Cotidianidades

Leonel Rivero

Extorsión a trabajadores migratorios: un negocio multimillonario

A la memoria de Francisco Jiménez Pablo.

La vida de las personas es una amalgama de luces y sombras, de virtudes y defectos, que las convierten en seres genuinos, su existencia no es una épica, tampoco una antítesis. 

Lejos de santificar, la muerte es una oportunidad que permite aquilatar la importancia terrenal de la persona.

El liderazgo requiere tomar decisiones trascendentales, enfrentar y conciliar con el poder político, fugas hacia adelante. Francisco reunía estos atributos.

Los primeros días de octubre concluye  la parte sustantiva del ciclo agrícola en los Estados Unidos de América. Como cada año, los trabajadores del campo mexicanos que viajan a ese país bajo el programa de Trabajadores Huéspedes temporales, comúnmente conocido como “H2A”, nuevamente  enfrentan a la disyuntiva de seguir tolerando los actos de corrupción que cometen  en su contra algunos empleados del Instituto Nacional de Migración  (INM) del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Policia Federal (PF) y del  ejército,  o seguir adelante con la queja presentada por el sindicato Farm Labor Organizing Committee, (FLOC) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en marzo de 2019.

Bajo el programa H2A, en 2019 viajaron a la Unión Americana cerca de 250 mil trabajadores; de acuerdo con los testimonios recabados por FLOC,  cada uno ellos que cruza alguno de los puntos fronterizos,  paga por concepto de extorsiones entre 100 y 150 dólares, lo que significa que al finalizar la temporada los actos de corrupción ascenderán a más de 20 millones de dólares es decir casi 450 millones de pesos. Esta es  una empresa criminal muy lucrativa que difícilmente están dispuestos de perder todos los servidores públicos mexicanos que se encuentran involucrados.

El viacrucis de los trabajadores migrantes no inicia en los puntos fronterizos. En el caso de los jornaleros que laboran en los campos de Carolina del Norte, comienza desde que abordan el autobús que los traslada hacia México, los gastos de transporte corren a cuenta del empleador, sin embargo, desde el abordaje el conductor indebidamente les solicita 15 dólares por el traslado de las maletas.

El suplicio continua durante el trayecto a la frontera, ya que el chofer es el que impone los lugares  donde los trabajadores deben consumir sus  alimentos; los “restaurantes de comida mexicana”, les cobran por un “bufet” entre 20 y 30 dólares, la calidad de la comida es pésima e incompleta; y si algún trabajador quiere elegir otro sitio, es amenazado por el conductor del autobús con abandonarlo si lo hace, es de sobra conocido que el chofer recibe del propietario del negocio una comisión por cada consumo que realizan los jornaleros. Durante el trayecto entre Carolina del Norte y la frontera de Nuevo Laredo, el chofer del autobús debe detenerse tres ocasiones para que los trabajadores se alimenten.

Al llegar al punto fronterizo el propio conductor de autobús es el que recolecta los 80 o 100 dólares que serán entregados a las autoridades migratorias y aduanales mexicanas, para que  éstas permitan el paso rápido del autobús y que no revisen el equipaje de los trabajadores. Varios testimonios coinciden en que el chofer separa una parte de la cantidad recolectada para apropiársela.

Después de cruzar la frontera mexicana deben entregar 20 dólares a los elementos de la policía federal que diariamente revisan los autobuses, más adelante, deben entregar entre cinco y 10 dólares a los miembros del Ejército mexicano, paradójicamente casi a la par, son detenidos por integrantes del crimen organizado, quienes les exigen entre 20 y 30 dólares para dejarlos continuar su camino. Muchas veces el calvario se prolonga hasta las terminales de autobuses en donde abordan el transporte que los conducirá a su casa.

Para enfrentar la situación que padecen los trabajadores migrante, el sindicato FLOC presentó una queja ante la CNDH, la primer respuesta del INM, SAT y SEDENA, fue que sus integrantes, respetan los derechos humanos de los trabajadores y no comenten actos de corrupción, lo cual contrasta con las declaraciones del presidente de la república que recientemente en una de sus conferencias mañaneras expresamente reconoció la corrupción que existe en los puntos fronterizos.

En busca de nuevos elementos que permitan refutar la respuesta de las autoridades, el sindicato ha llevado a cabo reuniones informativas alentando a los trabajadores para que denuncien los actos de corrupción e identifiquen a los perpetradores. La tarea no ha sido fácil, la inmensa mayoría de jornaleros desconfían de las autoridades y ven la corrupción como un sino que se cierne sobre los grupos más vulnerables. Las conversaciones sobre las acciones que legalmente se pueden emprender desde México y Estados Unidos, están rodeadas de escepticismo. La realidad que prevalece en nuestro país (violencia, inseguridad, impunidad, etcétera) inhibe la participación, los jornaleros saben que no se puede abjurar  la corrupción con un simple “fuchi, guácala”, sino obligando al gobierno que asuma su responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos, ese deber, no sólo consiste en sancionar las conductas ilícitas de los servidores públicos,  también incluye la obligación de inhibir las acciones de la delincuencia organizada.

Queda un largo trecho por recorrer, sin embargo, lo importante será sentar las bases de la toma de conciencia; sin duda FLOC y  muchos jornaleros lo están haciendo.

Un primer paso ha sido el compromiso de la empresa de transportes de sancionar a los operadores de autobuses que condicionen la prestación del servicio o alienten los actos de corrupción, el segundo paso será que los empleadores que contratan los servicios de la empresa asuman su corresponsabilidad en la prestación del servicio.

COMPORTAMIENTO JUDICIAL

Hace pocos días leí una crónica señalando que  “El partido en el poder busca influir en las nominación del  juez que ocupará un lugar vacante en la Corte Suprema, por medio de la modificación de leyes que favorezcan su intereses por encima del beneficio de la colectividad”. A través de su mayoría en el Congreso, el partido pretende tomar el control judicial eligiendo jueces afines a sus intereses, por ello es importante la participación ciudadana para preservar la independencia judicial, aislándola de los intereses partidistas.”

El artículo no abordaba la realidad mexicana, sino que analizaba la próxima elección del juez que ocupará un cargo en la Corte Suprema del estado de Carolina del Norte.  La lucha por la independencia judicial y la transparencia es una reclamo que rebasa las fronteras, los intereses partidistas que buscan cooptar el proceso de designación de los jueces que ocupan los cargos más altos, no es característico de nuestro sistema, sino del ethos político global.  

Una Respuesta a “La obstétrica, una violencia más contra la mujer”

Dejar una Respuesta

Otras columnas