Montaña adentro

Abel Barrera Hernández

Honrar y dignificar a las víctimas de la Guerra Sucia*

Después de 45 años vengo a hablarles de los lamentables hechos que le sucedieron a mi padre, Jesús Elizalde. Soy Manuel Elizalde Bernal de Badiraguato, en la mera sierra pegando con Chihuahua, de un rancho llamado “La Osa”. Caminábamos dos horas para ir a la escuela. Mi papá era un hombre de mucho trabajo. Amigos y compadres de él le ayudaban a sembrar maíz y frijol. Hubo un tiempo que se fue de bracero y con el dinero que juntó se compró un tocadiscos. En el rancho lo contrataban como “DJ”. Los jóvenes se sorprendían porque no conocían la luz eléctrica. Se “aluzaba” con ocote o con cachimbas de tractolina. Trajo también un radio grandote, que las “doñas” a la redonda de las rancherías lejanas se iban a escuchar radio novelas a la casa. Mi papá también fue arriero, iba de la sierra a Culiacán. Hacía siete días de camino, cargando con burros. Llevaba ropa y muchas cosas más. Así era la vida, llena de trabajo.

A mediados de 1970, recuerdo la incursión de los comandos militares que recorrían la sierra, frecuentemente patrullando a pie, porque no había caminos. Para los militares todos eran criminales. Era mucho el miedo, así vivieras en una casita muy pobre, tenías que protegerla porque te trataban como delincuente. En ese periodo hubo muchas violaciones a los derechos humanos, muchos abusos. Una vez mi padre estaba en Culiacán en casa de familiares, en febrero de 1978. Estaba tomando café en un porche que daba a la calle. Mi hermano y yo estábamos durmiendo en un cuarto que estaba al lado. Desde ahí nos despertó el griterío, nos asomamos y vimos cómo estaban torturando a mi padre. Le habían puesto una bolsa negra en la cabeza. Estaba amarrado y lo golpeaban salvajemente. Quisimos hacer algo por él, pero fue imposible salir porque había muchas personas armadas.

Aquella escena parecía no tener fin. Mi hermano y yo pudimos ver cómo se lo llevaron y lo subieron al piso de una camioneta pick-up, seguida de otros dos vehículos. Dos horas después, mi hermano y yo, de 17 y 16 años, respectivamente, salimos del escondite y vimos las manchas de sangre, los muebles con signos de violencia. Preguntamos a conocidos porque no conocíamos cómo vivir en una ciudad; pedimos asesoría a la gente y nos dijeron que fuéramos a las corporaciones policíacas a preguntar. Así fuimos a la municipal, la Judicial del estado y a la PGR. En ninguna había un detenido con las características de mi papá.

Días después, llegaron los mismos hombres a la misma casa. Metieron al torturado hasta el fondo de la casa. Se identificaron como integrantes de la PGR. Dijeron que debían presentarlo ante las autoridades porque tenían una orden de captura en su contra. Se lo llevaron a la cárcel, donde permaneció casi una década. ¿La acusación? Quién sabe. No teníamos dinero para un abogado. La vida fue muy dura a partir de entonces. Nuestro padre nos contó, durante las visitas, que cuando lo desaparecieron, lo llevaron en helicóptero a sacarle, bajo torturas, que dónde tenía guardado el dinero.

Hasta ahorita, 45 años después, es la primera vez que cuento esta historia. Te acostumbras a que eres de una zona y la gente te estigmatiza, es tremendo. Dicen que soy delincuente por ser del “Triángulo Dorado”. La mayoría de las casas de Badiraguato están en pobreza, es doloroso. Pedimos que el Estado ya nunca más, desde un escritorio, diseñe una estrategia como la Operación Cóndor, la Marte y otras más, que en lugar de eso se acerquen a la población con proyectos productivos, con educación. Creo que esa es la ruta.

Mi nombre es Noemí Ruiz Flores esposa de Aarón Flores Heredia, quien fue asesinado en la madrugada del 7 de julio de 1980. Era jefe de información y reportero del periódico El Debate en Los Mochis, Sinaloa. Estaba de gobernador Alfonso Calderón y Óscar Aguilar Pereyra era el alcalde. En varias ocasiones fue abordado por Jesús Jacobo Aguirre, el jefe de la policía, con quien mi esposo había tenido algunas confrontaciones. Le llegó a ofrecer dinero, pero Aarón nunca aceptó. De acuerdo con las investigaciones Jacobo fue el autor del homicidio.

