El 18 de septiembre Irene García, una mujer mayor, indígena, dijo “¡Nosotros no queremos mina!”. Parece ser un mensaje difícil de entender, o tal vez la traducción al inglés que se habla en Vancouver no logra capturar la esencia de esas palabras, porque lo que es claro es que Almaden Minerals no entiende que las comunidades maseualmej y totonaku de la sierra nororiental de Puebla, México, no quieren que su territorio sea devastado por un potencial ecocidio al que pretenden llamar desarrollo. Aunque siendo honestos parece que tampoco se traduce con claridad al español que hablan en Palacio Nacional.

En febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de Nación canceló la concesión minera que avalaba la presencia de Almaden Minerals en la zona de Ixtacamaxtitlán, sin embargo, como lo anunció la empresa canadiense en un boletín del 6 de julio de 2022, su mina apodada “Ixtaca” fue seleccionada para funcionar como un proyecto piloto que será conducido por el Grupo Experto en Manejo de Recursos de la ONU y la Secretaría de Economía, enmarcado en los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la misma ONU.

Almaden Minerals sigue promoviendo en su página el proyecto “Ixtaca” con un valor neto de U$ 310 millones de dólares y prometiendo réditos en menos de dos años. Al mismo tiempo en tipografía vistosa ponen frases como la de Morgan Poliquin, CEO de la empresa, diciendo que “Almaden está comprometida a mejorar la calidad de vida de las comunidades con las que trabajamos”, que traducido significa que gracias a que pondrán en riesgo la vida de todo en la región podrán repartir cientos de millones de dólares entre sus accionistas y que las comunidades podrán, tal vez, trabajar con sueldos precarios y beneficiarse de la igualmente precaria derrama económica que derive de ellos. Osea que los pobres agradecerán la limosna que reciban a cambio de sus vidas y la de su territorio. Todo ésto por lo visto es considerado “desarrollo sustentable” por la ONU y el Gobierno de México.

Las comunidades de la Sierra Nororiental de Puebla saben que la decisión de la Suprema Corte, que evadió analizar la constitucionalidad de la Ley Minera, fácilmente puede resultar en que la administración de López Obrador otorgue nuevas concesiones mineras a Almaden, como lo explicó la abogada Diana Pérez. López Obrador se comprometió a no dar nuevas concesiones, es cierto, pero también se había comprometido a cancelar el Proyecto Integral Morelos, sí, ese mismo que ahora promueve y en el que el asesinato de Samir Flores sigue impune. Ahí sigue también López Obrador trabajando y promoviendo el devastador el Corredor Interoceánico de Vicente Fox; o el Tren presuntamente Maya contra toda resolución jurídica y criminalizando a quienes se oponen a ceder su vida y su territorio para abrirse a su paso devastador.

La desconfianza que manifestaron las comunidades maseualmej y totonaku en la 34 Asamblea en Defensa del Territorio en Santa María Sotoltepec está fundamentada. El gobierno de López Obrador se ha caracterizado por cubrir con una barroca retórica liberal-nacionalista, un industrialismo que oscila entre estatista y neoliberal impregnado de militarismo en el que los pueblos indígenas tienen que ser desterritorializados por folclorización, asimilación o exterminio.

En medio de las montañas, Raymundo Romano, uno de los organizadores de la Asamblea, explicaba que las empresas y gobiernos lo que hacían era primero dejarlos desnudos para que quedaran expuestos e indefensos ante el despojo. La imagen que pinta Romano no es muy lejana a las de los torturadores estadounidenses en Abu Ghraib, pero no con individuos sino con territorios y comunidades.

Programas como las ciudades rurales o Sembrando Vida individualizan y erosionan los vínculos de las comunidades; las lógicas de producción y consumo empiezan a alinearse con las del capitalismo urbano y la reproducción y sentido de vida son absorbidas por la cultura de la aspiración y la deuda que las deja listas para la llegada de empresas extractivas. En otras palabras, aquello que vincula a quienes son parte de las comunidades y lo que les vincula a su tierra se disuelve en los ácidos de las promesas empresariales y del dinero de los programas sociales, lo que deja al territorio listo para ser devastado y clasificado en mercancía o desecho, y a sus poblaciones en explotables, objetos de marketing caritativo o desechables.

Éstos procesos parecen ser comunes en todas las geografías del continente, como lo ejemplificó Raúl Zibechi en esa misma asamblea, con gobiernos de derecha e izquierda. Como conspiraciones quirúrgicas o concatenaciones de estupideces y ambiciones, la realidad es que las empresas extractivas siguen tratando los ecosistemas y la vida en ellos como un obstáculo para eso que llaman progreso” y desarrollo, y ante las catástrofes que provocan, los Estados tratan de convertir a quienes viven y le dan vida a esos territorios en damnificados sumisos que deben conformarse y agradecer la precaria ayuda humanitaria que les den.

“No queremos que nos engañen, no queremos que nos maten”, fue el llamado sencillo, claro y contundente de Irene García, pero parece que lo dijo en un lenguaje con una encriptación indescifrable para los poderosos, la dignidad.