Pensar en voz alta la justicia y la paz

Pietro Ameglio

México: la ley como arma del poder y la guerra

El 30 de enero de 1948 fue asesinado Gandhi por un fanático de su propia religión hinduista -mientras se dirigía a un encuentro de oración- por la intolerancia a su permanente lucha por el respeto a los derechos de los musulmanes e intocables (harijans). El 31 de enero del 2010 fueron masacrados 16 estudiantes de bachillerato en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, por una banda criminal que supuestamente confundió a alguno como miembro de otra banda rival. Fanatismo y venganza: muerte criminal.

Durante muchas décadas el 30 de enero fue considerado, a nivel internacional, como el Día Mundial de la Noviolencia. Hoy se cambió esa fecha para el 2 de octubre, aniversario del nacimiento del Mahatma, que para México también está ligado a una fecha trágica: la masacre gubernamental paramilitar contra estudiantes, trabajadores y activistas sociales por la democracia en Tlatelolco. La noviolencia y la violencia, la guerra y la paz, son partes inscindibles de procesos complementarios y antagónicos a la vez.

Gandhi acuñó un nombre en gujaratí –inventado por su hijo Maganlal en 1907-: Satyagraha (sat: verdad y agraha: firmeza) para definir dentro del movimiento hindú en Sudáfrica, la forma más intensa y radical de lucha que estaban realizando contra el poder británico y sus aliados, basada en la no-cooperación y la desobediencia civil. A Gandhi ya no le satisfacía la caracterización de “resistencia pasiva” para describir sus acciones, pues comprendió que “se la suponía un arma para débiles, que podía ser definida como un odio, y que finalmente podía manifestarse por la violencia”.

La primera acción abierta del satyagraha en Sudáfrica fue el 16 de agosto de 1908 cuando unos 2000 hindúes desafiaron una Ley Asiática de Inscripción que obligaba a todos los hindúes mayores de 8 años a inscribirse con sus huellas digitales en un registro oficial. Como resistencia, los hindúes quemaron sus pases frente a una mezquita en Johannesburgo. Tiempo después, a través de muchas más acciones con similar determinación de “fuerza moral”, lograron la abolición de esta medida y obtuvieron el libre tránsito.

En la India el satyagraha fue iniciado en todo el país el 6 de abril de 1919 con un gran hartal (huelga) nacional, donde se suspendió masivamente cualquier trabajo o transacción económica, como oposición a la Ley Rowlatt que restringía las libertades individuales a los hindúes. Fue el inicio de la primera de las tres grandes campañas de desobediencia civil gandhianas por la independencia de la India.

Las acciones que habrían de seguir en estas luchas de resistencia contra el imperio británico tendrían un fuerte carácter “activo” y de “tener la iniciativa” -acciones no sólo reactivas-, algo central en la estrategia de resistencia civil noviolenta que se fue desarrollando.

Resulta interesante constatar un elemento común en estas dos acciones iniciales de las campañas hindúes gandhianas contra el poder hegemónico e imperial: se enfrenta, resiste y desobedece una ley, construida desde el poder sin ninguna consulta o control de la población. El eje central -y otra forma de nombrarla- de la resistencia civil noviolenta activa está en la “desobediencia debida a toda orden inhumana” (Juan C. Marín). Por tanto, para construir acciones de este tipo en la escala de radicalidad que amerita, por ejemplo, un orden social con el nivel de violencia e impunidad como el mexicano, se hace indispensable una reflexión y toma de conciencia colectiva acerca del verdadero origen y función de uno de los mayores instrumentos que el poder usa permanentemente a modo para controlar, disciplinar, reprimir o exterminar a una porción de la sociedad que se resiste a la “obediencia ciega”: la Ley.

Recientemente acabamos de atestiguar en México ejemplos aberrantes del uso faccioso, ilegal y violento de la ley para encarcelar a más de tres decenas de policías comunitarios de la CRAC en Guerrero que precisamente dan sus vidas para que se cumpla la ley en sus comunidades; el ejército y policía estatal ocupando y protegiendo las instalaciones de la minera canadiense Torex Gold en Nuevo Balsas Guerrero a partir de falsas denuncias contra un grupo legítimo de huelguistas; miles de desplazados tsotsiles de Chalchihutlán (Chiapas) por un conflicto agrario azuzado por una mala y tardía aplicación de un decreto de ley sobre límites territoriales con Chenalhó; el ex_rector de la UAEMorelos, Alejandro Vera, encarcelado en Atlacholoaya sin ningún tipo de pruebas en una clara venganza política del gobernador que usa a la Fiscalía Anticorrupción a modo; Marco Antonio Sánchez, estudiante preparatoriano de 17 años, torturado y desaparecido en la Ciudad de México y el Edomex por policías mientras fotografiaba un mural; etc. etc. Es una lista diaria inagotable.

