Hace poco vía facebook, un entrañable amigo nos develó la existencia de un término, conticinio, que significa “hora de la noche en que todo está en silencio”.

Pero la imagen que emite ese término es de calma y sosiego total, cuando que el silencio que nos quieren imponer por todas partes semeja más una mordaza permanente, una contención de nuestro clamor y un sellar la mirada dentro de las coordenadas y términos de referencia de un Estado que pregona la apertura y la protección de los derechos, y a la vez avanza en su camino de acomodar a las fuerzas armadas en todo el espectro de la vida nacional.

Por eso este texto resalta la denuncia de tres comisionados del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ) Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart cuando en un comunicado del 30 de septiembre afirman que el gobierno mexicano “desconoce los hallazgos del informe final del MEH Fue el Estado (1965-1990) y retoma sólo algunos elementos a modo. Con ello, el gobierno desconoce la existencia de miles de víctimas de violaciones graves a derechos humanos documentadas en un informe hecho en el marco de una Comisión de la Verdad y cuyos agravios sufridos fueron constitutivos de la violencia política estatal sistemática y generalizada característica del periodo 1965-1990 en México”. https://www.meh.org.mx/wp-content/uploads/2024/09/comunicado-meh-30sep2024.pdf

Es muy sintomático que el comunicado haga esta denuncia porque la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación presentó en sesión de Zoom un documento titulado “Informe Final 2024. Resumen ejecutivo de los reportes de cinco instrumentos de la Comisión”, sesión de la que no fueron informados Abel Barrera, David Fernández y Carlos Pérez Ricart, y a la que sólo se invitó a algunas víctimas y colectivos y a una personas comisionada, dando “por cerrado este ejercicio que, allá por diciembre de 2021 generó grandes expectativas, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador instaló la Comisión en la ciudad de Chihuahua.

En su comunicado los comisionados hacen énfasis en que “es inaceptable que, tras el pormenorizado informe Fue el Estado (1965-1990) en el que se documentan con detalle las violaciones graves a derechos humanos contra once conjuntos de víctimas, el Estado, en voz de la Subsecretaría, decida invisibilizar a nueve de éstos, y con ello, a amplios sectores de la sociedad mexicana que también padecieron de manera cruenta la violencia política del Estado de forma sistemática y generalizada durante el periodo”.

Parte del problema que con justicia señalan en el comunicado es que el espectro de penetración de la violencia fue mucho más vasto de lo que se pretende reconocer. No se trata tan sólo de una represión volcada contra disidencias laborales o movimientos estudiantiles, sobre organizaciones político-militares o contra las redes de apoyo contra la represión. No sólo hablamos de “comunidades campesinas indígenas y afromexicanas”, o de disidencias político-partidistas o de periodistas documentando lo ocurrido.

Se trata de un empeño del Estado por arrasar “comunidades enteras que se opusieron a políticas públicas”, a habitantes de zonas donde “se combatió el narcotráfico”. La tortura se extendió a personas criminalizadas y marginalizadas, incluidas disidencias “sexo-genéricas” y hay incluso casos de integrantes de Fuerzas Armadas y Policiales que sufrieron tortura a manos de sus propios mandos. Hubo un vastísimo desplazamiento de poblaciones del movimiento urbano-popular, pero también de personas disidentes en términos de religión. Está documentada la desaparición en la Frontera Sur de personas refugiadas.

Este arco de la represión, en términos jurídicos, “constituye un fenómenos sistemático y generalizado de contrainsurgencia”.

Las cifras de las omisiones señaladas no son cualquier cosa: son 4300 víctimas de violaciones de derechos humanos, 6097 violaciones graves contra víctimas que incluyen 23 masacres y el “desconocimiento de 116,756 víctimas de desplazamiento forzado en 63 eventos”, y todo esto se pretende invisibilizar en el resumen ejecutivo de la Segob.

