La Quinta Feria del Libro Insurgente se dio en el mes de julio de 2022 en la ciudad de Quito. Este encuentro tuvo como pregunta principal ¿Podemos imaginar una vida sin prisiones? y se convirtió en un espacio de amplio cuestionamiento a la política punitiva de nuestra sociedad, así como en un espacio de reflexión de otras formas de justicia construidas desde las comunidades y los pueblos. Con estos pensamientos, hemos elaborado este texto que pretende ser una crítica al sistema penitenciario, y a la vez, una posibilidad de seguir pensando un mundo donde la justicia no se reduzca al cumplimiento de penas y castigos.

Repensar el castigo más allá de la prisión

En la actualidad, es evidente que la gran mayoría de los movimientos sociales, los colectivos de mujeres, entre otras organizaciones, miran las prisiones como lugares lejanos, un mal necesario donde habitan “lxs otros”, “lxs incorregibles”, “lxs que no tienen cabida ni en la propia izquierda”, “el pueblo empobrecido malo”, “lxs irreconocibles”. Estos espacios estatales y empresariales no representan ningún problema para los movimientos sociales acomodados en sus propias lógicas de castigo y sectarismo. Como lo afirmaba el ex preso político y abolicionista Vicenzo Guagliardo (2019): “Desde siempre, por eso, el espíritu punitivo ha sido la tragedia de los revolucionarios y el traidor ignorado de toda revolución”.

Esta visión de las cárceles como lugares lejanos y de lxs presos como individuos con los cuales no podemos reconocernos desde las organizaciones políticas y sociales ha provocado que la temática carcelaria no se trate en los espacios de organización, mucho menos el tema del castigo como pilar fundamental del sostenimiento de las prisiones. Por esta razón, es necesario comprender el castigo como una herramienta del poder para mantener el control de las sociedades, implantándolo en nuestra forma de relacionarnos socialmente.

El castigo no solo se reduce a la privación de libertad. Históricamente han existido diversas formas de castigar. Pensemos en la caza de brujas como forma de persecución a mujeres y comunidades que representaban una amenaza al poder; la violación sexual como forma perenne de castigo y de “poner en su lugar” a las mujeres y cuerpos feminizados; las múltiples formas de castigo físico-mental-territorial durante y después de la época colonial en los territorios de Abya Yala. Estos son solo algunos ejemplos en la historia a largo aliento.

En la actualidad, en nuestra cotidianidad el castigo se implanta como forma de relacionamiento. Desde niños, el castigo aparece como forma de “educar” y “disciplinar” nuestras prácticas. La educación tradicional se reduce a una serie de castigos y premios que los maestros otorgan de acuerdo con el comportamiento de los estudiantes y las calificaciones se convierten en una herramienta para medir quien debe ser castigado y quien debe ser premiado.

En nuestros territorios los castigos y sanciones por “no respetar” o “atacar” la propiedad privada cada día se manifiestan más. Es muy común leer letreros que dicen: “Barrio seguro. Ladrón cogido, ladrón quemado” en distintos barrios y comunidades de nuestro país. Estas expresiones, si bien demuestran cierto grado de autorganización, también develan un cuidado extremo a la propiedad privada y la disposición a hacer justicia por mano propia cuando se trata de delitos contra esta. De igual forma, en el Ecuador nos encontramos frente a un panorama de inseguridad que se manifiesta en grandes cifras de muertes violentas provocadas en contextos de robo de celulares. Esto también puede verse reflejado en las estadísticas de la población penitenciaria; en nuestro país los delitos contra la propiedad constan como el segundo delito con mayor frecuencia (26,1) en la población privada de libertad (KALEIDOS, 2021).

Las calles y los espacios públicos de las ciudades también son espacios de castigo y sanción para lxs “malxs ciudadanos” a pesar de no ser bienes privados porque se encuentran gestionados por gobiernos estatales y municipales que administran las ciudades por medio de las fuerzas policiales. Por esta razón, las ciudades son “cuidadas” como propiedad privada donde las distintas formas de supervivencia se convierten en blanco fácil de sanciones y persecuciones. Hasta hoy, la policía persigue a jóvenes “sospechosos”, trabajadoras sexuales, mendigos, vendedores informales de productos legales y productos sujetos a fiscalización. Lxs cuales, en su mayoría, son castigados por dedicarse a distintas actividades tanto legales como ilegales en un contexto de desempleo y empobrecimiento sistemático. Las cifras de la población penitenciaria develan que los delitos relacionados con las drogas constan como la infracción con mayor frecuencia (28,1) en las personas privadas de libertad (KALEIDOS, 2021).

Estos datos demuestran como el grueso de la población penitenciaria está conformada por sujetos empobrecidos que, por lo general, son parte de tejidos familiares despojados y criminalizados durante más de una generación. Muchas familias reinciden en infracciones y son penalizadas varias veces, siendo la cárcel un lugar de paso para muchas familias que sobreviven inmiscuidos en los eslabones más bajos del mercado mafioso. Es así, como muchos jóvenes se convierten en víctimas perfectas para cumplir los trabajos más degradantes del crimen organizado. Como resultado el 39,3% de la población penalizada tiene entre 18 y 29 años de edad (KALEIDOS, 2021). Esta cifra alarmante revela como lxs jóvenes se convierten en la población más afectada por el empobrecimiento sistemático porque viven distintos barrios y comunidades populares, donde las oportunidades de estudio y trabajo dignos son nulas.

