Este 25 de noviembre, como desde 1999, conmemoraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una oportunidad para visibilizar la situación que enfrentan las mujeres y las niñas migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas en México. Ellas viven violencias reiteradas, por ser mujer y ser migrantes. Pocas veces acceden a la justicia.

Este año es particular, por ser la antesala del décimo examen del Estado mexicano ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), donde tiene que demostrar las acciones que ha llevado a cabo para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, así como el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el examen previo, donde por primera vez se integró a las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas.

Como lo hemos reiterado, la violencia es transversal a la experiencia migratoria de las mujeres -huyen de ella, las acecha en el camino y las recibe en los países de destino, además de ser una de las principales causas de su desplazamiento. Investigaciones académicas señalan que 29% de las migrantes y refugiadas en México son víctimas de violencia física, psicológica o sexual; y datos de la Unidad de Política Migratoria reportan que hay una incidencia mayor de delitos asociados al género en mujeres migrantes, como la violencia sexual (75%) y la trata de personas (59%). Estas violencias se agravan a medida que la Guardia Nacional tiene más presencia en tareas de control y verificación migratoria, lo que genera escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional.

En México, la detención migratoria es la regla y no la excepción. Estadísticas de la Secretaría de Gobernación registran un aumento del 51% en los eventos de detención migratoria en esta administración respecto a la pasada (1,178,375), donde la detención de mujeres migrantes ha aumentado un 79%. Mientras que, de enero a julio de 2023, 16,221 niñas y 5,566 adolescentes fueron detenidas y “canalizadas” a albergues, estaciones migratorias o espacios que son una extensión de las cárceles migratorias con las mismas o peores condiciones de privación de la libertad.

4 de cada 10 personas solicitantes de asilo en México son mujeres, quienes huyen de la violencia de género en sus países. Ellas enfrentan desafíos para hacer efectivo su derecho a solicitar y recibir protección internacional. Los procedimientos administrativos migratorios y de solicitud de asilo no se llevan a cabo en tiempo y forma, ni en un entorno seguro, culturalmente apropiado y con perspectiva de género. El acceso a estas vías de regularización se ha obstaculizado a partir de la lentitud en los procedimientos, el costo elevado, y la arbitrariedad para su otorgamiento. Además de barreras generalizadas en el acceso a la educación, a la salud, incluida la reproductiva, y al empleo digno.

Estos y otros retos y violencias que enfrentan las mujeres migrantes en México fueron recopilados en el informe alterno sobre la situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023, realizado por las organizaciones Caminantas, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Las Vanders y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) como parte del informe sombra presentado al Comité CEDAW.

El décimo examen del Estado mexicano será un buen momento para que las autoridades adquieran nuevos compromisos en favor de los derechos de las mujeres migrantes y con necesidades de protección internacional, además de incluir una perspectiva de género en la política migratoria. Para ello, las autoridades salientes y las entrantes deberán retomar los estándares de la CEDAW y replantear la política migratoria de la mano de la sociedad civil, movimientos feministas, mujeres migrantes y sujetas de protección internacional.

Por lo que este 25 de noviembre volveremos a recordarle al gobierno mexicano que las mujeres, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, merecen una vida libre de violencia. Alzar la voz y unir esfuerzos es urgente.