En los días previos a su muerte, mi esposo estaba bastante tenso y preocupado. Era muy reservado. Se limitaba a decirme que eran “cosas del trabajo” y yo así lo creí. Por las amenazas que estaba recibiendo, su tensión lo llevó a consumir alcohol. En las últimas noches de su vida, estuvo bebiendo con frecuencia. Lo hacía con sus compañeros de trabajo y también con políticos de la administración municipal. Era común que llegara muy tarde a la casa.

Una mañana me comunicaron que Aarón había sido asesinado en las orillas de El Cerro de la Memoria. Su asesinato provocó mucho enojo entre el gremio periodístico y en la misma sociedad. Se presionó al gobierno del estado para que investigara los hechos. El gobernador prometió que lo haría en 72 horas, sin embargo desde hace 43 años sigue esperando justicia.

Quedé en el desamparo económico. Un funcionario de gobernación del estado me dijo que me fuera de Sinaloa porque había órdenes de darle “carpetazo” al caso. Entendí que las denuncias periodísticas evidenciaron muchos negocios turbios de los políticos del estado. Me vi obligada a vender mi casa que conseguí con crédito del Infonavit. Me fui a una ciudad fronteriza en busca de trabajo. Han pasado 43 años en los que mi vida ha sido un viacrucis. Siempre he vivido de “arrimada”, al carecer de casa. Una nieta me tiende la mano para sobrevivir. Se ha agravado mi condición de salud por mi edad. Sólo recibo una pensión limitada. Expuse mi caso a funcionarios de la secretaría de gobernación federal, pero todo fue en vano porque me ignoraron.

Soy Arturo Michel Perry, hijo de Jesús Michel Jacobo, periodista y defensor de derechos humanos. En 1967 y 68, mi papá fue líder del movimiento estudiantil, se involucraba en casos sobre abusos de poder, corrupción e impunidad.

En 1975 un grupo de militares llegó a La Tuna, Badiraguato. Ahí cometieron vejaciones. Abusaron de un grupo de mujeres que habían salido a defender a sus hijos. Presentaron su testimonio en la sindicatura de la cabecera municipal. Dijeron que Jesús Michel podía ayudarlos. Viajaron a Culiacán. Mi padre documentó lo que ocurrió, pero los hechos quedaron impunes.

Un día en 1978, mi papá y otro sujeto apodado “El Gringo”, que estaban en un restaurante, fueron “levantados”. Se los llevaron a una casa de seguridad, los torturaron y amarraron. Les hicieron firmar un documento en el que confesaban que el gobernador los había enviado a matar a un periodista muy renombrado en esa época que también hacía lo mismo que él: denunciar arbitrariedades. Afortunadamente, sólo fue recluido y no lo asesinaron, en esa ocasión. Los represores estaban listos para torturar también a mi madre. En la casa de seguridad había familiares de los detenidos que estaban siendo torturados.

Un día una persona desconocida llamó por teléfono para preguntar por mi papá. De sopetón dijo que iban a matarlo. Recuerdo que en aquellos años mi padre luchó para combatir la tortura y también se propuso denunciar la radioactividad de la leche distribuida por Conasupo en 1986. Al siguiente año, en otra llamada telefónica, volvieron a decirme que iban a matar a mi papá. Esto me afectó mucho y también a toda la familia. No sabíamos qué hacer. Era un martirio que no nos dejaba dormir.

En la década de los 80 mi padre siempre tenía interceptado su teléfono. No había pegasus pero si había “pájaros en el alambre”. Mi papá no dejó de publicar los casos de tortura que se cometían en la sierra de Sinaloa. Por eso razón lo espiaban, porque tenía mucha información de lo que hacía el ejército en la sierra. Nunca imaginamos que gobernación pagara a una trabajadora del hogar para que reportara lo que platicaban en casa. Afortunadamente la señora fue muy honesta y nos comentó que había sido contratada para espiarnos.

En varias ocasiones acompañé a la penitenciaría a mi padre, quería ser como él. Le hablaban para denunciar cuando había detenidos de la sierra. La mayoría eran de Badiraguato. A muchos los torturaban. En una ocasión metió un amparo masivo que le permitió liberar a todas las personas. Lo hizo sin cobrarles un solo peso.

Por iniciativa propia, además de ser fotógrafo, reportero gráfico y egresado de Filosofía y Letras, mi papá llegó a documentar a larga distancia todos los hechos y bajezas que les hacían a las personas, mediante fotos. No se atrevían a matarlo. En 1983 cayó un detenido, era un jefe policiaco. Por su detención se inició una ola de secuestros y desapariciones forzadas cometidas por la policía judicial del estado. Mi papá documentó todos esos hechos.