Por esta razón, en lo que va del 2022, 29 000 jóvenes se han inscrito al acuartelamiento militar frente a las precarizadas condiciones de vida a las que se enfrentan, ya que formar parte de las fuerzas represivas es la única forma en que pueden tener acceso a condiciones de vida mínimas. La mafia y el Estado se alimentan de estas personas que el sistema deja sin alternativas y oportunidades.

En el caso de la población penitenciaria, el 45, 4 % de esta ha tenido únicamente acceso a la educación general básica (KALEIDOS, 2021). Estas cifras solo marcan el contorno de un problema complejo, donde las políticas de empobrecimiento dictadas por el gobierno le hacen juego a los grupos mafiosos que reclutan jóvenes en situación de vulnerabilidad para que se encarguen del trabajo sucio mientras los Estados y la mafia se enriquecen a costa de aquellas vidas que no importan.

Si bien las mujeres representan únicamente el 6,5 % de la población penitenciaria, son las mujeres quienes sostienen la vida en las prisiones. Durante las masacres carcelarias, los cuerpos femeninos encabezaban las filas de familiares en la búsqueda de una respuesta sobre las condiciones de sus familiares presos. Con la construcción de las megaciudades penitenciarias en las afueras de las ciudades, muchas mujeres deben hacer viajes semanales para visitar a sus familiares presos, lo cual implica un gasto más, aparte del economato¹, que deben pagar. De esta manera, el cambio de modelo penitenciario que se dio en el gobierno progresista de Rafael Correa significó la ruptura de los vínculos sociales de los tejidos familiares y comunitarios criminalizados.

La población en situación de movilidad humana es otro blanco de persecuciones y castigos a nivel mundial. Muchos de estos grupos humanos salen de sus territorios por cuestiones de guerra, despojo o migración forzada y están expuestos al abandono sistemático de los estados y los organismos internacionales, sin embargo son castigados por medio de la expulsión, el bloqueo, el desplazamiento y el encarcelamiento. La migración permite observar a las fronteras como herramientas del sistema punitivo, porque en estas se fragua la división entre un ciudadano legal y un ciudadano ilegal, donde la movilidad humana se convierte en un delito.

Frente a todas estas condiciones nos preguntamos ¿Dónde comienza la cárcel? Al parecer el castigo no comienza con la imposición de la una pena de privación de libertad, las sanciones son parte de la vida de las poblaciones “ilegales”, del “pueblo empobrecido malo”. Para este pueblo empobrecido, el despojo tierras y la desmemoria fueron las primeras formas de castigo que los llevaron a migrar a las periferias urbanas y rurales, donde diariamente se lucha contra la discriminación y el racismo de las ciudades blanquedas, donde la falta de tierra y techo obliga a hacerse cargo de los trabajos más precarizados de la acumulación del capital legal e ilegal.

En las trayectorias migratorias, estos pueblos son despojados de su identidad, obligados a negarla para acoger aquellas identidades que nos asignan los Estados nación. La identidad de la mendiga, la ladrona, la vendedora, la ociosa y la estafadora porque no se cumplen las condiciones para ser un “buen ciudadano” que acepta el contrato social, que tiene derechos y deberes, pero sobretodo que es hombre, blanco, heterosexual, exitoso, con dinero, con trabajo y con una familia nuclear. Es así como el Estado patriarcal, colonial y capitalista asigna las identidades y jerarquiza las vidas: Aquellas vidas que importan y aquellas vidas que no importan y deben ser desechadas.

Es así como la vida de este pueblo se ve truncada en las ciudades donde la fachada colonial vale más que la vida de los y las de abajo, aquellos quienes son castigados y condenados a no tener acceso a la salud, alimentación y educación de calidad. Aquellxs que en la búsqueda de una vida digna son perseguidos y atracados por las fuerzas del orden o por los grupos mafiosos -los cuales mantienen relación- ya que su política se basa en generar miedo en la sociedad. Es así como la cárcel no comienza con la privación de libertad, sino mucho antes, para algunas personas comienza mucho antes de nacer, debido a las largas trayectorias de empobrecimiento y criminalización sistemática de sus tejidos familiares y comunitarios.

El castigo es aquella herramienta utilizada por el Estados y las empresas para mantener la desigualdad social en nuestras sociedades, frente a esto, el trabajo de organización y lucha en los barrios y comunidades se convierte en indispensable, junto a la construcción colectiva de otras formas de resolución de conflictos, es decir; otras formas de justicia.

