En 2021, una mujer colombiana habló a la oficina del IMUMI para decirnos que había tratado de comprar un boleto de autobús para ir a ver su esposo en San Luis Potosí, como lo hacía cada semana, porque él trabajaba ahí. Nos contó que la vendedora de taquilla de la línea de autobús le había pedido su documento migratorio y, como la renovación de su documento estaba en trámite, enseño el comprobante del trámite ante el Instituto Nacional de Migración (INM). La vendedora desconocía el documento y se rehusó a venderle el boleto. Explicamos a la mujer que podría poner una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y que investigaríamos. En los próximos días llegaron más llamadas, hablamos con otras organizaciones y vimos en redes sociales que muchas personas extranjeras habían vivido la misma experiencia.

¿Cómo podía una persona de ventanilla, de una taquilla de una empresa privada estar revisando la situación migratoria de las personas que querían tomar un autobús dentro del país? El INM es la única autoridad en México autorizada para revisar la situación migratoria de alguien. Hay más de un millón de personas extranjeras que vivimos en México y la situación migratoria no debe afectar el derecho al libre tránsito entre una ciudad y otra. Una vez dentro del país, en los autos privados, en autobuses y en vuelos domésticos, la Constitución permite el libre tránsito y lo hace por una buena razón: evitar la discriminación en contra de personas extranjeras y mexicanas (que alguien considera que parece extranjera) por racismo, la forma de vestir o el idioma que habla. ¿Entonces, qué estaba pasando?

Resulta que el INM había enviado un oficio a las empresas de autobuses, básicamente amenazandolas que, si agentes migratorios encontraban a personas migrantes irregulares en los autobuses iban a acusar a las empresas de ser traficantes de personas. Las líneas de autobús, para cumplir con las instrucciones del INM, empezaron a colgar letreros con los logos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en las centrales de autobuses, en sus plataformas de internet de compra de boletos y en sus pantallas digitales, convirtiéndose en agentes migratorios –básicamente convirtiéndoles en agentes del Estado, ejerciendo atribuciones para las cuales no están facultados, y poniéndoles a realizar acciones de discriminación en contra de sus clientes. Desde ahí iniciaron los errores porque no están capacitados en materia migratoria, hay muchas formas de documentación migratoria en México – tarjetas de residencia permanente y temporal, visas de turista que son un papelito, oficios de salida que es una carta en papel, constancias de solicitud de asilo, entre otras. La medida de contención fue una receta perfecta para la discriminación, arbitrariedad y la extorsión, pero también una acción de control más para orillar a las personas a tomar rutas más peligrosas, poniendo en peligro sus vidas.

Mientras es difícil medir el impacto de la medida, estadísticas oficiales apuntan que un 60% de las muertes de personas migrantes ocurren a consecuencia de condiciones de viaje, accidentes ferroviarios y vehiculares. En los últimos años, las y los migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador han optado por trasladarse por México a través de medios de transporte con alta peligrosidad debido a la discriminación y restricciones que enfrentan para acceder a medios de transporte de menor riesgo. De acuerdo con investigaciones de El Colegio de la Frontera Norte, de 2015 a 2022 la población centroamericana disminuyó el uso de autobuses y camionetas privadas de 94% a 54%. En contraste, las personas centroamericanas aumentaron su traslado en tráileres o camiones de carga de 6% a 19%, pese a que se ha comprobado que dichos transportes resultan en más fatalidades. Las investigaciones del IMUMI, a través de entrevistas a mujeres migrantes, nos habían enseñado que la mayoría de las mujeres, sobre todo familias con hijas e hijos viajaban en autobús si podían. La medida de prohibir la venta de boletos tendría un impacto en la seguridad de las mujeres y familias.

Aparte de orillar a las personas a transportes más peligrosos, los traficantes se pusieron a la orden y compraban los boletos en paquete y los incluían en el paquete de transporte por un costo mayor. A la vez, documentamos casos de personas que lograron comprar un boleto sin enseñar su documentación migratoria, pagando una “comisión” a la persona de taquilla. La medida claramente no tenía el impacto disuasorio esperado. Inconstitucional, discriminatorio, inefectivo y con un impacto peligroso para la población, tomamos la decisión, en conjunto con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, de impugnar a través de un amparo, una queja ante la CONAPRED y PROFECO.

Finalmente, en octubre 2023, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México resolvió el amparo en revisión 400/2022, donde insta a diferentes Secretarías, al INM, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo y el Instituto Nacional de las Mujeres a implementar acciones inmediatas a fin de que las personas migrantes no vean obstaculizado su derecho a la libre circulación. Tienen que establecer puntos de atención para que las personas afectadas puedan denunciar el incumplimiento de esta resolución; la realización de visitas de verificación a las centrales de autobús para comprobar que no se exija un documento migratorio; la difusión de una campaña masiva de información en las pantallas, los sistemas de audio de las diferentes centrales de autobús y las redes sociales de las dependencias para comunicar esta nueva disposición; que las líneas de autobús se abstengan de condicionar a un documento migratorio la compra de un boleto o de subir a uno; y publicar la resolución en el Diario Oficial de la Federación.

A partir del 06 de octubre se tienen que haber implementado estas medidas. Sin embargo, toca a la sociedad civil documentar el nivel de implementación y seguir litigando hasta que se revierta esta práctica. Hasta el 20 de octubre hemos podido observar que algunas líneas de autobuses han quitado sus letreros y otras no. En algunas taquillas están pidiendo la cita en CBP One, un comprobante que la persona tiene una cita oficial para entrevistarse para pedir asilo, lo que el mismo INM ha dicho que es suficiente para transitar en México a través de un comunicado de prensa, pero no respetado en las revisiones migratorias que aún se llevan a cabo en carreteras a pesar de que éstas también son inconstitucionales.

El tema de fondo es la falacia de parte de los gobiernos que piensan que van a poder parar la migración, en vez de aceptar el hecho de que las personas se van a mover si así lo necesitan, dentro y fuera de México, y que la mejor medida para combatir el tráfico de personas son las vías regulares.