Dice el comunicado: “Omitir a estos conjuntos de víctimas del informe de la Comisión es un intento de negarles el reconocimiento público como víctimas de la violencia política estatal. Es un intento por borrarlas de la historia nacional. Es una omisión grave en la que incurre el Estado para la que no ofrece ningún fundamento metodológico ni legal. Esta exclusión revictimiza a las personas, y resulta una falta de respeto para quienes dieron su testimonio y para la seriedad con la que se tomó una encomienda que adoptamos con completa responsabilidad junto con nuestros equipos, de realizar una investigación para las víctimas y la sociedad mexicana con independencia, imparcialidad y el más alto estándar y rigor posible dadas las condiciones que la administración dispuso para este ejercicio. Gobiernos anteriores buscaron invisibilizar los agravios de este periodo de nuestra historia simulando ejercicios de verdad. Es lamentable que actores dentro de este gobierno busquen repetir la funesta historia. Esta omisión perpetúa la violencia contra las víctimas y la impunidad de sus perpetradores. Lamentablemente constituye a todas luces uno más de los factores de persistencia de los que habla el informe Fue el Estado (1965-1990) y sólo termina por dar la razón al título de la obra”.

Algo que resalta también en el caso que se señala en el comunicado es que, además de la exclusión de nueve de los once conjuntos de víctimas, se excluye de manera directa el conjunto de recomendaciones, los factores de persistencia, el análisis de las causas y “todos los hallazgos sobre perpetradores e instituciones implicadas”.

Los comisionados insisten en que “los hallazgos sobre perpetradores que contiene Fue el Estado son una aportación clave para establecer los elementos de contexto en procesos judiciales de un amplio espectro de víctimas de la violencia estatal del periodo. Esto es, no es sólo relevante para los casos de víctimas de los contextos que el resumen ejecutivo borró, sino para todas las víctimas del periodo, pues como lo prueba nuestro informe, los perpetradores que cometieron las violaciones contra estas víctimas pertenecían a los mismos circuitos, y muchas veces eran los mismos que cometieron violaciones, por ejemplo, contra organizaciones político-militares y movimientos estudiantiles”.

De acuerdo al comunicado, la descalificación del informe Fue el Estado por parte de la Subsecretaría y de la nueva Jefatura de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos se sumó a los intentos de los nuevos funcionarios de “tomar el control de la investigación y de la escritura de nuestra parte del informe violentando así la independencia que nos concede el Decreto presidencial”. Como no lo lograron comenzaron las descalificaciones hacia el documento y hacia el equipo de trabajo.

Es indudable que los funcionarios no estuvieron de acuerdo sobre todo en la inclusión de “los factores de persistencia, las recomendaciones y el abordaje de un amplio abanico de víctimas”

Los 7 puntos centrales del comunicado de los tres comisionados firmantes son cardinales en lo que puede ser la amplitud y cabalidad de un documento que pretende la búsqueda de la verdad pues:

1. Se abre un esclarecimiento histórico de violaciones a derechos sobre un periodo, no sobre un grupo específico.

2. El análisis abre un amplio abanico de víctimas y no sólo los sujetos comunes como las organizaciones político-militares o los movimientos estudiantiles, y esta violencia “no fue periférica sino constitutiva de la estrategia contrainsurgente del Estado”.

3. El Decreto mandató una investigación totalmente independiente, conforme a la normativa aplicable.

4. Fue así una investigación apegada la normativa nacional e internacional. No se hizo distinción entre unas víctimas u otras sino que se incluyeron todos los conjuntos de personas “violentadas por el Estado”.

5. Un punto crucial es que la violencia no se detuvo de tajo en 1990, y es posible trazar una continuidad en las inercias institucionales que la hacen posible. “Los factores de persistencia también fueron un hallazgo derivado de la obstrucción del trabajo documental que experimentó el propio Mecanismo en los archivos militares y los fondos documentales de la Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. No incluir factores de persistencia hubiera sido faltar a la verdad”.

6. El impulso de esta Comisión de la Verdad no fue sólo realizar una arqueología de la represión sino que realice recomendaciones para que toda esta violencia no se repita.

7. Por último “El objetivo es que haya consecuencias en materia de justicia y reparación para las víctimas. Esta Comisión de la Verdad debía hablarle al presente y por eso fue necesario decir con toda franqueza qué de aquella violencia persiste como lastre en el presente a pesar de las transformaciones, y cómo podría allanarse el camino para remediarlo”.

