En unos días se conmemora una de las fechas más importantes por los derechos de las mujeres, el Día Internacional de las Mujeres, fecha en el que millones de mujeres salimos a las calles, en todo el mundo a alzar la voz por nuestros derechos, por las que ya no están y porque ninguna mujer tenga que vivir violencia. Entre ellas, las mujeres migrantes, quienes constantemente se enfrentan a violencias reiteradas de sus derechos en México.

En los últimos años, con el aumento de los flujos migratorios mixtos, la respuesta del Estado mexicano ha sido la contención y la criminalización. En el caso de las mujeres migrantes persiste la violencia sexual, institucional, psicológica y comunitaria; la falta de acceso a la justicia; y a servicios de salud sexual y reproductiva.

Aunque México ha asumido compromisos internacionales y existe legislación nacional para proteger a las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas, los resultados son poco alentadores. Por ejemplo, en 2018 se llevó a cabo el tercer Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano, el gobierno en turno aceptó implementar 41 recomendaciones sobre los derechos de las mujeres y 17 sobre política migratoria y de asilo para atender la situación que enfrentaban las mujeres migrantes, no obstante, no hay un avance sustancial. Estos compromisos no se han materializado en acciones concretas, tan sólo el acceso a la justicia para las mujeres migrantes está lejos de alcanzarse pues de los delitos cometidos contra ellas, más del 80% quedan impunes.

En este escenario, el pasado 24 de enero se llevó a cabo el nuevo EPU, donde 115 países hicieron preguntas y dieron recomendaciones a México con el fin de examinar los avances y desafíos que enfrenta el país desde su última revisión. En esta revisión, la comunidad internacional emitió 318 recomendaciones, de las cuales, 67 son sobre la violencia contra las mujeres y 27 sobre los derechos de las personas en situación de movilidad humana. Cabe resaltar que en este ciclo del EPU, tres países (Rumania, Japón y Honduras) recomendaron a México llevar a cabo acciones para disminuir la violencia basada en género contra las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, algo que no habíamos visto en los exámenes anteriores y que evidenció que a nivel internacional se observan grandes deficiencias en la protección a esta población.

Las recomendaciones fueron influenciadas por el trabajo de más de 300 organizaciones que conformamos el #ColectivoEPUMx, quienes nos dimos a la tarea de comunicar a los distintos países participantes del EPU nuestras preocupaciones y las rutas de acción para atender la crisis de derechos humanos que se vive en el país. A través de 17 informes temáticos sombra, retratamos la realidad sobre los territorios y las personas que atendemos y acompañamos. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) colaboramos, con otras 10 organizaciones, en el informe sobre movilidad humana que muestra la militarización de la política migratoria y cómo afecta de forma diferenciada y desproporcionada a las mujeres migrantes. Abogamos por que se retire a la Guardia Nacional de las labores de control y verificación migratoria, pues hemos documentado casos de violencia sexual cometidos por este cuerpo militarizado contra las migrantes.

Durante su comparecencia ante el EPU, la delegación del Estado mexicano reconoció que el aumento en el tránsito de personas migrantes es un reto e informaron sobre algunas acciones, pero son imprecisas. Aunque dijeron que se había fortalecido institucionalmente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la realidad es que esta instancia no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes y proporcionales al número de solicitudes de asilo que se reciben desde hace unos años. También mencionaron que hay un incremento en el presupuesto para programas de atención a víctimas de violencia de género, sin embargo, algunos programas como el de Apoyo a Refugios y Casa de Mujeres Indígenas y Afromexicanas han enfrentado recortes presupuestales.

Después de esta sesión del EPU quedó claro que el desempeño de México ha sido deficiente y la protección una retórica permanente, porque la violencia contra las mujeres migrantes, la falta de acceso a la justicia y la garantía de una vida libre de violencia no existen en el país. En junio, el Estado mexicano deberá manifestar ante la ONU cuáles recomendaciones, de las más de 318, aceptará y se comprometerá a cumplir. Desde el IMUMI esperamos que dentro de las aceptadas estén las 97 recomendaciones sobre movilidad humana y género, pues sería una oportunidad para que en los próximos años se lleve a cabo una ruta con programas y acciones para disminuir obstáculos que impiden a las mujeres y a las niñas migrantes asentarse dignamente en el país. Tanto la comunidad internacional como la sociedad civil podemos abonar a la implementación de las recomendaciones del EPU, desde nuestra experiencia en terreno, y las buenas prácticas en política pública y legislación.

*Coordinadora de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).