muerte al compañero zapatista Gilberto López Santiz y al borde de la guerra civil al sureste mexicano.

Decía Raúl Zibechi en el Ecuentro el Sur Resiste que “el despojo apenas comienza” pues todavía hay una gran cantidad de territorios que no están bajo el control de los grandes actores del mercado. La realidad es que el avance de esa maquinaria que es una hidra capitalista, y que es también un camaleón desarrollista, se traduce en lo que Carlos González identificaba en el mismo Encuentro como un gran proyecto compuesto de megaproyectos que a su vez están compuestos de múltiples microproyectos (fraccionamientos de lujo, zonas industriales, ordenamientos territoriales, aeropuertos y muchos más). Es ahí, en ese nivel de microproyectos, en ese lugar al que el “ojo público” no llega en donde se articulan procesos de profunda violencia. A ese nivel se articulan intencional o coincidentalmente las agresiones que viene del militarismo Estatal y del militarismo para-Estatal (ese que suelen llamar crimen organizado), donde se articulan también los intereses de caciques locales con CEO’s transnacionales. A ese nivel las presuntas oposiciones que Van por México o se Unen contra AMLO no llegan, más allá de alguna campaña pasajera y en el fondo hipócrita, porque ahí se articulan también intereses que conectan a la 4T con los conservadores.

Es ahí abajo, muy abajo, donde caminan resistencias territorialmente asentadas y políticamente auténticas como las que se articulan en el Congreso Nacional Indígena que, inspirado e impulsado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ese que desde 1994 hasta éste día es asediado y atacado por el gobierno mexicano. Los pueblos Zapatistas y del CNI le apuestan a la autonomía territorial y a la política y la justicia de los pueblos frente a las imposiciones gubernamentales y las lógicas caciquiles usan el dolor de los pueblos como herramienta para regatear. Es desde esa casa grande de los pueblos que han surgido iniciativas señalado los crímenes del Estado Mexicano y de los actores del mercado a los que les ha cedido territorios y recursos. Esas iniciativas grandes y pequeñas son asediadas y descalificadas con crueldad porque no se someten a la voluntad de quienes arriba, muy arriba, quieren arrebatarles sus vidas y sus ecosistemas. Los quieren eliminar porque sean grandes o pequeñas, esas resistencias se atreven a develar la mentira del desarrollo que muta de neoliberal a progresista, que eso que llaman desarrollo es muerte y que para quienes están arriba esa muerte es el negocio más lucrativo.

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.

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