Nuestras resistencias y nuestras creativas formas de hacer justicia más allá de la prisión

Así como el castigo no empieza en las cárceles, la justicia y la resistencia tampoco pueden partir de allí. Es necesario el planteamiento de proyecto políticos que alberguen la redistribución de recursos -y por ende, la transformación del relacionamiento con la tierra-, la construcción de sistemas de salud y educación autónoma y el amplio trabajo ideológico que contemple el cuestionamiento a la cultura del castigo y por lo tanto, a la institución carcelaria.

Confiamos en la posibilidad de desnaturalizar la existencia de la prisión como forma de justicia. Desde febrero de 2021 en el Ecuador se han vivido más de 6 masacres carcelarias con un saldo de más de 400 asesinados, lo cual ha sido contemplado de forma impávida y sin cuestionamiento por la sociedad, así también, por un gobierno indolente que responsabiliza únicamente a las bandas delictivas de tales acontecimientos. Negando su incumbencia en estos hechos y, además, deslindándose de su papel activo en el aumento de la desigualdad que provoca la exacerbación de las manifestaciones de la cuestión social o lo que conocemos como problemáticas sociales.

Si el punitivismo y el castigo son piedra basal del relacionamiento dentro del esquema del sistema de dominación, es nuestro deber repensar las prácticas cotidianas para erradicarlas. Si reconocemos que ni el Estado ni ningún gobierno -del color o bando que sea- puede generar mecanismos concretos de justicia social, es nuestra responsabilidad generar alternativas reales que permitan caminar hacia la posibilidad de mundos otros; mundos sin castigo, mundos sin violencia y sin desigualdad.

Para ello, es necesario que primero, el movimiento social haga una autocrítica sobre su rol en torno a la problemática carcelaria y ubique dentro de sus horizontes de trabajo esta cuestión más allá de la figura del “preso político”, puesto que no se puede combatir el sistema, usando las herramientas del amo y haciéndole juego al poder discerniendo entre pueblo empobrecido bueno o malo. ¡Todos lxs presos son políticos!

Segundo, es importante entender la justicia como una herramienta que siempre debe estar en nuestra vida comunitaria. La justicia no puede reducirse a la implantación y cumplimiento de penas. La justicia está presente en todos los ámbitos de la vida y se manifiesta en la posibilidad de construir una vida digna con nuestro entorno, donde la comida, la educación, la salud y la vivienda no sean un privilegio. De igual forma el derecho al ocio y al entretenimiento es importante para que lxs jóvenes no se conviertan en presa fácil del empresariado mafioso.

Tercero, confiar en la posibilidad de construir otras formas de justicia basadas en la resolución de problemas en colectividad. Por eso es importante quitarle al Estado el monopolio de la justicia, puesto que este únicamente responde a los intereses de las clases privilegiadas que le otorgan impunidad a los grandes acumuladores del capital, mientras castigan a las poblaciones más pobres. La institucionalidad carcelaria responde a un sistema de premios y castigos que no restauran los tejidos sociales afectados por un delito. Esto provoca la ruptura de los vínculos sociales familiares y comunitarios. Ante esto, es necesario construir otras formas de justicia desde abajo, donde el fortalecimiento de los tejidos sociales y el cuidado de la vida sean los principales objetivos.

Existen ya ejemplos reales de compañeras y compañeros que desde el trabajo político comprometido con los de abajo combaten el sistema. Dentro del tejido convocado por la Feria, las diversas organizaciones en sus diferentes caminares nos compartieron experiencias sobre aquello. Yo no fui de Argentina es un colectivo transfeminista y anticarcelario que trabaja dentro y fuera de las cárceles generando alternativas reales de restitución y reparación; creando cooperativas e iniciativas de apoyo mutuo frente a la desidia del Estado y el empresariado; buscando métodos de resolución de conflictos frente a la ineficacia del sistema judicial; luchando por tierra y espacios frente a la acaparamiento capitalista, entre otras formas.

Así también, experiencias de otras geografías -como Kurdistán- convocadas por la pregunta eje del encuentro que hacían mención a otras formas de generar justicias más allá del castigo y del punitivismo del sistema patriarcal, cuestión que únicamente fue posible a través de proceso revolucionario guiado por las mujeres que viene ya caminando 40 años. En el territorio de Rojava las Casas de las Mujeres (Mala Jin) son espacios autónomos donde se solucionan problemas sociales a partir del diálogo y la mediación, de esta manera la justicia se convierte en un asunto comunitario.

Creemos firmemente en que las posibilidades son infinitas, así como la potencia transformadora. Creemos también que si nos juntamos las prisiones físicas-mentales que el sistema patriarcal-colonial-capitalista mafioso ha forjado serán endebles y podremos volarlas para así crear mundos sin rejas y sin castigos. Creemos que es posible transformar la forma de relacionarnos. Confiamos en la creatividad como una ofensiva de lxs de abajo para construir otras justicias y otros mundos donde la dignidad se haga costumbre. ¡Venceremos!

Guagliardo, V. (2019). De los dolores y las penas. Editorial Insurgente.

Kaleidos. (2021). Diagnóstico del sistema penitenciario del Ecuador.

1 Servicio encargado de la provisión y venta de artículos y bienes de consumo para las personas privadas de libertad