El 15 de septiembre de 2014 fue la última fecha en la que doña Cristina Bautista vio a su hijo por última vez. Benjamín Ascencio Bautista viajó de Ayotzinapa para pasar las fiestas patrias en la comunidad de Alpuyecancingo a lado de su madre. Doña Cristi –como hoy la conocemos- tuvo el deseo de proponer a su hijo que se quedara para no separarse de su lado, pero el entusiasmo de Benjamín por haber pasado la semana de prueba y el cumplimiento de su sueño de estudiar en la Normal impidieron cualquier tipo de objeción por parte de su madre.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa impactó de manera negativa a 43 familias humildes y la mayoría de origen campesino. Impactó y modificó de manera radical sus proyectos de vida.

Desde hace 1047 días madres, padres, hermanas, hermanos, dejaron de ver, sentir y escuchar a los jóvenes estudiantes. Este mismo dolor que se agudiza día con día, lo viven alrededor de 32 mil familias en México.

La documentación del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) refiere que (de acuerdo a las averiguaciones previas del fuero común y del fuero federal)

en nuestro país existen alrededor de 32 mil personas no localizadas.

La violencia exacerbada y la fallida política de seguridad -cuyo estrategia principal es la militarización- deriva en el incremento a las violaciones a los derechos humanos a lo largo y ancho de la República.

Desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, organizaciones defensoras de los derechos humanos, advertimos el riesgo que significa que el Ejército y la Marina desempeñen tareas de seguridad pública. Familiares y organizaciones del norte de México como en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, entre otros, denunciaron el incremento de la desaparición de personas y la participación en ellas de los agentes del Estado.

El 10 mayo de 2012 madres de diversas partes del país se movilizaron para exigir la aparición de sus hijos, investigaciones eficaces y el cese de la violencia en México. A través de la “Marcha de la Dignidad Nacional: madres buscando a sus hijos e hijas, y buscando verdad y justicia”, por sexto año consecutivo cientos de madres conmemoran su día en las calles y en ausencia de sus hijos e hijas.

La omisión y complicidad de las autoridades impide que las familias encuentren a sus hijas e hijos; que tengan información oportuna y veraz sobre su paradero y que se generen las condiciones y políticas públicas para evitar y sancionar a quienes atenten contra la vida e integridad física de la población.

La ausencia de respuestas efectivas ha derivado en que las propias familias sean quienes a pico y pala busquen a su ser querido, construyendo colectivos como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en México (FUNDEM).

Pese a la deuda que el Estado tiene con los familiares de víctimas de desaparición y desaparición forzada, no son tomados en cuenta en las acciones que las autoridades buscan emprender para atender y combatir este problema nacional. Un ejemplo claro es la Ley General contra la Desaparición Forzada cuya creación fue una recomendación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y una exigencia de quienes en carne propia viven ese dolor.

Luego de la evaluación a México en esta materia, realizada el 2 y 3 de febrero de 2015, el Comité advirtió que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención investigación y sanción de las desapariciones forzadas y la búsqueda de personas desaparecidas”.

Ante este panorama de lo que nombró “desapariciones generalizadas” el Comité manifestó su preocupación por que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no distinga si se trata de una desaparición o una desaparición forzada (cometida por agentes del Estado). En ese sentido llamó a reconocer la “extrema gravedad” de las desapariciones forzadas en México y recomendó a las autoridades adoptar las “medidas legislativas necesarias” para que el delito de desaparición forzada sea tipificado.

Otra recomendación fue que México coopere con otros países, víctimas y la sociedad civil en la prevención e investigación de las desapariciones de migrantes, perseguir a los responsables y proteger a los testigos, denunciantes y defensores, entre otras.

A dos años de la evaluación, los avances se reducen a la simulación, si bien en diciembre de 2015 Enrique Peña Nieto envío una Iniciativa de ley en la materia, ésta no contó con los más altos estándares internacionales y mucho menos con la participación directa de las víctimas.

Ante este amanecer sombrío, son las familias de las personas desaparecidas en México quienes nos muestran la realidad de lo que sucede en nuestro país; quienes poniendo el cuerpo en la calle defienden el derecho más preciado que es la vida y transforman su dolor en un acto de amor por los suyos y por cualquiera de nosotros. Son ellas y ellos quienes sientan a los achichincles del poder ante las instancias internacionales que observan las acciones y omisiones de autoridades decrépitas.

Es por ello que como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ofrendamos nuestro XXIII aniversario en honor a las madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, esposos, hijas, hijos y sobre todo, en honor y exigencia de la aparición con vida de las personas que hoy no están con nosotros.

Con el Foro «Contra el dolor y el miedo» un grito de esperanza, visibilizaremos la realidad que nos rebasa, las exigencias de las familias, pero también los retos y desafíos que enfrentan las autoridades para cumplir de manera cabal con sus compromisos internacionales firmados y ratificados por México en esta materia.

El foro que se inaugurará el martes 8 de agosto en Chilpancingo, Guerrero será un espacio abierto de diálogo, reflexión pero también de respaldo y acompañamiento con las defensoras y defensores que hoy nos guían y que a través de la experiencia que significó la perdida de uno de los suyos, claman justicia para poner fin a esta práctica infame.

Contaremos con la presencia de familiares de víctimas y actoras/es a nivel estatal, nacional e internacional que trabajan contra la desaparición y la desaparición forzada de las personas y en defensa de los derechos humanos como: Jan Jarab, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH); Luis Raúl González, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Blanca Martínez, Directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Santiago Corcuera, Ex miembro presidente del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas; Ariel Dulitzky, Ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas; Dolores González Saravia, Servicio y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Miguel Álvarez Gándara (SERAPAZ); Alejandra Nuño, Subdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Luis Tapia Olivares, Abogado en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; Humberto Guerrero, Coordinador en Fundar Centro de Análisis e Investigación y Miguel Nieva, Consultor Forense.

Estos 23 años están marcados por la grave ausencia de justicia, la violencia y la desaparición forzada como el crimen que cimbró la Montaña y que al día de hoy continúa retumbando en los recovecos del mundo.

Como doña Cristi y las madres de las personas desaparecidas, nuestra voz no callará mientras exista un destello de esperanza.