El acompañamiento a ejidatarios indígenas del pueblo Rarámuri de Baqueachi, Municipio de Carichí, Chihuahua es uno de los aportes de Estela Ángeles Mondragón como abogada defensora de los derechos.

Ante la invasión de ganaderos al territorio indígena, Estela Ángeles Mondragón asesora también al pueblo Chineachi y Huahuacherachi en la sierra Tarahumara.

El acompañamiento jurídico a lo largo de dos décadas permitió ganar 32 sentencias a favor del pueblo Rarámuri en las que se ordena restituir cerca de 22 mil hectáreas del territorio de las y los ejidatarios. A la fecha 28 sentencias se cumplieron parcialmente aunque se tuvo que hacer uso de la fuerza pública para evitar ahondar en el conflicto con los ganaderos, para quienes esta resolución no fue grata.

La defensa de los recursos naturales y los territorios ancestrales ha estado acompañada de agresiones contra la defensora, a quien el 18 de marzo de 2009 desconocidos incendiaron su despacho con dos bombas molotov.

Un año después, el 18 de febrero de 2010, su hija Denny Loya Ángeles, fue agredida con arma de fuego cuando se encontraba afuera de su casa.

Y el primero de marzo de 2010, Ernesto Rábago Martínez, esposo de Estela Ángeles Mondragón, y también defensor de los ejidatarios, fue asesinado por su acompañamiento ante el despojo de las tierras.

Además de la preocupación por la defensora, organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” manifiestan su preocupación por la vida e integridad física de la activista pero también por las y los ejidatarios indígenas.

Según la relatora de la ONU para los derechos de los pueblos originarios, Victoria Tauli-Corpuz, «el 40% de los activistas ambientales asesinados este año en el mundo son indígenas».

«¡Échense a esa pinche vieja!, no va entender de otra manera», es una de las amenazas de muerte contra Estela Ángeles Mondragón, integrante de la organización Bowerasa, que significa “Haciendo Camino”.

César Duarte deja al nuevo gobernador de Chihuahua Javier Corral una innumerable lista de exigencias incumplidas para garantizar la seguridad de la defensora y los pueblos que acompaña, entre ellas, la implementación eficaz de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contempla rondines de la Policía Estatal en la comunidad de Baqueachi; un acto público oficial que reconozca la labor de Estela Ángeles Mondragón como defensora de los derechos humanos, particularmente los derechos de los pueblos indígenas; el cese a la campaña de desprestigio contra la defensora, cuya trayectoria es reconocida a nivel nacional e internacional.

A principios de octubre se denunciaron las constantes amenazas, hostigamiento y agresiones contra Estela Angeles Mondragón y a su organización Bowerasa. A pesar de ser beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de que el movimiento de mujeres en Chihuahua logró el decreto de una alerta temprana por la violencia contra personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua, la vulnerabilidad persiste.

Los 20 años de lucha jurídica de la defensora permitieron obtener recursos jurídicos inéditos en el país en favor de las comunidades indígenas por lo que hay una responsabilidad social para exigir desde diversos espacios garantías efectivas para salvaguardar su vida e integridad física, lo que se traduce también en el respeto y valoración del trabajo que mujeres transgresoras como Estela materializan para continuar haciendo camino a favor de los derechos de los pueblos.