El contexto de guerra contra la humanidad, contra los pueblos mucho ha demostrado que ley y crimen van de la mano. Nos invaden mensajes que promueven la idea de que lo malo es lo que prohíbe la ley, eso nos enseñan desde pequeños. Con ese discurso se han legitimado múltiples actos legales que atentan contra el bienestar comunitario e individual.

En México aún después de tantos años de guerra, de una guerra que claramente no fue contra los cárteles sino contra todas y todos, que normalizó la atrocidad y rutinizó la ejecución de graves crímenes se siguen justificando actos que dañan poblaciones, grupos e individuos en nombre de la legalidad. El asunto del crimen fuera de la mirada tradicional implica un acto que daña individual y socialmente, los delitos, son los que se tipifican como tales, es decir, los que la ley establece como nocivos, que implican una consecuencia, una sanción. Los crímenes pueden no estar nombrados en la ley, pero socialmente es necesario nombrarlos, sobretodo cuando se han vuelto sistemáticos.

No es coincidencia que los crímenes más dañinos e impunes sean los que tienen que ver con la reproducción de una escala de poder, los que se relacionan con la manutención de éste, con mantener en la subordinación a alguien/es. Los crímenes que implican al Estado o a las corporaciones cuentan con una garantía que no tienen quienes no pertenecen a éstas estructuras: la gestión diferencial de ilegalismos (Foucault, 2011), que da más libertad de hacer a uno/as que a otro/as.

En esa dinámica la impunidad diferencial (Huggins, 2010) justifica actos atroces como la tortura, las ejecuciones, las desapariciones, como si existieran torturas buenas y malas, asesinatos buenos y malos, desapariciones buenas y malas. Así, asesinatos como los que ha cometido el Ejército mexicano o la Guardia nacional se han llegado a justificar. La práctica de hacer sufrir, hacer morir y dejar morir se ha vuelto gravemente normalizada.

La muerte de los 40 migrantes en Ciudad Juárez fue una brutal muestra de éste dejar morir. El trato que recibían los migrantes antes del incendio era inhumano pero sobretodo era un trato de criminales. Un trato que socialmente no podemos aceptar. Las cárceles históricamente han sido un reflejo del sistema, la penalidad es el manejo de los cuerpos, el control sobre lo que se debe y lo que no, sobre lo que “debe” aprender la sociedad. Las cárceles de migrantes son eso, nos están dejando muy claro que mientras hay fronteras reforzadas con muros y policía las cárceles y los cárceleros pueden no tener fronteras, ellos si deciden más allá de los límites territoriales a quién dejar morir y a quién no.

La decisión de hacer sufrir que fue una práctica repetida en la mal llamada guerra del narco provocó que la crueldad se volviera práctica no sólo de las fuerzas armadas y estructuras estatales sino del crimen común. Esta práctica y la de hacer morir nos dejaron sumergidos en la grave crisis humana que seguimos padeciendo, cuyo centro es la impunidad diferencial sobre casos de prácticas atroces.

Criminalizar a las y los de abajo, a las y los que desobedecen, a las y los que defienden la tierra, los derechos, la vida es parte de esta práctica de gestionar la legalidad e ilegalidad pero sobretodo es el modo en que el criminal justifica sus actos, culpando a lo/as agredido/as, volteando la atención sobre ellos y ellas. Tal es el caso de Manuel Gómez Vázquez, acusado de un crimen que no cometió, o el caso de Miguel López Vega a quien se le ha impuesto un proceso plagado de irregularidades y que ha demostrado que los intereses de poderosos sobre el caso pesan más que su inocencia, el caso de Miguel Peralta y Jaime Betanzos que tienen una sentencia de medio siglo, y la lista podría hacerse inmensa, pese a que en este país eso se dice que no pasa.

La impunidad diferencial es aceptada, cobijada, la muestra más grande de eso es Ayotzinapa, que por el hecho de haber sido reconocido como crimen de Estado y mantener en la impunidad a los altos mandos militares está respaldando el mismo crimen, es decir el Estado reconoce que hubo un crimen de Estado y no hace nada con eso, con lo que esta aceptando su proceder criminal, perpetúa la dinámica criminal de Estado.

El proceso de normalización de la concepción de los aceptados y los no aceptados es parte de la dinámica de control social que está caracterizando a este gobierno. Son aceptados quienes se pliegan “a la transformación”, los otro/as merecen lo que sea y aunque lleven décadas resistiendo las políticas neoliberales serán tachados de “conservadores” o “contras”.

¿Pero a qué nos lleva esto? No puede llevarnos a concluir que la ley es un camino. Ya por ahí, muchos han dicho que la ley no es la justicia. Aunque algunas veces haya que recorrer los caminos del derecho y la ley para hacer denuncias, aunque haya que agotar instancias ante los casos que las y los agredidos consideran necesario llevar por ahí, la justicia al final no llega sola, como una concesión del sistema, como una ruptura de la máquina, se hace desde las otras lógicas y las otras vías que buscan en donde no están los perpetradores que van a garantizar sus actos sino por fuera de esas estructuras.

La justicia no está en un recinto estatal esperando a ser entregada.

Foucault, M. (2011). La verdad y las formas jurídicas. Gedisa Editorial.

Huggins, M. (2010). Modern institutionalized torture as state organized-crime. En Chambliss, W. & Kramer, R. & Michalowsky, R. (de). State Crime in the global age, Willan Publishing.