“Lucha de calles, lucha de clases. Córdoba 1971-1969” fue un importante libro argentino, coordinado por Juan Carlos Marín, Beba Balvé y Miguel Murmis, que investigaba y analizaba -en forma diacrónica y sincrónica- un hecho de masas como “el Cordobazo” (29 y 30 de mayo 1969), que fue un levantamiento del pueblo cordobés –desde un amplio espectro social, sobre todo obrero estudiantil- contra la dictadura militar argentina de Juan Carlos Onganía. No siempre la forma de la lucha de calles coincide con la de la lucha de clases, pero cuando esto sucede se intensifica radicalmente la magnitud del conflicto y la determinación moral de los actores de la resistencia civil y del poder oficial.

Partimos asimismo de la premisa que uno de los caminos más centrales del avance en la humanización de nuestra especie ha sido el de la “lucha social”, particularmente en las escalas de la no-cooperación y la desobediencia civil. Si no fuera por los individuos, grupos, comunidades, pueblos que han incursionado en estos terrenos -con armas morales y materiales- nuestra especie estaría aun en la “edad de piedra humanizante”.

Nos parece que actualmente en México, se está incrementando un tipo de lucha social que, en parte, tiene también algo de esta caracterización de lucha de clases y de calles, aunque tomando calles en un sentido más amplio que el urbano, para referirse también y sobre todo a los caminos rurales. Ahondemos en dos ejemplos recientes en la línea de una creciente radicalización de estas formas de lucha e identidades sociales confrontadas.

En un intento por profundizar sus acciones de no-cooperación y autonomía –en el sentido de asumir nosotros mismos las tareas que el Estado y la clase política no realiza-, se llevó a cabo en los caminos y parajes rurales de Veracruz, desde el 15 de julio, la 2ª. Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por parte de muchas organizaciones de familiares de víctimas del país. Fue continuación de la Primera Brigada de abril pasado, en el mismo estado, donde se encontraron una gran cantidad de restos humanos (cerca de 11 mil fragmentos) en fosas clandestinas, hasta hoy no identificados. Pocas semanas antes de esta 2ª. Brigada, el 22 de junio, en Xalapa había sido brutal e impunemente asesinado un miembro de esa brigada, José Jiménez Gaona, y gravemente herida su esposa Francisca Vázquez Mendoza, padres de Jenny desaparecida el 21 de mayo de 2011 en Poza Rica. Al otro día iban a reunirse con el subsecretario de DDHH Campa, para tratar casos de desaparecidos en el norte del estado. Esta brigada inició afirmando ante la prensa: “El gobierno no lo quiere hacer (buscar a los desaparecidos), no tiene voluntad; le pedimos que si no nos ayuda, que no nos estorbe”.

Por otro lado, el actual conflicto magisterial por la abrogación de la reforma educativa oficial, si bien tiene su origen en una demanda sindical (CNTE) contra las formas de imposición, castigo laboral y evaluación punitiva, ha rebasado esta frontera de interés gremial, para apuntar a la transformación educativa en el país, y a la vez también se ha ido constituyendo un gran frente nacional solidario, popular, urbano-rural de movilización social con demandas sociales e identitarias muy amplias contra todo tipo de despojos.

Cada vez con más claridad y nitidez se han ido alineando y definiendo –también en su carácter de clase- en el espectro nacional los dos frentes confrontados – frente a frente-, con creciente polarización e intensificación en las formas de su lucha: por un lado el poder oficial gubernamental y político, el empresariado más poderoso, el sindicalismo y la academia ligados al oficialismo, las organizaciones sociales (padres de familia…) ligadas al empresariado y a la derecha, la mayoría de los medios; por otro lado, el sindicalismo disidente de raíz popular, campesina e indígena, las organizaciones (padres de familia…) y movimientos sociales indígenas-campesinos, los pueblos indios, las organizaciones populares del país, sectores estudiantiles, sectores académicos nacionales e internacionales progresistas…La composición de estas identidades sociales –que por supuesto no es dicotómica y es también interclasista- ha quedado públicamente expuestas con mucha transparencia, por ejemplo, en los templetes-presidiums de los dos primeros foros educativos que ambas partes han realizado en el IMSS y en la SEP.

A su vez, los medios que usan para luchar son también muy diferentes, desde la lógica y desde los recursos y cuerpos, pero en cuanto a la radicalidad de sus acciones civiles y pacíficas son similares, ya que están incursionando en los terrenos de la no-cooperación (amenazas con declarar impuestos en ceros, boicot de medios a las voces disidentes, paros escolares) y de la desobediencia civil (amenazas con no pagar impuestos, bloquear caminos). Por supuesto, que las acciones violentas y represivas (encarcelamiento de líderes magisteriales, masacre de Nochixtlán…) no entran en este terreno de la confrontación.

La presentación pública de ambas Rutas para sus Programas o Proyectos de Transformación Educativa ha evidenciado también metodologías de trabajo bastante diferentes de origen en estas identidades sociales confrontadas, que responden a experiencias históricas y sociales de construcción de conocimiento y relaciones de poder muy distintas : una ruta parte de un documento y tematización ya definidos a priori en gran parte desde el oficialismo; y la otra, la del magisterio disidente, propone una ruta de construcción social colectiva plural del proyecto educativo alternativo, sin definiciones previas. Ambas rutas se harán a través de foros y consultas en diferentes niveles, en ambas habrá el desafío epistémico de transformar la “experiencia” en conocimiento, algo que nunca es automático ni mecánico.

Es cierto que este proceso de conflictividad social ha alcanzado gradaciones elevadas en lo represivo y en la desobediencia civil, porque el nivel de los intereses –de todo tipo- y las determinaciones (morales y materiales) en juego también son elevados. Aquí la clave es evitar que la “espiral de la violencia” rebase a la “espiral de la resistencia civil pacífica”, o la penetre con la tentación del camino más corto o la victoria inmediata. Pero también es cierto que esta conflictividad social ha permitido aumentar la reflexión colectiva y la toma de conciencia en muchos sectores y clases sociales del país, así como en la clase política y los movimientos y organizaciones sociales, acerca de la crítica hacia los medios y fines de los procesos de consenso y toma de decisiones políticas nacionales, acerca del uso de la violencia represiva y la defensa de los derechos humanos laborales y educativos. Hay mucho que cambiar y mejorar, tomando en cuenta a todas las clases y actores sociales en procesos de co-operación horizontales.

En este sentido ha sido, en parte, la otra cara que ha atravesado también este proceso de alta conflictividad social de la lucha magisterial en sus etapas de negociación con el gobierno, pasando de la criminalización al diálogo, y de éste a la negociación actual. La voluntad y realismo de las partes sobre todo, el apoyo de actores convocados de la reserva moral nacional e internacional y de la Conamed (Comisión Nacional de Mediación) han ayudado a que este otro proceso distensivo avance en el objetivo de lograr verdad, justicia, reparación y una mejor educación en el país. Claro que en un contexto represivo y de violación a derechos humanos tan alto, con bandos tan polarizados y alineados, los avances hacia acuerdos que resuelvan el conflicto y sus consecuencias de raíz no pueden ser inmediatos ni totales, sino que han sido graduales, pero en su mayoría hacia adelante .en aras de una solución justa y duradera.

Pietro Ameglio

Desinformémonos, 12 agosto 2016