La reciente visita del Papa Francisco a México será recordada por su cercanía a la cúpula del poder político, económico y empresarial, y por su desdén hacia los más excluidos, por su negativa a reunirse con las víctimas, por sus silencios y omisiones.

En su visita oficial realizada del 12 al 17 de febrero de 2016, las mujeres estuvimos prácticamente invisibles en la agenda y discurso del líder de la iglesia católica.

Lejos de estar cercano a la agenda social y de pronunciarse sobre los problemas que afectan a la mayoría de la población, el papa Francisco, entre otros temas importantes, fue omiso respecto de la violencia que vivimos las mujeres en México, haciendo evidente que su interlocución, acercamiento y pronunciamiento hacia nosotras, es básicamente para perpetuar la ideología que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, que lejos de concebirlas como sujetas de derechos las concibe como entes destinados a la reproducción.

Si bien los derechos sexuales y reproductivos han dado pasos significativos en nuestro país, el aborto sigue siendo un tema pendiente en donde la iglesia ha jugado un papel que atenta contra el Estado Laico. Contrario a que se generen políticas públicas que ponderen la autonomía reproductiva de las mujeres, su acción busca dar continuidad e imponer creencias religiosas sobre nuestro cuerpo.

La visita del papa a México visibilizó la entrecha relación y complicidad entre autoridades mexicanas y autoridades eclesiales, pues más que servidores públicos, se comportaron como fieles católicos, violentando el Estado Laico que establece la separación entre el Estado y la Iglesia.

Dicha cercanía es una alerta para diferentes integrantes de la sociedad, entre ellos, para quienes promovemos y defendemos la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos. En el caso del movimiento feminista, la actuación del Estado y la Iglesia es una mala señal que obstaculiza el avance y garantía de los derechos de las mujeres ante la influencia de los dogmas religiosos.

Basta mencionar la carta enviada por el papa Francisco el 1 de septiembre de 2015 al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, encargado de organizar el año santo extraordinario, en la que manifiesta otorgar un permiso temporal para que los sacerdotes puedan absolver del «pecado de aborto a quienes lo han practicado y que estén arrepentidas de corazón». A decir de la carta, dicho perdón será únicamente otorgado durante el Jubileo de la Misericordia o Año Santo a realizarse del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016.

Sobra decir que tanto la misiva como ese perdón nos ofende; ofende a las y los familiares de mujeres que han muerto por abortos clandestinos, a mujeres que han sido encarceladas por abortos espontáneos involuntarios, a quienes son estigmatizadas  y discriminadas por defender sus derechos, a las defensoras de los derechos de las mujeres que desde la mitad del siglo XX iniciaron la lucha por nuestro derecho a la vida, a la salud sexual y reproductiva, a decidir plenamente sobre nuestro cuerpo, a quienes luchan por nuestro derecho a la intimidad, a la vida privada, autonomía reproductiva, a la integridad personal y emocional, a la libertad de consciencia, a una vida libre de violencia, a una maternidad libre y voluntaria.

Esta lucha que continuamos hasta nuestros tiempos, reivindica el derecho de las mujeres de tomar decisiones reproductivas libres y responsables; a decidir si queremos tener hijas/os o no, el número y el espacio entre cada uno, al acceso pleno a métodos de regulación de la fecundidad y  a que las mujeres que así lo desean puedan realizar la interrupción legal del embarazo (ILE) en condiciones salubres y seguras.

Si bien en México existen regulaciones en materia de aborto, en general, éstas son restrictivas, excepto en el Distrito Federal[1], donde el aborto está permitido por voluntad de la mujer en las primeras 12 semanas de ges­tación. El aborto en casos en los que el embarazo es producto de una violación sexual es la única causal legal que existe en todo el país, sin embargo es de difícil acceso. [2]

En el mejor de los casos las mujeres son sometidas a trámites burocráticos que las revictimizan, son objeto de cuestionamientos y regaños, pero la mayoría de las veces las mujeres no pueden acceder a él por falta de conocimiento e información.

A pesar de que la vida o salud de las mujeres esté en riesgo, por ser menores de edad y/o haber sido violadas sexualmente, mujeres han sido obligadas a llevar su embarazo a término, imponiéndoles una maternidad no deseada.

Por otra parte, la ausencia de políticas públicas que garanticen a las mujeres la interrupción legal del embarazo, las orilla a practicarse abortos  inseguros que ponen en riesgo su vida y  su salud.

Mujeres que sufren abortos espontáneos han sido criminalizadas con penas de hasta 30 años de prisión, acusadas incluso de homicidio en razón de parentesco, siendo las más afectadas las mujeres indígenas o de zonas marginadas, aquellas mujeres que el papa no vio.

Víctimas del sistema patriarcal y de las creencias religiosas, la clase gobernante respalda y alienta la retórica católica que equipara al cigoto con una persona nacida.

Desde esa postura se promueven reformas a constituciones locales con el objetivo de “proteger la vida desde el momento de la ‘concepción’ ”, lo que representa un retroceso importante para los derechos de las mujeres, viola el principio de progresividad de los derechos humanos y busca ser un obstáculo para futuros intentos por ampliar causales o despenalizar el aborto.

A pesar de que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH)[3] que establece una mayor protección a los derechos reproductivos de las mujeres y en la que se reconoce que el embrión no es considerado como persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos humanos, las reformas en este sentido además de la negativa por la despenalización del aborto, evidencian que las politicas públicas y leyes en México contienen una fuerte influencia religiosa.

Exigir y luchar por nuestro derecho a decidir es contestatario, transgrede la lógica cultural de género, la moral tradicional, el régimen disciplinario, la normatividad.

A decir de la reconocida feminista mexicana Martha Lamas: “Los prejuicios sexistas, la doble moral y el maltrato, son frecuentes dentro de un sistema de normas y valores patriarcales que les niega a las mujeres la facultad de decidir sobre sus cuerpos y vidas”.

Las mujeres no necesitamos el perdón de quienes nos invisibilizan y son indiferentes ante la injusticia social, de quienes encubren la violencia sexual y pederastia.

Las mujeres necesitamos que el Estado garantice nuestro derecho a la salud y derechos reproductivos; el acceso al aborto libre, gratuito y seguro; políticas públicas de educación sexual y reproductiva, de planificación familiar y anticoncepción respetuosas de la Laicidad y sin injerencias externas, necesitamos servicios de salud integrales para interrupciones voluntarias de embarazos que eviten la  mortalidad asociada a la práctica.

Lo que para el sumo pontífice es un “drama existencial y moral», una «plaga», un «atentado a la vida», “un crimen”, “un mal absoluto”, para muchas mujeres es ejercer nuestra libertad y autonomía para que de manera individual y consciente, sin prejuicios ni imposiciones, cada una decida sobre  su cuerpo.

[1] El 26 de abril de 2007 se publicó en la Gaceta Oficial la reforma al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, con la cual se estableció la despenalización del aborto durante las 12 primeras sema­nas de gestación.

[2] Informe “Niñas y mujeres sin Justicia, derechos reproductivos en México”, Grupo de de Información en reproducción Elegida (GIRE), México 2015. Disponible en: http://informe2015.gire.org. mx/#/inicio

[3] Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos “Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica 2012”. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_ 257_esp.pdf