Las prácticas ejercidas por el Estado mexicano, por las fuerzas armadas y guardias blancas durante la guerra sucia sentaron las bases y abrieron camino a la impunidad estructural, sistémica, rutinizada y de Estado. Esas prácticas criminales de tortura de Estado, de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, en vez de ser procesadas son premiadas por un gobierno autonombrado “de la transformación”. A estas alturas no es raro que esto ocurra con la política militarista y protectora de la impunidad que López Obrador ha demostrado desde el inicio de su administración.

Por sus palabras respecto a Ayotzinapa, negando que fuese un crimen de Estado, por su protección a Cienfuegos, por su Ley de Seguridad, su Guardia Nacional, el gran poder y recursos que ha destinado a las fuerzas armadas, etcétera. La profunda crisis humana que padecemos en México tiene culpables, remite a estructuras (sí, integradas por individuos), los crímenes ejecutados por el Estado en cada una de las masacres de los años 60, 70, 80, 90 y en la reciente guerra sólo se agrava, se profundiza, muta, pero sigue dejando alarmantes cifras de desapariciones, feminicidios, ejecuciones… Simplemente con la reciente ejecución de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la Sierra Tarahumara, su respuesta fue enviar más militares cuando el caso en sí es una muestra de la desbordante crisis que su estrategia de seguridad sólo acentuó entre dobles discursos y desinterés.

Las prácticas criminales de Estado en México van más allá de las administraciones presidenciales, en eso siempre hay continuidad, por eso el país que padecemos y las cifras que duelen, sangran y escapan al olvido. Siempre se escuchó hablar del pacto presidencial pero hoy se hace burda y descaradamente visible, un pacto que no es de la administración saliente con la entrante sino con las anteriores, sean estas del PAN o del PRI. Este pacto no es solo de impunidad, es un pacto criminal, no puede ser llamado de otro modo.

Cada sexenio desde la Guerra Sucia se han cometido actos atroces a manos del Estado, se han cometido crímenes dirigidos a toda una población, crímenes de Estado que nunca se investigan y que se garantizan, multiplican y cobijan de un modo que casi puede llamarse natural. Estas prácticas se han vuelto rutina, la ejecución de actos criminales y atroces por ser efectuadas por el Estado, por las fuerzas armadas y policíacas cuentan con la cobija del aparato legal y jurisdiccional, lo que hace que cuando se da una denuncia contra algún miembro de esas fuerzas la rutina se eche a andar y por lo tanto se garantice la impunidad y se de pie a la multiplicación de este tipo de prácticas.

Estas prácticas se dan en la búsqueda de ciertos objetivos, metas de grupo, de estructura, de corporación y siempre se justifican, siempre. Las justificaciones no suelen ser originales, siempre son en nombre de la paz, del orden, del Estado de Derecho, apelando a lealtades superiores (Sykes y Matza, 1957). Siempre negando a las víctimas, negando los daños, negando su responsabilidad y condenando a quién condena (Sykes y Matza, 1957).

La serie de prácticas: tortura, tortura sexual, ejecuciones, desapariciones, allanamientos, abusos, intimidación, genocidio tienen autores materiales e intelectuales que deberían de ser juzgados. A estos criminales en México realmente nunca los hemos visto como los quisieran ver las y los familiares de las víctimas, el sistema jurídico mexicano, el Estado mismo una y otra vez se encarga de dejar claro que la justicia no solo no llegará desde arriba sino que ellos, allá, siempre buscarán desaparecerla, como a las y los miles de desaparecida/os de este país.

En el acto del 22 de junio en el Campo militar número 1, en el mismísimo centro de tortura, en lo que ahora podemos llamar sede de la Tortura de Estado, la administración de López Obrador premió a los autores materiales de los crímenes de Estado de la guerra sucia, justificó la larga lista de atrocidades, negó a las víctimas, negó los daños, negó responsabilidades, asumió la investidura de los genocidas y con ello garantizó que actos como ese se sigan ejecutando con plena impunidad.

Quizás ahora la pregunta que surge de la indignación es ¿Y nosotros qué? ¿Aún hay cabida a la duda, a la justificación, a la ceguera, a la obediencia?

Sykes, G.M y Matza, D. (1957). Técnicas de neutralización: una teoría de la delincuencia. Delito y sociedad. Revista de Ciencias Sociales, Nº 20, pp. 127-136.