La violencia de género, incluida la trata de personas, las expresiones de odio contra la población LGBTIQ+, el feminicidio y la violencia comunitaria e institucional, combinada con otros factores como la pobreza, la falta de acceso a empleo, a servicios de salud, a la justicia, la discriminación, la impunidad, la corrupción y los impactos del cambio climático impulsa a las mujeres a abandonar sus países, no obstante ésta no termina al cruzar las fronteras, la violencia que experimentan en México exacerba su trauma y las acompaña a lo largo de su tránsito y en los países de destino. La interseccionalidad juega un papel importante pues genera características de vulnerabilidad que pueden llevar a una mujer a irse y a otras a quedarse.

Entre las violencias que desplazan a las mujeres se encuentra la violencia en el hogar, atravesada por los roles de género y la desigualdad. Aunque El Salvador, Guatemala y Honduras han ratificado instrumentos internacionales, y en las últimas dos décadas se han creado leyes y sistemas judiciales especiales para proteger a las mujeres, se estima que el 90% de los casos de violencia de pareja no se denuncia debido al estigma impuesto a las víctimas, las represalias del perpetrador y la ineficacia de los sistemas judiciales.

En Honduras, El Salvador y Guatemala se estima que el 85% de las mujeres y las niñas viven en áreas controladas por grupos criminales, quienes se sienten con derecho a las mujeres y las perciben como de su propiedad, lo que las obliga a tener relaciones sexuales o románticas con ellos e incluso a participar en actividades delictivas para la pandilla. Las prácticas de las pandillas promueven la violencia y devalúan a las mujeres. El predominio de las pandillas en cada territorio dificulta que las mujeres se muevan de manera segura.

En todos los casos, el acceso a la justicia esta marcada por la impunidad que contribuyen al clima de inseguridad y temor a las represalias que enfrentan las sobrevivientes de violencia de género, quienes a menudo señalan que no pueden confiar en la policía para ayudarlas o protegerlas, ya que a veces son los perpetradores de la violencia. En Centroamércia los delitos contra las mujeres tienen una tasa de impunidad de entre el 97% y el 99%, a pesar de los tribunales especializados, más del 75% de los feminicidios denunciados nunca llegan a los tribunales y solo el 7% terminan en condena. Buscar justicia dentro de las instituciones gubernamentales, incluidos jueces, fiscales, abogados y policías, es imposble.

Ayudar a mujeres y niñas que han sido desplazadas en busca de protección pasa por asegurar que las y los abogados, psicólogos y trabajadores sociales estén capacitados para identificar los tipos de violencia que sufren las mujeres y las niñas; brindar apoyo psicosocial en todo el proceso de representación legal; trabajar con las mujeres y las niñas individualmente y en grupos para emplear estrategias para deconstruir los estereotipos de género e identificar los tipos de violencia, además de conocer sus derechos; utilizar un análisis interseccional para identificar las múltiples vulnerabilidades que experimentan; apoyar la labor de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en red con mujeres y niñas migrantes; y desarollar casos de persecución por opinión política, religión, raza, nacionalidad, grupo social o género en México.

Como Estados, contribuir a prevenir la violencia de género significa contar con políticas de protección que garanticen la migración regular con permiso para trabajar; la unidad familiar; las aletrnativas a la detención; el incremento del financiamiento a las agencias de protección como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) -en 2021 recibió 120 mil solicitudes de asilo y sólo cuenta con 42 agentes de protección, frente a los 4 mil agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y los más de 27 mil elementos de la Guardia Nacional que realizan labores de contención migratoria-; acceso a servicios de educación y de salud -en especial la sexual y reproductiva-; y acceso a la justicia sin revictimización.

Mientras que los gobiernos regionales, no sólo deben combatir la violencia de género y el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas dentro de sus territorios, también es importante que eliminen prácticas que violan el acceso al asilo, como el Protocolo “Quédate en México” y las Expulsiones bajo Título 42; eliminar el uso de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas en el control migratorio; así como las restricciones al libre tránsito, lo que disuadirá la extorsión, la corrupción y el contrabando. Los gobiernos están empoderando al crimen organizado al no garantizar la protección de las personas migrantes. Al tiempo, es importante deconstruir narrativas que criminalizan a las mujeres y las culpan por migrar, haciendolas más vulnerables a la violencia y al desdén de los gobiernos. Sin importar el país de nacimiento o el Estado en el que se encuentren, las mujeres y las niñas deben acceder a una vida libre de violencia.

Gretchen Kuhner es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC. Twitter. @IMUMIDF