La guerra contra las y los defensores de la vida en el planeta
Según la organización Global Witness entre 2012 y 2021 se asesinaron a 1.700 defensores del medio ambiente a nivel mundial, las cifras seguramente son menores a las reales y claramente han aumentado en los últimos dos años. Según este mismo informe, el lugar donde más se mata a defensores ambientales es América Latina, ocho de cada diez asesinatos de defensores se da aquí, en el territorio que Laura Richardson (Jefa del comando sur de Estados Unidos, en conferencia de prensa en enero de este año) se encargó de señalar como blanco para nuevos despojos:
“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tiene el triángulo del litio, que es necesario para la tecnología actual. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo del litio: Argentina, Bolivia, Chile.Tienes las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de una año, tienes los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del amazonas. También tenemos el 31 % del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que intensificar nuestro juego”.
No se puede entender ésta declaración sino como una declaración de guerra, de ofensiva contra los pueblos y de recrudecimiento del ecocidio y de la ejecución de más y masivos crímenes de lesa humanidad en un escenario ya de por sí devastado.
Los recursos de “interés” de Estados Unidos son intereses compartidos con las grandes corporaciones y los Estados. Existen disputas entre esos actores, por esos recursos pero en la práctica quienes les estorban son los pueblos que defienden la vida y el planeta. La lógica que tienen estas estructuras sobre el territorio es la misma: sacar el mayor provecho al territorio sin contar con las personas, comunidades y ecosistemas que ahí viven, sin considerar daños sociales y ambientales. Los recursos naturales que les interesa explotar son considerados por ellos asunto de seguridad nacional y están intensificando el juego del saqueo, el extractivismo, el despojo y el control sobre los territorios.
México se encuentra dentro de los países de América Latina con más asesinatos de defensores ambientales junto con Colombia y Brasil.
López Obrador aplaude a las mineras canadienses por su apoyo y ayuda para “cuidar el medioambiente” mientras éstas están ejecutando prácticas ecocidas. Como producto de los tratados con Estados Unidos y Canadá los tres países ampliarán el mapeo de recursos y organizarán un taller trilateral para “intercambiar datos y facilitar la cooperación”. Uno de los ejes de ese intercambio es el litio, cuya extracción provoca graves daños ambientales, incluso si ésta es realizada por una industria paraestatal o nacional como lo está planteando AMLO. La colaboración con Estados Unidos y Canadá no pondrá en tela de juicio los propios intereses extractivos del Estado mexicano.
La desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz es una muestra de lo que han denunciado múltiples organizaciones y movimientos sociales, que el Estado deja hacer al crimen organizado y a las corporaciones el trabajo sucio para despoblar territorios y evitar escándalos represivos. Las mismas empresas han llegado a aceptar la colaboración con el crimen organizado para lograr concesiones e imposición de proyectos. Los procesos comunitarios que defienden los recursos naturales han denunciado esta complicidad y han podido constatar las distintas combinaciones de éste dejar hacer estatal. Así existen corporaciones extrayendo recursos sin concesiones en regla, con registros irregulares, sin permisos, sin otorgar reportes, en resumen operando ilegalmente. Lo que se muestra es nuevamente que este no es un asunto de leyes, porque aunque para controlar y reprimir recurren al derecho en la práctica operan en la ilegalidad, legitiman actos atroces desde la ley.
Con este panorama y el anuncio de cada vez más proyectos extractivos desplegados con las fuerzas armadas, resulta urgente comprender que cuando es asesinada/o, desaparecida/o un defensor/a del medio ambiente están acallando una lucha que es o debería de ser de todo/as. Porque los pasos, las luchas que emprenden esta/os defensores son por todo/as.
Vivimos en un mundo en el que aunque el discurso predominante es de salvar al planeta no solo se hace exactamente lo contrario sino que se invisibiliza, persigue, criminaliza y elimina a quiénes realmente están defendiéndolo. La hipocresía de éstos discursos que van desde el desarrollo sustentable, las transformaciones individuales, lo ecofriendly, la moda verde resulta en una pantalla que oculta la cada vez más feroz guerra contra los pueblos y ecosistemas.
La intensificación del juego que aclama Richardson debería ser un llamado de alerta a quienes se preocupan por el planeta pero aún no son solidaria/os con quiénes lo están defendiendo con el cuerpo, con la vida.
La crisis planetaria que atravesamos, la agonía en la que se encuentra el planeta nos ha dejado en un estado de negación. La normalización del ecocidio y el asesinato de defensores ambientales es un punto central de esta negación. La normalización de los asesinatos de las y los defensores ambientales echa a andar una dinámica de aceptación de la destrucción que debe parar.
Solidarizarse y hacerse parte de los procesos de defensa del medio ambiente resulta urgente y necesario. La Segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida se propuso convocar a las muy diversas luchas, resistencias y rebeldías que caminan a lo largo y ancho del país. El objetivo de ésta fue analizar, discutir y organizarse en la defensa del Agua y la Vida, hacer frente a la crisis hídrica que enfrenta la humanidad, articular luchas y resistencias desde una perspectiva global. Acordaron entre otras cosas llevar a cabo una Acción Global en contra del despojo del Agua y por el derecho a la Vida el 22 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, una Acción Global contra la Guerra y la Militarización de los pueblos el 10 de abril, la celebración de la Tercera Asamblea Nacional el día 12 y 13 de agosto en el Pueblo Originario de Xochimilco y muchas otras acciones. Caminar con ellos y ellas y con quiénes desde abajo están resistiendo y organizándose contra esta guerra es hacernos cargo y honrar a quiénes han sido asesinados por defender lo que es de todo/as.
https://www.elsaltodiario.com/mapas/violencia-saqueo-especulacion-minera-sureste-mexico
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida
Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.