A unos días de terminar 2023 vale la pena recordar lo que significó para las personas migrantes, quienes vivieron múltiples desafíos en su búsqueda de protección. Antes que nada, es importante recordar que la migración más numerosa en esta región sigue siendo la mexicana hacia Estados Unidos -a pesar de que lo que se reporta en los medios de comunicación es la migración de distintas nacionalidades en y a través de México. En este año, más de 200 mil personas mexicanas fueron deportadas desde territorio estadounidense, y 87 mil familias mexicanas fueron detenidas -cifra mayor a lo registrado de 2016 a 2022. Esto debería de colocarnos en una postura, discurso y narrativa diferentes frente a la población migrante, pero no es así, sigue permeando el rechazo, la contención y la criminalización.

Uno de los eventos más impactantes fue el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el 27 de marzo, en donde fallecieron 40 migrantes y 27 resultaron con lesiones de por vida, todo porque el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) decidió no abrir la puerta de la celda donde se encontraban. Ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ha sido criticado por su falta de autonomía, pudo ignorar la evidencia y acreditó que “en el momento de los hechos se contaba con tiempo suficiente para abrir la puerta de la estancia de hombres…”. Así lo hizo un agente migratorio en la sección de mujeres y 15 lograron salir a tiempo, aún si tuvieron que escuchar los gritos de desesperación de sus hermanos, padres y parejas quienes se quemaron.

Este crimen del Estado mexicano cambió el curso de la política migratoria en este 2023. El INM cerró 33 estancias migratorias y dejó 17 estaciones abiertas hasta nuevo aviso. Hay 9 personas vinculadas al proceso penal sin sentencias, incluyendo al Comisionado, Francisco Garduño, quien continúa en el cargo y recorriendo el país, sentándose en foros, reuniones y recibiendo reconocimientos, donde presume su gestión migratoria bajo un discurso de protección que francamente es una burla hacia las familias de los migrantes fallecidos y de los sobrevivientes. Por su parte, Antonio Díaz Molina, coordinador de Control y Verificación, se encuentra prófugo. Las 67 víctimas -familias de las personas fallecidas y los sobrevivientes, siguen en espera de la reparación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha intentado canalizar su responsabilidad hacía las víctimas al INM.

La detención migratoria continuó. Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que de enero a noviembre de 2023 se registraron 686 mil 732 eventos de detención, 3 de cada 10 fueron mujeres, y 2 de cada 10 niñas, niños o adolescentes. Esto representa un incremento del 56% respecto al 2022. En el caso de la niñez y la adolescencia, aunque su detención está prohibida desde 2020, los datos siguen aumentando y el INM es quien sigue decidiendo el destino de esta población en vez de las Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, en su mayoría la niñez y la adolescencia termina retornada a su país sin importar que su vida corra peligro. En cuanto a las solicitudes de asilo, de enero a noviembre se registraron 136 mil, 4 de cada 10 son de mujeres.

La política migratoria de contención implementada por el gobierno mexicano se vio reflejada en acciones de desgaste de las personas, al llevarlas al límite de sus necesidades y esperanzas. Se documentó cómo los agentes migratorios subían y bajaban de autobuses a las personas, llevándolas de un lugar a otro sin sentido, pero bajo el argumento de acercarles a oficinas donde sus trámites saldrían más rápido. Además, como nunca, se registraron accidentes en carretera donde murieron decenas de personas migrantes. Tan solo en octubre, 10 mujeres migrantes murieron en un accidente registrado en Chiapas porque esta política las orilló a transitar por rutas más complicadas y recurrir a transportes más peligrosos.

Al tiempo que el Estado mexicano sigue participando en las políticas de externalización de las fronteras de Estados Unidos. Por ejemplo, este año se implementó la aplicación CBP One, a través de la cuál las personas podían buscar una cita para entrar a ese país, sin embargo, en México solo funcionaba del centro del país hacia el norte; varias organizaciones documentaron errores de la aplicación; y la detención continuó, por parte de los agentes migratorios mexicanos, aún con una cita a través de esa plataforma. Aunque en mayo terminó la política Título 42, por primera vez, el gobierno mexicano decidió recibir a población no mexicana bajo Título 8, sin embargo, como en participaciones anteriores (Protocolo “Quédate en México”) el discurso fue de protección pero en lo hechos fueron las organizaciones y los albergues quienes han sostenido las necesidades de estas poblaciones devueltas a México, al tiempo que las personas enfrentan diversos actos violentos cometidos por las autoridades migratorias y el crimen organizado, sin que accedan a la justicia.

Aun en este contexto existieron luces de esperanza resueltas por el poder judicial, aunque desvanecidas en la corrupción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó varias sentencias que reconocen los derechos de las personas migrantes y mexicanas en materia de no discriminación, libre tránsito, límite de tiempo de la detención migratoria, y el derecho a la defensa para las y los migrantes privados de la libertad. En la Ciudad de México, una corte administrativa declaró inconstitucional, por violar el derecho al libre tránsito y la no discriminación, la solicitud de un documento migratorio para comprar un boleto de autobús, medida que desde 2019 se ha implementado en todas las centrales de autobuses del país.

El recuento de lo que fue 2023 para las personas migrantes es mucho más amplio, pero lo claro es que en México estamos lejos de fomentar una cultura de integración que incluya a todas las personas, independiente de su nacionalidad, situación migratoria, etnia, color de piel y tantas otras características que son discriminadas por las autoridades migratorias. Es urgente transitar de una política migratoria de contención y criminalización a una de protección, pero por sobre todas las cosas dejar de ser cómplices de las políticas migratorias estadounidenses y garantizar el respeto de la legislación nacional en materia migratoria y de asilo.

*Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)