Para el grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI) no fue nada sencillo avanzar en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se topó con los funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que defendieron en todo momento la verdad histórica, que se derrumbó con los dos primeros informes de Ayotzinapa. Por esta osadía el gobierno de Peña Nieto cortó de tajo la continuidad del GIEI en el país. Fue con la llegada del nuevo presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador que el GIEI recibió la invitación, a solicitud de las madres y padres. En esta nueva etapa trabajó con la fiscalía especial que se creó para el caso Ayotzinapa (UEILCA) junto con la Comisión Presidencial de la Verdad (COVAJ), como un mecanismo extraordinario para el esclarecimiento del caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

En su último informe el GIEI constata que a pesar de la voluntad política del presidente para impulsar las investigaciones, la fiscalía general de la república sigue actuando de manera facciosa, encubriendo al ejército, al grado que solicitó la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares. La negativa de la Sedena a proporcionar toda la información que hay en sus archivos fue la obstrucción más grande con la que se topó el GIEI para llegar a la verdad. En Iguala la red criminal sigue intocada, la colusión que existe entre las corporaciones policiacas, el ejército y la marina con la delincuencia organizada, representan un supra poder que trastoca cualquier intento de proteger los derechos de las víctimas. A pesar de estos obstáculos, el GIEI en su sexto informe pudo profundizar en las investigaciones, logró desenmascarar el modus operandi de los cuerpos de seguridad del estado y su involucramiento en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los escenarios donde ocurrió la desaparición de los estudiantes fueron en la calle Juan N. Álvarez y en el Palacio de Justicia. Los cuerpos policiacos se dividieron para atacar a los estudiantes. La policía municipal de Iguala, Huitzuco y Cocula, incluyendo los grupos de los bélicos, así como la policía estatal actuaron en la calle Juan N. Álvarez. La policía de Iguala, policía estatal, policía federal estuvieron en el Palacio de Justicia, y la policía ministerial, que no se sabía de su participación, fueron quienes persiguieron a los estudiantes sobrevivientes del quinto autobús. Trataron de detenerlos y les dispararon. Paralelamente otro grupo de policía de Iguala, Huitzuco, Tepecoacuilco y el jefe de Guerreros Unidos participaron en el ataque contra los futbolistas Los Avispones y taxis, en la zona de Santa Teresa rumbo a Chilpancingo. Además de la policía ministerial, surgió un nuevo actor que estuvo presente y mantuvo comunicación durante los hechos: la policía de tránsito. Con las escuchas de Chicago a miembros de la delincuencia organizada quedó evidenciado que el 27 Batallón y el 41 Batallón tenían pactos con los narcotraficantes.

Las expertas y expertos del GIEI realizaron un análisis minucioso de las comunicaciones donde revelan la existencia de dos integrantes de Órganos de Búsqueda de Información (OBI) durante las horas fatales. Lo relevante es que, a través de testigos protegidos e información de GPS de celulares, descubrieron que agentes de inteligencia estuvieron en movimiento al momento de la desaparición de los jóvenes entre las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, la calle Juan N. Álvarez y el Palacio de Justicia. En la versión oficial la declaración de un OBI asegura que estuvo en el lugar de los hechos, pero que luego se fue porque policías municipales lo querían agredir. Con el informe del GIEI se constata que el OBI mintió, porque un testigo protegido declaró haberlo reconocido y observado. Manifestó que el agente del Cisen nunca se retiró, por el contrario, toda la noche se desplazaba a varios lugares.

El GIEI también destacó las contradicciones en documentos de Sedena sobre lo que pasó con Julio César Mondragón. El joven normalista apareció muerto horas después de haber sido torturado, con múltiples fracturas y desollado. En un informe del 41 Batallón de Infantería señala que ellos llegaron a las 8:30 de la mañana a la zona del Andariego y ahí encontraron el cuerpo. En otro documento del 27 Batallón dice que la Sedena llegó a las 10:30 de la mañana y realizaron el levantamiento del cuerpo. Por otra parte, un documento de la 35 Zona Militar menciona que su cuerpo se encontró en las inmediaciones de Mexcaltepec, municipio de Taxco de Alarcón. Las autoridades tienen que investigar que pasó realmente con el joven normalista.

La agresión de los estudiantes fue orquestada por los militares. Cuando estaban desapareciendo a los jóvenes dos miembros de la Sedena estaban a cargo del C4 ubicado en Iguala; uno de ellos interceptando las llamadas y el otro las cámaras de vigilancia. La información del C4 reveló que hubo una comunicación permanente entre altos mandos de seguridad pública con diversos actores. Sin embargo, la Sedena se niega a entregar los documentos de las intercepciones telefónicas y los videos. Es más, ha negado su existencia. De acuerdo con información de testigos, Sedena tuvo comunicación esa noche con la 35 Zona Militar y con la 9° Región Militar. Lo inaudito es que se sabe que desde el 23 de septiembre del 2014 las autoridades de la Ciudad de México ordenaron a la 9° Región Militar, a la 35 Zona Militar, luego al 27 Batallón, al 41 Batallón y al 50 Batallón que cualquier actividad de movilización por la conmemoración de la masacre de Tlatelolco debería de ser registrada e informada de manera inmediata.