Acabamos de presenciar también cómo en Brasil un grupo de tres jueces pueden condenar a un ex_presidente como Lula, que tiene un nivel enorme de popularidad y aceptación social, sin ninguna prueba material concreta, invocando “la ley”, pero violándola total y cínicamente a través de “suposiciones”.

Para luchar y resistir -en la forma y nivel proporcionales desde la noviolencia- ante estas brutales violencias legales y represivas, se hace cada vez más urgente instalar socialmente una reflexión colectiva que distinga entre legalidad y legitimidad, que coloque la “fuerza moral” de una persona, un grupo o una causa del lado de las razones y pruebas empíricas, y no del lado de un papel llamado ley y la autoridad que ejerce su cumplimiento sin legitimidad ni consenso social. Para ello hay que saber que la ley no es “sagrada”, sino que se trata de una larga construcción social, en la inmensa mayoría de los casos subordinada a muy precisos intereses de poder, clase y económicos, y que su implementación responde más aún a esos mismos intereses que la van adecuando en sus aplicaciones según la conveniencia. No tiene casi nada de “neutralidad” y “bien común”, como tanto pregonan quienes la aplican a su conveniencia, en una infinidad de situaciones. El origen de esto en gran parte se debe a la falta de control social sobre las autoridades y la construcción de las leyes y reglamentos, por parte de la ciudadanía que “delega” su poder en representantes, que no representan a ninguna mayoría ni consenso social sino a precisos intereses.

Es fundamental para luchar, que grandes sectores de la población empecemos a desmitificar el carácter “sagrado” que las autoridades impunes y violentas buscan dar al “orden legal”, para hacerlo extensivo a ellas mismas, y así garantizar su impunidad y la “obediencia ciega”. Gandhi decía bien que “se obedece a las leyes por la conciencia, no por temor a las sanciones…la desobediencia civil es un derecho inalienable de cada ciudadano. Renunciar a él significa dejar de ser hombres…es la forma más pura de agitación constitucional…es la rebeldía sin el recurso de la violencia”.

No “obedecer ciegamente” a ninguna ley, firma en documentos, persona con autoridad pública o institución, es una de las más importantes bases de la democracia, la autonomía y la resistencia; la otra parte viene de reconocer, tomar conciencia y ejercer el propio poder como ciudadanos, enfrentando cualquier abuso, ilegalidad o ilegitimidad que la autoridad realice, en formas cada vez más articuladas, masivas y radicales de resistencia noviolenta. La movilización e indignación social frente al caso del estudiante y joven Marco Antonio Sánchez, ha sido un buen termómetro social y ejemplo de que la sociedad mexicana cada vez más no está dispuesta a permanecer pasiva y atemorizada frente a tamaños abusos oficiales e impunidad. Sin tantas y tan rápidas acciones, quién sabe si hubiera aparecido con vida Marco Antonio. Ojalá sea un ejemplo de la resistencia que debe ir creciendo en todo el país, hasta llegar al paso siguiente donde la sociedad nos planteemos la pregunta:

¿Por qué esa autoridad debe seguir en su puesto si no es apta, o es corrupta y violenta?

La respuesta podría ser: Porque nosotros/as lo permitimos.

Entonces, ¿Qué esperamos para sacarlos? ¿Una ley o una orden construida desde arriba del poder?

Ese ¡Ya Basta! masivo, radical (de “raíz”), organizado y noviolento, es el que no pudo ver Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, fallecida el 4 de febrero sin saber dónde está su hijo, en medio de una enfermedad agravada por el dolor y la tristeza.

2 Respuestas a “La investigación social universitaria es un peligro para la “paz armada””

  1. Jise Antonio Rangel Faz

    Pietro tienes una claridad que permite no”ilusionarnos”, nos abre más la mente para pensar y actuar en este buscado cambio. Y creo que de lo más loable es que sigues siendo muy crítico ante lo que te parece es una política erronea, dígase la construcción del tren maya, anteponiendo tu razonamiento a los argumentos de quién busca desarrollar estos cambios y por el que muchos votamos. Un fuerte abrazo.

    • pietro ameglio

      Gracias José Antonio por tu reflexión que siempre ayuda! sé que nos une el deseo y el compromiso que este cambio que puede darse sea ‘real’, y seguro pronto nos juntaremos en alguna tarea concreta de esperanza. abrazo con igual afecto, Pietro

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