El documental Our brand is crisis (Rachel Boyton, 2005), comercializado en la pantalla como Expertos en Crisis, analiza el trabajo de la firma de consultores políticos norteamericanos Greenberg Carville Shrum encabezada por su director James Carville, que fue contratada por el equipo del político y empresario Gonzalo Sánchez de Lozada, para que se encargara de manejar la campaña electoral de Sánchez que, por segunda ocasión, llevó a la presidencia de la república de Bolivia al polémico personaje.

El film da cuenta de cómo a través de una sistemática campaña de desprestigio dirigida contra los principales candidatos opositores, y un discurso que presentaba al candidato Gonzalo Sánchez de Lozada como la única persona que podía conseguir el progreso económico y social de Bolivia a través de profundas reformas constitucionales, James Carville y su equipo de estrategas lograron remontar la gran desventaja de su cliente y conseguir que éste ganara la elección.

La cineasta Rachel Boyton expone crudamente en su documental, la forma en que los estrategas norteamericanos manipularon al electorado boliviano, a través de mensajes que consiguieron sembrar la incertidumbre en los votantes, posicionando el temor sobre su futuro, induciendo el voto del miedo, con lo cual pudieron revertir la desventaja del desprestigiado político Sánchez de Lozada.

Visto a la distancia, el trabajo desarrollado por los consultores políticos norteamericanos fue efectivo para posicionar y vender un pésimo producto (candidato), recurriendo a la construcción de un discurso y una propuesta política totalmente incongruente con la forma de gobierno ejercida durante su primer mandato. Lógicamente, al asumir por segunda vez el poder, Gonzalo Sánchez de Lozada incumplió con sus promesas de campaña. Al paso de los meses sumió a Bolivia en una grave crisis política y económica, que se caracterizó por la perpetración de graves violaciones de derechos en contra de la clase trabajadora y de los pueblos indígenas. Al final, la agitación social lo obligó a renunciar al cargo.

El trabajo de los especialistas en marketing político se tasa por su efectividad para posicionar ante el electorado a un candidato como el mejor capacitado para ejercer la representación política en una presidencia municipal, el congreso, la gubernatura o la presidencia de la república. El valor de la actividad, adquiere mayor relevancia cuando logran revertir la opinión adversa del producto (candidato), borrando o dejando en segundo término su falta de preparación y/o de principios políticos, éticos y morales.

El marketing político -aparentemente-, está regido por principios éticos que indican que el trabajo de los especialistas debe tener como objetivos la atención de las exigencias sociales y generar consciencia en el electorado sobre sus derechos políticos y de participación ciudadana, sin embargo, al ser principios carentes de fuerza jurídica, es común que los estrategas, recurran a la propaganda engañosa sobre la capacidad política e intelectual del candidato y a la construcción de campañas sucias en contra de los opositores.

Ante la falta de principios vinculantes el marketing político carece de ética. Su objetivo es vender un candidato como si fuera una pasta de dientes. No tiene que ser el mejor, pero sí el que llegue –muchas veces con engaños- a las emociones del cliente, en este caso, el electorado. El marketing político se vale de los temores, prejuicios, aspiraciones, simpatías o deseos profundos de la gente. La herramienta más efectiva es el terror. Una sociedad paralizada por el terror acepta leyes, reformas y medidas que en condiciones normales jamás admitiría, como la Ley Patriótica del presidente Bush después de los atentados de las Torres Gemelas.

Los temas que aborda el documental, sobre todo el referente a como potenciar un producto (candidato impresentable) y convertirlo en una artículo atractivo para el electorado, sin duda alguna estarán presentes en las próximas campañas políticas que se desarrollarán en México y que tendrán como corolario las elecciones federales del 6 de junio de 2021.

Son del dominio público los nombres de políticos, activistas sociales, artistas, cantantes, deportistas, etcétera, que han expresado su decisión de contender por un cargo electoral o buscar la reelección en el puesto que actualmente ocupan. Carlos Villagrán “Quico” postulado por el partido Independiente de Querétaro (PIQ); Francisca Viveros Barraza “Paquita la del Barrio” postulada por Movimiento Ciudadano (MC); los luchadores “Tinieblas” y “Blue Demon Jr.” postulados por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), etcétera. También es público y notorio, que varios de los postulantes han demostrado su falta de capacidad intelectual para ocupar el cargo que buscan o que actualmente desempeñan. El senador Samuel González (MC) y el futbolista/gobernador Cuauhtémoc Blanco (PES/MORENA), son dos claros ejemplos.

Una revisión somera del discurso o ideas que han expresado muchos de los precandidatos, ha evidenciado su falta de congruencia y el pragmatismo con el que se conducen; para ellos, no tiene importancia que un segmento importante del electorado reconozca que son políticos acomodaticios, que ayer fueron postulados por un partido cuyos principios doctrinarios defendieron vehementemente en la tribuna, abogando por ejemplo por la pena de muerte o condenando el aborto y hoy con la misma elocuencia, se comprometen a luchar en contra de lo que antes ensalzaron.

¿Puede el votante confiar en precandidatos demagogos o con antecedentes de corrupción, delitos sexuales u otras tropelías? Y que además cínicamente han admitido sus comportamientos. Como Gabriel Quadri (Alianza va por México) que públicamente declaró: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país en desarrollo medio y potencia emergente”; o Félix Salgado Macedonio (MORENA) quien ante las denuncias penales por el delito de violación de tres mujeres, ha señalado: “Todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, todo lo que digan de mí es cierto”. O en activistas sociales -que han claudicado en pos de un cargo, bajo la falacia de que se puede lograr un cambio desde el interior del sistema- como el profesor Felipe de la Cruz (MORENA) que recientemente declaró: “La lucha en la calle no da para más […] Mi visión es que si nos permiten ingresar donde se toman las decisiones, se buscaría la forma de avanzar…”.

El ciudadano debe tener presente que la publicidad sobre la imagen y propuestas políticas de algunos candidatos, puede ser engañosa. Basta echar una mirada al pasado para recordar las promesas de campaña de varios gobernantes que prometieron el oro y el moro a los electores y al final su gestión resultó más nociva que un alimento chatarra.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

La frase “abrir la Caja de Pandora”, que esporádicamente le gusta expresar al Ministro Arturo Záldivar Lelo de Larrea, adquirió relevancia, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), diera a conocer la sanción que le impuso al ex director General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Javier Pérez Maqueda, por las irregularidades en las que incurrió durante las contrataciones de obra pública. A la sanción impuesta por el CJF, se suma la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, luego de que detectara una red de desvío de recursos en la que se encuentra involucrado Pérez Maqueda.

Al acto de corrupción del ex director General de Inmuebles y Mantenimiento, se sumaron el caso de la venta de exámenes para Juez de Distrito, que devino en la destitución del director del Instituto de la Judicatura Federal; el caso del ex director de Tecnologías de la Información, que incurrió en irregularidades en las licitaciones del CJF; la destitución y multas aplicadas a varios magistrados y jueces federales por las irregularidades detectadas en sus declaraciones y la existencia de ingresos (en algunos casos millonarios) diferentes a los derivados de su cargo; así como el sempiterno nepotismo que ha sentado sus reales en el Poder Judicial de la Federación.

Las investigaciones realizadas por el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial, demuestran que durante larga data, la corrupción ha campeado libremente por las áreas de administración y los juzgados federales. Los ilícitos perpetrados por los funcionarios administrativos y judiciales, contribuyen a elevar la desconfianza del ciudadano en la labor jurisdiccional.