Es entonces importante recalcar lo planteado por los tres comisionados y revisar y analizar también el informe presentado por la otra comisionada, Eugenia Allier y su equipo, que acaba de presentarse este pasado 10 de octubre. Este informe reciente podría complementar el informe Fue el Estado y no quedarse con la visión obtusa que el gobierno nos pretende imponer.

El comunicado concluye con la siguiente declaración que es fundamental en el esclarecimiento de los hechos: “Por todo lo anterior, estamos convencidos de que la exclusión del informe Fue el Estado (1965-1990) del reconocimiento oficial y por tanto de sus hallazgos y de las víctimas a las que da voz, así como el maltrato al que nuestro equipo y nosotros estuvimos expuestos ocurrió porque nos negamos en todo momento a someter la investigación y sus resultados a los criterios políticos que intentaron imponernos desde la Subsecretaría y la Jefatura de Unidad, tras la salida de Alejandro Encinas. Sobre todo, en lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejército, las recomendaciones emitidas y el señalamiento de factores de persistencia de las violencias documentadas”.

Es decir, el informe es claro en señalar la responsabilidad del Ejército en ataques contra poblaciones civiles, en la invasión de sus territorios, en asumir el control de la vida en regiones enteras con fines represivos, en expulsar gente de esas regiones. La represión no sólo se limitó a perseguir, reprimir y desaparecer a personas ligadas a grupos político militares, sino que se extendió a diferentes comunidades campesinas, indígenas, o del movimiento urbano popular o a disidencias laborales o de género. Y los factores de persistencia o continuidad son tan escandalosos que el gobierno está buscando que el silencio de su propio “resumen ejecutivo” silencie el contundente informe Fue el Estado. https://meh.org.mx/especial-informe-final/

Es muy inquietante que los hallazgos del informe Fue el Estado, coincidan y cotejen tantos de los hallazgos delTribunal Permanente de los Pueblos que, hace once años, en 2013 en su proceso en México —llamado Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos—, realizó una audiencia (“Represión a movimientos sociales y defensores de derechos humanos”) donde se contactó a muchísimas víctimas de tortura, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y en conjunto la gente pudo hablar de sus agravios (entre 1968 y 2013) frente a jurados internacionales que emitieron una sentencia el 22 de noviembre de 2013 donde señalaron que “existen indicios claros de genocidio dirigido contra los líderes y defensores de derechos humanos y del medio ambiente en muy distintos sectores sociales y en distintos pueblos y comunidades, a los que se ha buscado destruir por todos los medios imaginables, incluidos la amenaza, el desprestigio público, la criminalización con acusaciones falsas, la judicialización, el asesinato, las torturas y las desapariciones, para destruir de ese modo los movimientos de disidencia y resistencia populares durante décadas y a lo largo de todo el país. Esta práctica, a la que han contribuido órganos del Estado y actores privados, ha continuado después de 2006”. También se denunciaron hechos “que pueden constituir crímenes de guerra, tipificados en el artículo 8 del Estatuto de Roma, especialmente violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, en sus modalidades de: atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio, los tratos crueles y la tortura; atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; y ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables” De igual modo el TPP sesionando en 2013 estableció la evidencia en México de “ataques contra la población civil de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política”.

Se denunciaron y se mostraron evidencias de asesinato, deportación o traslado forzoso, la ocupación de tierras comunales, la encarcelación u otra privación grave en violación de normas fundamentales de derecho internacional, la tortura, la violación, la persecución de grupos o colectivos con identidad propia fundada en motivos políticos o étnicos, y la desaparición forzada de personas, y que continúan después de 2006.

La condena al Estado mexicano incluyó estos varios rubros fincándole responsabilidades directas e indirectas al Estado en todos los delitos señalados. ver http://www.internazionaleleliobasso.it

Al igual que ahora, el Estado ha intentado invisibilizar éstas y otras evidencias y sistematizaciones, pero no lo logrará. La verdad siempre vuelve, y hace del silencio un grito.