Doce horas duró la refriega en la comunidad me pháá de Huixtlatzala por la disputa añeja de los cultivos de amapola. La entrada de otro grupo del crimen organizado a la Montaña, fracturó la comunidad y confrontó a los pobladores. Su precariedad económica nunca ha sido impedimento para comprar armas de grueso calibre. El trueque comunitario adquirió otros matices: en lugar de intercambiar maíz por café, la goma de opio se transformó en un producto demandado por la economía criminal que alentó la adquisición de armas.

En noviembre del 2018 fue la fecha fatídica; cuerpos sangrantes en las intrincadas calles, incendio de viviendas, quema de vehículos, maestras huyendo despavoridas, madres atormentadas por las balas que se incrustaban en las paredes de adobe. Cada grupo rescató a sus muertos y se parapetaron en los cerros para continuar la agresión. Las autoridades municipales de Zapotitlán Tablas se limitaron a informar a la delegación regional de gobernación y al ejército para pedir su intervención. Después del mediodía llegó un grupo de militares acompañados por policías del estado. Recorrieron la calle principal para disuadir a los rijosos. Tardaron más en llegar que en salir de la comunidad. Varias madres de familia aprovecharon el momento para emprender la huida con sus pequeños hijos. El desplazamiento forzado se incrementó ante la inacción de las autoridades del estado y la complicidad de las corporaciones policiacas con el crimen organizado.

Ocho días después de la balacera asesinaron a don Fidel Pérez, quien rezaba en el lugar donde habían balaceado a su hijo Germán. De manera alevosa y cobarde le dispararon por la espalda. Quedó tendido a un lado de la cruz de su hijo. Los delincuentes advirtieron a los pobladores “quien levante el cuerpo, lo matamos”. A sus familiares le pudo mucho esta amenaza porque nadie se atrevió a recoger su cuerpo. Don Fidel era el sabio que rezaba en el cerro para que hubiera maíz, salud y tranquilidad en la comunidad. Sus hijas desafiaron la amenaza de los delincuentes y emplazaron a la síndica municipal para que ordenara a los policías que rescataran a su papá. Lo velaron fuera de casa y por la noche lo sepultaron en Zapotitlán Tablas.

En Huixtlatzala solo quedaron las familias de quienes impusieron la ley del fuego. En un año, más de 120 personas huyeron. Quedarse era como cavar la propia tumba. Las madres deambularon con sus hijos fuera del estado. Padecieron muchas vicisitudes para encontrar un espacio dónde vivir. Tirarse a perder fue la única opción para librarse de las balas. Tomaron la iniciativa de juntar firmas para enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Denunciaron el clima de violencia que padecen y su salida obligada de la comunidad. Confiaron que saldría una respuesta positiva de palacio nacional. Todo quedó en oficios. La dirección general de atención ciudadana trasladó el caso a la delegación de gobernación en Guerrero, que a su vez dirigió otro oficio al secretario general de gobierno. Su espera fue en vano, ninguna autoridad le dio seguimiento a su caso.

Optaron por dirigir otro escrito al coronel del batallón de Tlapa. Su respuesta los desalentó porque manifestaron que se encontraban impedidos para atender su denuncia. Les ofrecieron enviar la información a la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad. Fue una respuesta vana porque no atendieron su caso. El desamparo es el sello característico de las autoridades civiles y militares de Guerrero, que cargan a las víctimas toda la responsabilidad de las tragedias que padecen, por no interponer denuncias y por huir del pueblo.

En plena pandemia del covid-19 asesinaron a don Ángel Pérez junto con su esposa y su dos pequeñas hijas. Ángel fue de los promotores del comité de familias desplazadas y el impulsor del diálogo con el grupo contrario. El 29 de marzo del 2020 bajó a Zapotitlán Tablas para visitar a su suegra. De regreso, varios hombres armados los interceptaron antes de llegar a la comunidad de Alteopa. Sus parientes, al cerciorarse que no habían llegado a Huixtlatzala se movilizaron para buscarlos. Al siguiente día en las redes sociales apareció la fotografía de una camioneta calcinada con 4 cuerpos en su interior. Lo desconcertante fue el lugar donde dejaron la camioneta; en el crucero de Aquilpa, municipio de Tlapa que se encuentra a más de 70 kilómetros donde desaparecieron a don Ángel y su familia.

Este abominable crimen evidenció la barbarie que impera en la Montaña y el contubernio que existe con las corporaciones policiacas. Sin temor a ser detenidos por alguna corporación policiaca o el ejército, los criminales cruzaron la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas y recorrieron varios kilómetros de la carretera Chilapa y Tlapa. Manejaron la camioneta con las 4 personas a bordo para asesinarlas y quemar sus cuerpos en un paraje lejano. La maniobra fue para no generar sospechas de que los autores materiales eran de la misma comunidad.

Los dolientes, después de interponer la denuncia, pidieron el auxilio de la policía del estado y del ejército para sepultar a don Ángel y su familia en el panteón de su tierra. Cargaron con el dolor y el miedo, enterraron los cuerpos al lado de los abuelos y se despidieron para no regresar más al lugar donde nacieron. Varios disparos a lo lejos desafiaron a las fuerzas de seguridad. Los maleantes se parapetaron en las cimas de los cerros para vigilar los movimientos de las familias afligidas y poner la mirilla en los policías y militares que acompañaban el cortejo fúnebre.

El 11 de noviembre de 2020 desaparecieron tres personas en el trayecto de Plan de Guadalupe y Zapotitlán Tablas. Su familia manifiesta que se los llevaron porque no aceptaron incorporarse al grupo de la delincuencia que tiene el control de la región. El ministerio público inició la carpeta de investigación solo por privación de la libertad. En Laguna Membrillo, comunidad vecina de Huixtlatzala, dos mujeres, fueron asesinadas y abandonadas en un paraje del municipio de Copanatoyac el primero de mayo de 2022. 20 días después desaparecieron a Seferino Cristino y Elmer Saín Vázquez, abuelo y nieto originarios de Ahuixotitla, vendedores de refresco, que regresaban de una consulta médica en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas.

En la noche del 14 de diciembre de 2023 un grupo armado entró al domicilio de Enriqueta Felipe Calleja, quien vivía sola con sus pequeños hijos. Al intentar salir de su vivienda para poner a salvo a sus pequeños, recibió varios disparos. Quedó tendida en el patio. Los agresores tiraron la mercancía de su tiendita e intentaron llevarse la camioneta de su esposo que se encuentra desplazado. Horas antes, el mismo grupo había asesinado a una familia en Laguna Membrillo. Sembraron el terror en las comunidades vecinas de Huixtlatzala. El cuerpo de Enriqueta fue semienterrado por sus hijos dentro de su casa, para evitar que los asesinos se lo llevaran. Las hijas mayores, que viven fuera del estado, pidieron la intervención del ministerio público para recoger el cuerpo, sin embargo, se negó acompañarlas. Lo mismo pasó con el ejército y la policía del estado. Pasaron 13 días después de abrir la carpeta de investigación para que el ministerio público, con el apoyo de la guardia nacional, el ejército y la policía del estado, acudieran a recoger el cuerpo de doña Enriqueta.

Las familias indígenas de la Montaña sobreviven como parias del capital en los campos agrícolas, luchan contra los gobiernos caciquiles amafiados con el crimen organizado. Enfrentan los estragos de la violencia criminal que asesina a niñas, mujeres y ancianas, y que persigue a los jóvenes que se niegan a enrolarse como sicarios. Los municipios de Zapotilán Tablas, Atlixtac, Acatepec y Chilapa son un infierno en la Montaña.