Han pasado 877 días de la arbitraria detención de Nestora Salgado García, ocurrida el 21 de agosto de 2013. En ese entonces la defensora comunitaria fungía como líder y comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, México.

Desde 1995, la CRAC-PC surgió ante la necesidad de garantizar la seguridad de los pueblos Me’phaa, Nauas y Na Savi de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, debido al incremento de asaltos a mano armada, robos a casas, robos de ganado y agresiones contra las mujeres, lo que obligó a sus habitantes a construir nuevas alternativas de seguridad desde su mirada.

En pleno ejercicio de su derecho a la autonomía, administración de justicia y libre determinación de los pueblos y comunidades, establecidos en el Convenio 169 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la CRAC-PC combatió y redujo la violencia y delincuencia en sus comunidades y se convirtió en un modelo de seguridad y justicia comunitaria.

A nivel estatal, la Policía Comunitaria es avalada y reconocida por la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

En el caso de Olinalá, la conformación del cuerpo de seguridad ciudadano se dio a conocer el 28 de octubre de 2012 luego de diversos sucesos de violencia ocurridos en la cabecera municipal como extorsiones (“cobros de derecho de piso” por parte del crimen organizado); venta de drogas en escuelas públicas; cooptación de mujeres jóvenes para su distribución; presencia de personas desconocidas con portación de armas y en camionetas blindadas; secuestros y asesinatos.

Fue la desaparición y asesinato de un taxista, ocurrido el viernes 26 de octubre de 2012 lo que aumentó el hartazgo generalizado y derivó en la aglutinación de la población en el centro de Olinalá. A partir de ese momento, las y los pobladores decidieron ir a la casa de los secuestradores, provocando que estos huyeran de inmediato.

Posteriormente, el 28 de octubre de 2012, alrededor de 700 habitantes de Olinalá tomaron el Ayuntamiento; desarmaron a policías que ahí se encontraban y bloquearon los seis accesos a la comunidad para impedir el regreso de los delincuentes.

Nestora Salgado, originaria del Municipio de Olinalá, desde un inició jugó un papel fundamental en la conformación del Consejo de Supervisión y Vigilancia de la comunidad; posteriormente nombrado Consejo Social Olinalteco 27 de octubre y finalmente Policía Ciudadana de Olinalá (PCO), la cual tomó protesta el 24 de marzo de 2013. Dos meses después, el 18 de mayo de 2013 alrededor de 170 hombres y mujeres integrantes de la PCO se adhirieron a la CRAC-PC.

Altiva, combativa, Nestora y su comunidad, lejos de pedir a las autoridades estatales y federales el cumplimiento de sus obligaciones o la aplicación de la ley, decidieron tomar la seguridad en sus manos.

Rompiendo los estereotipos de género, que buscan mantener a las mujeres únicamente en espacios privados y lejos de espacios de toma de decisión, la defensora transgredió el rol asignado a las mujeres que las invisibiliza y minimiza sus aportes a su comunidad, al decidir participar activamente y contribuir al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia comunitaria, a pesar de los sobornos que la “invitaban” a regresar al hogar.

Conocer el contexto que estaban viviendo las y los jóvenes de Olinalá y pensar que a esa misma realidad podrían enfrentarse sus nietos en un futuro, hizo que la defensora decidiera denunciar, combatir y enfrentar con más ahínco a la delincuencia organizada.

Si bien en un primer momento el Gobernador de Guerrero en aquel entonces, Ángel Aguirre Rivero, se comprometió a respaldar la conformación y labor de la policía comunitaria; la dotó de camionetas, uniformes e inició el proceso para la entrega de armas; su actitud se transformó cuando la CRAC-PC de Olinalá comenzó a denunciar el vínculo entre las autoridades locales y la delincuencia organizada.

Con el brío que la caracteriza; la convicción de visibilizar las acciones que perjudicaban a su comunidad y la certeza de estar actuando legítimamente; Nestora y la Policía Comunitaria de Olinalá desentrañaron actos de corrupción y violencia. Obtuvieron testimonios de jóvenes que estaban siendo utilizadas por la delincuencia organizada para vender droga en las escuelas; descubrieron una posible red de prostitución infantil y tráfico de mujeres; y detuvieron a autoridades vinculadas con el crimen organizado, lo que detonó la saña y fabricación de delitos en contra de la defensora.

En un estado caracterizado por el autoritarismo, corrupción y colusión de sus gobernantes, la Policía Comunitaria de Olinalá no dio marcha atrás, y avalada por su pueblo, continúo su labor sin pensar que el liderazgo de Nestora se convirtiría en una amenaza para las autoridades municipales y estatales.

Cuestionar el actuar de estas autoridades y no aceptar sobornos y chantajes, marcó la diferencia y dio pie a las represalias en su contra.

Con el objeto de mermar y criminalizar su liderazgo y labor en defensa de su pueblo ç, actualmente Nestora Salgado enfrenta acusasiones falsas. Haciendo uso perverso del derecho penal actualmente pesan sobre ella tres causas penales: una por secuestro, otra por homicidio calificado y otra por robo y privación de la libertad.

Haber ejercido su liderazgo en el espacio de poder local; en un contexto de violencia patriarcal, violencia estructural y en un entorno en donde prevalece la discriminación de género, ha impactado de distinta manera a Salgado García; quien además de estar en la cárcel, enfrenta agresiones contra sus hijas; así como denostación, difamación y calumnias.

Pese a ello, la certeza de que las imputaciones en su contra están basadas en acusasiones falsas y que su actuar está respaldado por la Ley 701 del estado de Guerrero, por el Artículo segundo Constitucional y por el Convenio 169 de la OIT, Nestora Salgado y miles de mujeres alrededor del mundo, estamos convencidas de su inocencia y confiadas de su pronta liberación, pues además de su convicción y dignidad, transgredir la seguridad otorgada por las autoridades estatales y fortalecer la seguridad y justicia comunitaria es y será una de las enseñanzas de la luchadora social.