Durante la hora crítica del 26 de septiembre, en un documento CRFI 1202 y con información de seguimiento geo-referencial, 11 estudiantes que estaban en el autobús 1531, ubicado en el Palacio de Justicia, fueron agredidos y metidos a las patrullas que se fueron con dirección a Chilpancingo y hacia dentro de Iguala. Al mismo tiempo un miembro del ejército se encontraba en la zona centro de Iguala. Después de que bajaron a los estudiantes, entre las 22:10 a 22:19 horas, la Sedena estuvo en el Palacio de Justicia cuando se estaban llevando a los estudiantes con dirección desconocida y aún no se sabe dónde están. El ejército se niega a informar sobre el paradero de estos estudiantes.

Los nuevos hallazgos que presentó el GIEI tienen que ser investigados por las autoridades mexicanas. Carlos Beristain habló que las instituciones tienen que dejar el excesivo formalismo para dar paso al humanismo. Las inconsistencias han sido permanentes a lo largo de casi nueve años. Se ha tejido una red de mentiras para cubrir hechos deleznables trazados por las mismas instituciones del Estado coludidas con el narcotráfico. Muchos testigos que tenían piezas de la verdad han sido silenciados con la persecución, amenazas, desaparición o muerte. Tomás Zerón se transformó en el artífice de la verdad histórica torturando a los detenidos.

Lo más preocupante de este ocultamiento de la verdad es que el ejército ha estado escondiendo los documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) que muestran el nivel de coordinación que había entre los batallones; la 35 Zona Militar, la 9° Región Militar, DN1 Ciudad de México y S2 Ciudad de México. La postura de la Sedena es que el CRFI existió a partir del 2015, sin embargo, en los propios documentos de la Sedena marcan su existencia desde marzo del 2014.

La información vertida en los archivos del CRFI muestran monitoreos de tiempo atrás hacia los estudiantes. Estos hechos también han sido confirmados por testigos que afirman haber seguido a varias personas y que los informes existen. La respuesta de la Sedena ante estas declaraciones es que no hay más información o que esos archivos no existen. En agosto del 2022 los documentos fueron movidos a un lugar desconocido.

Para el GIEI el contenido de esos archivos es sumamente importante porque se podría dar con el paradero de los estudiantes. En un documento del 26 de septiembre del 2014 se señala que el segundo comandante de la policía municipal de Iguala informó al Gil, jefe regional de Guerreros Unidos, que estudiantes de Ayotzinapa habían entrado a Iguala. También comunicó que encapuchados tenían a 17 detenidos, posiblemente estudiantes, por lo que el Gil le ordenó que trasladara los detenidos a la brecha de los lobos, por el camino a Pueblo Viejo. También instruyó al director de seguridad pública que avisara a su compadre, para que los detuviera en las afuera de Mezcala, porque ya les tenía preparada una emboscada.

En otro documento fechado el 4 de octubre del 2014, el Cholo Palacios, jefe de plaza en Iguala, comentó con una posible autoridad de Tepecoacuilco, que ya habían localizado las fosas del Gil. Un día antes, un ministerial le indicó al Cholo Palacios que soltara a 10 estudiantes para calmar la tensión, mientras escondía al Gil en una cueva porque el 5 de octubre se reuniría con el Cholo.

La Sedena ha creado dependencias militares de inteligencia que ha tratado de mantener ocultas, una de ellas es el Centro Militar de Inteligencia (CMI). La institución castrense ha respondido que el significado de las siglas es Contenido Mediático de Información. Un documento relevante de este centro señala que a partir de marzo del 2022 se acordaron las respuestas entre diversos mandos que darían al GIEI y a la CoVAJ para tener una sola versión de toda la institución. Durante años se han trazado maquiavélicamente planes en contra de la población guerrerense y en contra de estudiantes.

Carlos Beristain experto del GIEI, en su despedida citó al poeta Luis García Montero, “en el desván de la historia hay muchas palabras rotas, que las palabras pueden levantarse y que hoy en día las vamos a coser por dentro, y que ese día se van a acabar las mentiras”. Escribir sobre todas estas falsedades y ocultamiento ha sido duro para el GIEI, porque a pesar de la voluntad política, en este caso que permitió avances, cuando se ha ido llegando al núcleo duro de esta verdad, se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de las altas instituciones del Estado. Se necesita una reflexión colectiva sobre lo que todo esto significa para el futuro de México, para que tenga otro futuro que el que está amenazado por la violencia y el miedo.