Abril es un mes particular en cuanto a la lucha social: son 49 años del asesinato por el delito organizado y la CIA de Martin Luther King y 98 años del asesinato traicionero por el gobierno y ejército federal de Emiliano Zapata, ambos ejemplos universales de radicalidad en la resistencia y desobediencia civil. Dos grandes líderes populares con muchos puntos en común en cuanto a confrontar directamente la injusticia social, a enfrentar a la autoridad impune y violenta, a organizar a la sociedad desde la base autónoma, a acumular una gran fuerza moral y ejercer en su resistencia civil una “firmeza permanente”. Así nos están enseñando a luchar hoy los familiares de víctimas de la guerra en México y los pueblos que defienden sus territorios y forma de vida.

En el México reciente, en relación a la guerra que nos atraviesa con total impunidad y violencia inagotable, casi en abril (el 28 de marzo) se cumplieron 6 años del surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), uno de los recientes mayores movimientos sociales masivos de víctimas en nuestro país y Latinoamérica. También a fines de abril será un año que fue expulsado –en forma totalmente arbitraria e impune, y con un fuerte pasmo social- el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), enviado a nuestro país por mandato de los familiares de los 43 desaparecidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para investigar la verdad en la “acción genocida” de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y fueron asesinadas al menos nueve personas, el 26 y 27 de septiembre del 2014. Las consecuencias de esta expulsión para la espiral nacional de guerra han sido gravísimas, porque el GIEI avanzó en pruebas documentadas e hipótesis muy fuertes respecto a la verdad en Iguala, contradictoria totalmente a la oficial.

La expulsión del GIEI, por parte del gobierno federal, fue una prueba fehaciente de lo que hoy vivimos: la renuncia oficial a cualquier tipo de verdad, justicia, reparación y paz en la actual guerra y corrupción en que han instalado a toda la población, sin importar la clase y el tejido social. Tan claro y cínico va siendo esto, sobre todo para los familiares de los desaparecidos, que incluso hasta la esposa del presidente que inició esta “guerra de exterminio genocida” contra la población mexicana, Felipe Calderón, pretende ser candidata presidencial, atentando contra cualquier resquicio mínimo de memoria colectiva y dignidad de nuestra sociedad.

El MPJD y el movimiento por la “Aparición con vida de los 43”, instalaron en la sociedad nacional dos poderosos Gritos de Indignación Masivos: “Estamos hasta la Madre” y “Fue el Estado”, con movilizaciones de una gran magnitud y fuerza moral en toda la sociedad: ambos evidenciaron la directa responsabilidad y complicidad del Estado (desde sus políticas bélicas falsamente disfrazadas de “guerra al narco”, hasta sus funcionarios en todos los niveles de gobierno) en acciones represivas y/o delictivas de “exterminio masivo y selectivo” hacia la sociedad civil. El reciente “Informe de Desaparecidos y Fosas Clandestinas” (6 abril 2017) de la CNDH lo dice claramente al señalar que México no ha dimensionado aun la gravedad de casos de desaparición forzada…por la corrupción, impunidad y colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada”. Resulta además indignante que Colima, Morelos, Nayarit, Guerrero, San Luis Potosí, Cd. De México y Jalisco no brindaron la información requerida sobre el tema. ¿Qué explica que esas autoridades y gobernadores, con tal nivel de inmoralidad e inhumanidad, sigan en sus puestos?

Los padres y madres de los 43, parte de la sociedad mexicana e internacional solidaria y el GIEI, han luchado contra una “acción genocida”, parte de un “exterminio selectivo” contra unos jóvenes estudiantes, organizados, radicalizados, críticos contra los gobiernos. Este exterminio selectivo no se ha detenido en México, al contrario aumenta con total impunidad: en enero fueron arteramente asesinados dos luchadores sociales rarámuris de Chihuahua que defendían sus bosques (Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros); en febrero fueron secuestrados y desaparecidos 5 policías comunitarios de la comunidad autónoma de Ostula-Mich. (Abigail Farías, Francisco de Aquino, Saúl Meraz, Eleno Valencia y Francisco Carreón); el pasado 5 de abril se dio el asesinato de tres comuneros en Arantepacua-Mich. (José Jiménez Crisóstomo, Luis Hernández Cuenete, Francisco Jiménez Alejandre), con heridos graves, presos 38 de la comisión de diálogo y la siembra del terror entrando la policía a las casas de la comunidad, cuando había una mesa oficial de negociación por un conflicto agrario (¿una traición más?); tan sólo en marzo fueron acribillados con impunidad total 3 periodistas: (Cecilio Pineda en Guerrero, el 2; Ricardo Monlui en Veracruz, el 19 y Miroslava Breach en Chihuahua el 23; el atentado contra otro (Julio Gómez) en Baja California Sur el 28 donde murió su escolta.

El MPJD, por su parte, evidenció públicamente el “exterminio masivo” que se estaba dando en 2011 y no ha parado de crecer con cifras indecibles. En sus comienzos describía la situación de guerra en el país como de “emergencia nacional” pero hoy día ese concepto nos queda corto: lo que hay es una situación de “horror nacional”. Todas las semanas se descubren nuevas fosas clandestinas –del gobierno y de la delincuencia organizada- por todos lados del país: 855 fosas clandestinas (1143 según una muestra hemerográfica) y decenas de miles de fragmentos de huesos humanos de 2007 a septiembre del 2016 (Informe CNDH), siendo los estados con más fosas: Guerrero, Nvo. León y Veracruz. El mismo Informe habla de “32,236 casos de personas desaparecidas en el país” (p.18). Asimismo, la cantidad de desplazados por la guerra es mayor a 300 mil personas (CMDPDH).

El “Desaparecido” es una precisa, sofisticada y muy compleja construcción social de quienes impulsan la guerra, y con ella la expansión capitalista voraz, dirigida a minar toda forma de organización, a sembrar un alto grado de aterrorizamiento y “estado agéntico” (Milgram y Agambén) en las personas-organizaciones cercanas a los desaparecidos, y por extensión rápida a todo el tejido social. En México, actualmente, habrá que estar muy atentos si estas curvas de desaparecidos y muertos tan crecientes, con acciones y políticas estatales tan cómplices e impunes, no pudieran estar haciendo referencia a un agotamiento de los espacios políticos y, como diría Clausewitz, a una ampliación de la guerra, camino escogido por el poder y la clase política para legitimarse y prolongarse ante un enorme descrédito social y moral. El exterminio selectivo que mencionamos con que comenzó el año, la gran presión para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y estos asesinatos aterrorizantes en Arantepacua –en medio de negociaciones-, no ajena a la de Nochixtlán-Oaxaca (19 junio 2016), podrían no ser “hechos aislados” e inconexos, sino parte de decisiones políticas que no podemos permitir que avancen. En un artículo de Proceso de 2015, Homero Campa señalaba cómo en “el sexenio de Peña Nieto son asesinados menos mexicanos pero desaparecen más” (con Calderón de 2007-12 desaparecían 6 personas al día, con peña de 2013-14 desaparecían 13 al día).