En diciembre de 1987 mi padre fue asesinado por elementos o “madrinas” de la policía judicial de Sinaloa. Se contaron más de quince agujeros en el carro que conducía. Pusimos una queja en la CNDH, pero no avanzaron las investigaciones en la procuraduría de justicia del estado, más bien recibimos una amenaza: nos dijeron que, si seguíamos investigando, nos iban a matar. Optamos por guardar silencio. Hasta la fecha buscamos justicia, pero ninguna autoridad nos hace caso. Mi hermana tiene un daño irreparable. Mis hermanos y yo seguimos en pie de lucha, como sea.

Soy Fernando Zepeda Hurtado. Desde el 12 de agosto de 1976 fue publicada mi primera nota periodística. Desde esa época sigo escribiendo. Muchos periodistas de la ciudad de México hablan a la ligera de los que estamos en provincia y, particularmente, de quienes desempeñamos el trabajo periodístico en Sinaloa. No saben el riesgo que eso implica. No conocen la historia de lo que es ser periodista en donde autoridades y delincuentes se juntan y pisotean la vida de los demás, con gran impunidad. Ser periodista en Sinaloa implica muchos riesgos. Yo en lo personal lo asumí.

Me tocó a mí tratar a varios compañeros que convivieron conmigo y que hoy están muertos; los asesinaron vilmente; cuyas muertes están en la impunidad. Investigué hasta donde pude. Exhibí a quienes pude, aun con el riesgo de mi seguridad y la de mi familia. Me correspondió a mí abordar el tema de Manuel Burgueño Orduño, un periodista honesto, muy preparado, un intelectual que hacía una obra literaria al escribir, compañero de muchas lides, maestro universitario. Fue asesinado un martes 22 de febrero de 1988, estando en su casa con una de sus hijas, dos nietas, su yerno, una compañera periodista y un compañero universitario. Llegaron cuatro sujetos con paliacates en el rostro. A las mujeres y a los niños los encerraron en una recámara. A los otros dos hombres, los encerraron en otro cuarto; a Burgueño lo pusieron contra la pared y lo fusilaron.

Llegué corriendo luego de que me avisaran. Era un desorden. Gritaban. Lloraban. Manuel estaba tirado en el piso, en medio de un charco de sangre. Me pidió que lo levantara. Me acerqué a él. Su pecho estaba quemado. Después vinieron muchas cosas. Hubo quienes, malintencionados, dijeron en Culiacán que, con el último que platicó antes de morir, fue Fernando Zepeda. Me pusieron en la mira. El Gobierno desapareció en esos momentos. No estaba el alcalde de Mazatlán en la ciudad, estaba en la Ciudad de México. El gobernador Labastida se encontraba pescando en el Golfo de California, ése era su hobbie. Sólo encontramos a Diego Valadés Ríos, conocido mío. En diez minutos llegó al hospital el comandante de la Policía Judicial del estado. Ellos no hicieron nada porque estaban involucrados. Los que participaron en el asesinato eran ex agentes y policías, hasta después lo supimos. Estuvo involucrado Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, un sicario del grupo de los Arellano Félix; uno de los que organizó la balacera en el aeropuerto donde falleció el cardenal Posadas. Él formaba parte de los escuadrones de exterminio que visitaban periódicamente Sinaloa para ejecutar a personas, llegando desde Tijuana. En enero de 2018 falleció en la cárcel Humberto Rodríguez Bañuelos, de un infarto.

Los periodistas de Sinaloa nos organizamos. Hicimos ayunos de 24 horas en las principales ciudades del estado. El primer periodista en Sinaloa fue asesinado en 1879 por órdenes del entonces gobernador. La lista hasta la fecha aumenta. Si antes estábamos a merced de delincuentes y autoridades, hoy debo decir que, después de 45 años de periodista, me siento vulnerable en esta administración en este sexenio por tanto odio que se ha desatado contra los periodistas críticos.

Espero que esto sirva, no solamente para que no se repitan los hechos pasados, sino también para que no se repita lo que está pasando en este sexenio con desapariciones y asesinatos.

*Testimonios de familiares que participaron en el Diálogo por la Verdad de la región Noroeste-Occidente, organizado por el Mecanismo para la Verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos, cometidas de 1965 a 1990, realizado el 3 y 4 de julio en Guadalajara, Jalisco.

Abel Barrera

Antropólogo mexicano y defensor de los derechos humanos. En 1994 fundó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en Guerrero, México. Ha recibido diversos premios por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, de Amnistía Internacional Alemania en 2011, y el premio de derechos humanos 2010 del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otros

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