Señalar a los ecocidas para defender la vida
Desde el año pasado la lucha de los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los volcanes de Puebla ha demostrado que es posible parar los actos criminales de las corporaciones que saquean y roban el agua a las comunidades. Con la construcción del Altepelmecalli, en las instalaciones de Bonafont (del corporativo Danone) desde el 22 de marzo de 2021, pudieron comprobar que al frenar las acciones extractivas de la corporación sus ameyales y pozos comenzaron a sanar. Convirtieron un lugar de saqueo en un espacio de reciprocidad y construcción colectiva, cortaron de tajo una fuga de vida y un daño ambiental que se ejecutó durante décadas.
A partir de la crisis ambiental y humana que quedó evidenciada con la pandemia se manifestaron los riesgos y amenazas de nuevas epidemias originadas por la deforestación y el calentamiento global. Los últimos años surgieron todo tipo de llamados a proteger el ambiente. Lo que parece absurdo es que se habla de la gran preocupación por la vida en el planeta y del riesgo ante el cual está la humanidad por el calentamiento global, pero se deja de lado el asunto de la responsabilidad. Más allá de que los hábitos de consumo y de respeto al medio ambiente sí son una responsabilidad compartida entre toda/os los seres humanos, hay corporaciones que de manera deliberada deciden afectar el ambiente para poder enriquecerse y convertir todo en mercancía. El ecocidio es un crimen corporativo multinacional (Barak, 2016) que provoca daños masivos y profundos a la vida de especies, ecosistemas, comunidades y al planeta en su conjunto.
No se puede entender el ecocidio sin nombrar la criminalidad corporativa detrás de ese acto y sin ubicarlo en la lógica del necrocapitalismo (Banerjee, 2008). Algunos de los actos que constituyen ecocidio son el saqueo, la afectación a los mantos acuíferos y la contaminación del agua hecha por las grandes corporaciones. Es una acto de criminalidad corporativa, porque en este participan estructuras, es decir se dan a partir de crímenes organizacionales. Dos de los más frecuentes de este tipo son el crimen corporativo y el crimen gubernamental (Quinney, 1973), que funcionan a partir de relaciones inter-organizacionales entre corporaciones comerciales y agencias gubernamentales.
La gran lección que dieron los Pueblos Unidos ha sido escuchada y aprendida por muchos otros pueblos y luchas de México y del mundo. Estos pueblos quebraron la cadena de explotación y saqueo de recursos revirtiendo sus efectos, pararon un crimen. El Estado por su cuenta decidió desalojar ese esfuerzo y regresar las instalaciones a la multinacional Danone. Ese desalojo del 15 de febrero en contra del Altepelmecalli fue operado por la Guardia Nacional y la policía estatal, no por agentes de seguridad privada o auxiliar. Con ello se refuerza una de las características de los crímenes de las corporaciones multinacionales: que se dan con el respaldo del Estado, es decir se hacen desde la ley.
Con este desalojo y con la constante actitud omisa y negligente del gobierno federal respecto al asesinato de defensores y defensoras del medio ambiente así como con el uso de la Guardia Nacional en contra de los pueblos que defienden el territorio en contra de proyectos que van a implicar mayor despojo, saqueo, extractivismo y deforestación, el Estado demuestra algo más que complicidad con el ecocidio. Los intereses de las multinacionales y del Estado terminan por enfocarse hacia el mismo punto: acabar, desalojar, aislar o criminalizar las rebeldías y resistencias que se levantan con dignidad ante las agresiones a la vida, a las comunidades y al derecho de vivir en paz.
Referirnos a este tipo de actos como crímenes es importante para desnormalizar prácticas que ubican a lo/as agredida/os en el lugar de criminales. Un ente criminal puede continuar ejecutando sus crímenes en la medida en que justifica y normaliza sus actos, desmantelar el discurso justificante pasa por voltear el dedo que señala. Este discurso justificante en el caso de Danone es descarado, basta con ver su lema: “un planeta, una salud” para entender que este tipo de multinacionales se enriquecen bajo la publicidad en torno al consumo verde mientras despojan y saquean el agua de pueblos pobres. Sus campañas basadas en “la revolución de la comida” pretenden esconder sus prácticas criminales y asegurarse de continuar extrayendo recursos naturales. Desde que el agua entró a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street el agua será aún más disputada y las multinacionales del agua gozarán de más recursos jurídicos que les permitan una extracción sin limites. Es decir habrá más crímenes corporativos multinacionales que parar, denunciar, acabar, señalar y enfrentar.
Un crimen es un crimen en la medida en que provoca graves daños personales y/o sociales y en la medida en que es percibido como tal. Los daños provocados por estos crímenes son masivos y se ocultan por el poder que tienen las multinacionales y por la garantía de impunidad de los Estados.
En la crisis humana que atravesamos a nivel global, tan solo refiriéndonos al calentamiento global y a la destrucción del medio ambiente, es necesario tener una lista precisa de las responsabilidades de los perpetradores del ecocidio. Señalar los daños ambientales y humanos que producen en cada lugar e identificar los nombres y estructuras que hacen funcionar estos crímenes son una tarea que no distingue fronteras. Si nos planteamos en las diversas geografías que todo/as seremos víctimas de éste ecocidio, entonces es indispensable actuar más allá de la solidaridad. Es importante lograr que para las empresas y el Estado deje de ser redituable la destrucción.
Las esperanzas que corrieron como agua después de la toma de las instalaciones de Bonafont el año pasado aún corren, bajan y refrescan suelos.
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.