Graves hechos de violencia en torno a la tierra están marcando los primeros días del gobierno colorado de Santiago Peña. Así como sus antecesores, actúa como administrador del capitalismo extractivista aliado a los intereses internacionales, pero con un fuerte componente autoritario y cuasi mafioso, controlando los diferentes poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para el resto de la población se diseña un Estado cada vez con menos sentido social y de derecho.

Durante el mes de octubre se han registrado situaciones que demuestran el actuar clasista del Estado, y lo poco que le importan aspectos tan relevantes como el bienestar o la dignidad humana.

El 4 de octubre, en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, una mujer de 46 años falleció durante un desalojo violento realizado por la Policía Nacional con el Grupo Especial de Operaciones (GEO). Varias personas resultaron heridas con balines de goma e incluso con armas de fuego¹. El asentamiento Belén se encuentra dentro del barrio urbano “Che la Reina” en el que viven miles de personas, parte de las tierras son reclamadas por empresas inmobiliarias que dicen ser las propietarias.

Otro punto de conflicto alrededor de la tierra, fue la ocupación que lleva adelante el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) en el Distrito de Remansito, Villa Hayes, en el que un número aproximado de 500 familias han sido desalojadas, con un procedimiento fiscal al menos irregular, que ha significado varias violaciones de derechos humanos, bajo la justificación que se ocupa propiedad privada, demostrando una vez más que para la “justicia” paraguaya la propiedad privada está por encima de los derechos de la gente.

Según el relato de las mujeres que forman parte de la ocupación, la fiscalía ha imputado a varias personas, incluso detuvieron a mujeres con su hijos quienes han pasado toda una noche en el calabozo. También la Policía Nacional ha disparado contra los ocupantes obligándolos a salir del terreno en disputa, todo con el aval de la fiscalía, que ayudó al ingreso de civiles armados o guardias de seguridad, quienes quedaron para resguardar la supuesta propiedad privada.

Éstos civiles armados, o “matones privados”, además de quemar los enseres de las personas de la comunidad y amedrentarlos constantemente, han llegado al extremo de disparar contra los mismo, provocando la muerte de Edgar Francisco Villalba², uno de los que luchaba por el derecho a la tierra, derecho negado históricamente por el Estado. Las instituciones estatales brindan el manto de impunidad para que estos hechos criminales sigan ocurriendo y que las víctimas sean los sin tierra del Paraguay.

La corporación sojera, ganadera y extractiva demuestra que no tiene límites ni escrúpulos para avanzar sobre territorios y convertirlos en mercancías para maximizar sus ganancias. Gran parte de ese territorio amenazado por las corporaciones actualmente son los territorios indígenas. El informe “Con la Soja al Cuello” lanzado recientemente en Paraguay ha registrado 40 situaciones de violencia contra comunidades indígenas en el periodo 2018 al 2023³, en las que más del 50% tuvieron participación de civiles armados.

En este marco un nuevo hecho de asesinato tuvo lugar en la noche del día domingo 22 de octubre, Arnaldo Benítez Vargas, uno de los líderes espirituales (tekoaruvicha) de Yvy Pyte, sufrió un ataque por parte de personas vinculadas con el conflicto de invasión de sus territorios ancestrales y el avance del genocidio sistemático en contra del pueblo Paĩ Tavyterã.

Parte del comunicado firmado por Líderes del Tekoha Guasu Yvy Pyte, expresa que:

“Los líderes y lideresas de Yvy Pyte han venido denunciando una serie de hechos de violencia y atropellos en sus territorios ante las instancias judiciales y gubernamentales correspondientes, buscando una solución definitiva al conflicto, ya que las vidas de los miembros de la comunidad están en riesgo.

El pasado 11 de octubre, los líderes de Yvy Pyte llegaron al Ministerio Público para denunciar que los invasores estaban realizando tiros con armas de fuego incesantemente, y que terceras personas estarían siendo instrumentadas por estos en contra del proceso de defensa de los territorios que los líderes vienen impulsando.

Si estos conflictos de tierra no llegan a una solución definitiva, pueden seguir ocurriendo muertes, ya que hay otras personas amenazadas, los tiros con arma de fuego continúan, las personas están viviendo en aislamiento forzado, sus kokue y otros medios de sustento están siendo destruídos y están siendo presionados a la dispersión”.

En apenas dos meses de asumir un nuevo gobierno, bajo el control de viejos poderes, está desplegando una nueva oleada de violencia contra comunidades campesinas, indígenas y urbanas para defender los intereses de terratenientes y especulaciones inmobiliarias. El objetivo es profundizar el desastre extractivista, donde el silencio y la complicidad de las instituciones estatales facilita y garantiza el crecimiento de la violencia extrema, demostrando el desprecio absoluto hacia la vida y la protección a fuego de un modelo económico excluyente.

1 Diario Última Hora 5-10-23 https://www.ultimahora.com/policia-se-desentiende-de-muerte-durante-desalojo-en-ciudad-del-este

2 Base Is 5-10-23 https://www.baseis.org.py/al-menos-una-persona-asesinada-y-varios-heridos-en-el-marco-de-conflicto-por-tierras-en-remansito/

3 Informe Con la Soja al Cuello 2023 disponible en https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2023/10/Sojaalcuello2023-version-web.pdf