Casi termina el sexenio y con claridad se puede hablar de la opacidad de este gobierno. Una de las esencias de este período ha sido la del ocultamiento, la omisión, la permisividad, los disfraces, los eufemismos y el negacionismo. Antes de seguir, para quien lee quizás es necesario decir que criticar a este gobierno no tiene por qué ubicarla a una(o) en el lugar de “los conservadores” y “contras” que tanto se usa para atacar las disidencias que antes fueron reprimidas y acalladas por quienes ahora se dicen oposición y que impunemente se fueron sin ser juzgados, a decisión de éste gobierno que casi acaba.

Chiapas, Ostula, Ayotzinapa, las y los más de 123 mil desaparecida/os, ahí está la realidad que nuevamente desde arriba se ha querido ocultar. El dejar hacer, permitir y reforzar la reproducción de sociedades criminales (como les llaman las y los compañeroas zapatistas) de este gobierno ha sido una venenosa dinámica que da continuidad a estrategias contrainsurgentes y de guerra como ha sido enunciado por múltiples movimientos del abajo mexicano. Pero ésta administración deja su sello que le distingue de las pasadas, deja pasar, hacer, expandir el crecimiento de dinámicas criminales de poder que fortalecen al Estado criminal mexicano, empezando por el gran apoyo y promoción de las fuerzas armadas. A su vez esconde y niega la dinámica de guerra que no cesa, sólo muta.

A decir de lo/as compañero/as zapatistas: “Las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos ‘sicarios legales’ o ‘Crimen Desorganizado’. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Ésto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado [de Chiapas] y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales”(). En la dura crisis que atraviesa Chiapas la violencia narcoparamilitar se desata en completa impunidad desprendiendo “una imagen de permisividad estatal que permite que la espiral de violencia continúe alimentándose” (Frayba, 2023).

Este dejar hacer se puede ver en la feroz violencia que se manifiesta en Michoacán, consecuencia de dinámicas de permisividad del Estado ante la presencia e impunidad de actores como los grupos del crimen organizado y de las empresas que están detrás de los megaproyectos o que accionan para imponerlos, mientras la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG y por el contrario el gobierno estatal criminaliza a la Guardia Comunal a pesar de que existe una orden jurisdiccional a los poderes públicos en el estado de no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento (Comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, 2024).

En el caso de Samir Flores, el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la tierra ha denunciado que la línea de investigación de su asesinato “por su oposición al PIM y su labor de comunicador no fue explorada por 4 años y medio por la Fiscalía de Morelos”. Y en su reciente comunicado dan a conocer un detallado mapa que refleja las conexiones y motivos criminales que “muestran relaciones evidentes” en el asesinato de Samir, asunto que la Fiscalía “no ha querido ver” (http://www.congresonacionalindigena.org/2024/02/20/comunicado-fpdta-mpt-a-5-anos-del-asesinato-de-samir-las-piezas-se-miran-pero-no-se-tocan/).

El caso de Ayotzinapa es el ejemplo más burdo de la protección que abiertamente ha decidido hacer López Obrador de las fuerzas armadas. El encubrimiento de los militares implicados, el desmantelamiento de la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, los “ajustes” para que no existieran pruebas contra los militares y la farsa que desde el gobierno federal se continúa estableciendo discursiva y legalmente sobre el caso dan cuenta de una decisión deliberada de no desmantelar las estructuras criminales que han llevado a tener la catástrofe humanitaria que vivimos en México y que se materializa en las aberrantes cifras que se niega a reconocer. Existe la intención de López Obrador con el nuevo censo de desaparecida/os de reducir las cifras, lo que se puede confirmar con las propias declaraciones de la excomisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana. (https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/12/19/suma-fallas-censo-de-amlo/).

En los casos anteriormente nombrados y muchos que falta nombrar (Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, el sureste, etc.) lo que hay detrás de éste encubrimiento y del dejar-hacer de las dinámicas criminales es el “nexo funcional objetivo” (Merton,1938) entre la circulación legal y la circulación ilegal de negocios sobre todos los aspectos de la vida (la vida misma y los cuerpos) entre los procesos legales y los procesos ilegales de acumulación por desposesión y los intereses políticos y de poder de López Obrador, para eso es para lo que resultó ser ampliamente funcional por la legitimidad que lo llevó a la presidencia.

La responsabilidad de mando en la dinámica que hemos mencionado anteriormente es vital considerarla y a veces suele dejarse de lado. El concepto de responsabilidad de mando es reconocido desde hace mucho tiempo en el derecho internacional, tiene sus raíces en la antigüedad pero en los tribunales se afirma después de la Segunda Guerra Mundial cuando se condenó a dirigentes por no prevenir crímenes de sus subordinados, incluyendo funcionarios políticos que pudieron no ordenar, autorizar e investigar crímenes.

En el derecho internacional la omisión implica que un superior, faltando a su deber, no haga nada para impedir que su subordinado cometa una violación del Derecho Internacional o no haga nada para sancionarlo o procesarlo cuando cometa algún tipo de violación, lo que aplicado al caso explica por qué tanta insistencia en atacar todo lo que tenga que ver con la defensa de derechos humanos y con el sistema interamericano de protección de derechos humanos. La política de criminalización y satanización de las rebeldías en este sexenio es la punta de lanza de ese dejar-hacer, justifica actos criminales y garantiza la impunidad.

La responsabilidad de mando significa que el dejar-hacer es una forma de complicidad en la ejecución de crímenes. Más allá de las implicaciones jurídicas es importante que el dejar-hacer no se vuelva un punto ciego en la condena social sobre los gobernantes y que eso siga reproduciendo las lógicas criminales de poder y la ejecución de atrocidades del Estado, las corporaciones y del crimen organizado. Ver y señalar el dejar-hacer como esa responsabilidad que implica al Estado implica elevar el costo de esos actos, lo que a ojos de una parte considerable de la población aún no ocurre.

Las duras conclusiones que nos quedan en México y en otras partes de Latinoamérica y del mundo nos dejan claro que la funcionalidad de los gobiernos progresistas al sistema necrocapitalista es inevitable. No se digan las soluciones de las derechas que cada vez se parecen y tocan más. La enseñanza zapatista y de pueblos indígenas en Latinoamérica y otras latitudes nos deja pistas, cada vez más urgentes de entender.

Referencias

• Cuarta Parte y Primera Alerta de Aproximación. Varias Muertes Necesarias, EZLN, 2023
  https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2023/11/05/cuarta-parte-y-primera-alerta-de-aproximacion-varias-muertes-necesarias/
• Chiapas un desastre, Informe Frayba, 2023
  https://frayba.org.mx/informe-frayba-chiapas-un-desastre
• Denuncia de la Comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, 2024
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100071910805309
• Comunicado FPDTA-MPT a 5 años del asesinato de Samir, 20 de febrero 2024,

Comunicado FPDTA-MPT A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan

• Un cuestionario para reducir el número de desaparecidos, 16 de noviembre 2023,
  https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/12/19/suma-fallas-censo-de-amlo/
• Robert Merton, Social Structure and Anomie, American Sociological Review, 1938.