Tormentas y esperanzas

Eduardo J. Almeida

Cuando un pueblo vitorea a sus verdugos

En el México de arriba, el ocaso del 2023 se acerca con los viejas y nuevas élites y cacicazgos alineados para enfrentar, en un oneroso espectáculo llamado elecciones, a dos mujeres que se disputarán la posibilidad de presidir y seguir lucrando con el infierno que vive el México de abajo. Dos mujeres que a partir de su destape son ahora productos electorales. Una lo hará vendiendo el retorno al PAN y al PRI, a la gestión clientelar y patrimonialista del país, a la militarización y la violencia y a la destrucción de los territorios y poblaciones indígenas, y lo hará además diciendo ser indígena aunque lo único que tenga realmente sea la indumentaria. La otra lo hará vendiendo la continuidad de MORENA, la gestión clientelar y patrimonialista del país, la militarización y la violencia y la destrucción de los territorios y poblaciones indígenas. Los compradores de esos productos no será el irrelevante electorado mexicano, serán las grandes empresas, grupos financieros y criminales como Black Rock, Danone, Ibedrola, Coca Cola, el Cártel de Jalisco o el de Sinaloa.

Según el Complexity Science Hub los cárteles son el quinto empleador en México después de FEMSA (embotelladora de Coca Cola), Walmart, Manpower y América Móvil. El presidente López Obrador aportó sus otros datos y afirmó que la mayoría de los empleos son generados por la industria de la construcción, y agrega que por lo tanto es por el gobierno federal. Más allá de la metodología de medición o su rigor, el panorama habla por sí solo, los grandes empleadores tienen que ver con extracción, explotación, destrucción o violencia y los cárteles son un actor económicamente potente. Ya desde 2009 la UNODC calculaba que es una industria que a nivel mundial en 2009 generaba 870 mil millones de dólares.

A la par con el poder económico de los cárteles está su lógica paramilitar dentro de la guerra interminable que llena casi cada rincón de México y que con violencia extermina y somete poblaciones enteras que se ven acorraladas al punto que se ven forzadas a aplaudir la llegada a sus comunidades de sus verdugos, sea el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa o el Ejército Mexicano. Así como en México y en todo el mundo se vota por “el o la menos peor”, ahora toca vitorear a criminales y asesinos y esperar que el cobro de piso o de paso sea menor, que las torturas sean menos sanguinarias, que los despojos sean menos violentos, que las desapariciones no aumenten, que los reclutamientos forzados sean menos frecuentes, que su brutalidad sea menor, pero no será así, porque en México la guerra y la violencia abren paso a grandes negocios, para los cárteles, para los militares, para los gobernantes y para toda la cadena criminal que conecta a los caciques locales con los CEO’s transnacionales.

Las élites de oposición se escandalizan por el video en el que aparece gente aplaudiendo la entrada del Cártel de Sinaloa a la comunidad de Comalapa, Chiapas, y las élites gubernamentales hacen lo posible por minimizar el hecho, mientras que el gobernador Rutilio Escandón guarda silencio a pesar de que, como lo advertía el EZLN desde 2021, “sus alianzas con el narcotráfico provocan que las comunidades originarias se vean obligadas a formar grupos de autodefensa, porque el gobierno nada hace para preservar la vida, libertad y bienes de los pobladores. El gobierno de Chiapas no sólo solapa a las bandas de narcotraficantes, también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares”.

Mientras López Obrador trató de descartar el asunto como un ataque electoral, decidió enviar ochocientos soldados de la Guardia Nacional y el ejército de Guatemala se movilizó a la frontera con México. A unos días los medios nacionales reportan calma en la región y preguntas importantes empiezan a diluirse en el turbio ambiente que vive el sureste mexicano. ¿Qué conexión hay entre la creciente actividad paramilitar y la presencia explícita de los cárteles de Jalisco y Sinaloa? ¿Se trata de controlar el mercado de migrantes de la frontera, o es parte de una estrategia o estrategias que involucran los distintos megaproyectos de la región? ¿Hay una intención explícita por desestabilizar Chiapas para justificar una mayor militarización o que eso influya en las elecciones de 2024? ¿Será una nueva forma de Guerra de Baja Intensidad en contra del territorio que protege el EZLN?

La realidad es que para los negocios y proyectos que requieren despoblamiento de territorios, la violencia de los carteles es muy útil, así como lo es para tener control político mediante la contención o exterminación de comunidades en resistencia. La violencia narcoparamilitar es ya parte del modelo de negocios y del sistema político en México y la guerra es sinónimo de oportunidad para quienes se dedican a monetizar el dolor y la crueldad.

Octubre está a la vuelta con su 2 para recordarnos la vocación asesina del gobierno mexicano y poco después llega el 12 y la conmemoración de que hace más de medio milenio un despistado navegante genovés de nombre Cristóbal tuvo una perversa serendipia que se convirtió en un sistema mundial que nos sigue atormentando. Ese día de la hispanidad que celebran los antiguos y conquistadores y sus élites recurrentemente saqueadoras, el mismo que quienes para disimular el etnocidio cotidiano pretenden llamarle día de la nación pluricultural, ese día de la resistencia como lo señalan y recuerdan quienes luchan en la larga noche de más de quinientos años.

Ese 12 en éste 2023 en el que la guerra interminable se ensaña nuevamente con el sureste mexicano y con las comunidades zapatistas la convocatoria del congreso nacional indígena y muchas otras organizaciones a una “Acción global por el alto a la guerra contra los pueblos de México y del mundo, hacia los pueblos Zapatistas y hacia los pueblos originarios de México” se convierte en un llamado de alerta frente a lo que podría ser el recrudecimiento de la violencia cuando parece que esa violencia no puede ser más cruda y brutal.

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida tratan de acompañar y tejer caminos entre luchas. Son integrantes del Nodo de Derechos Humanos, del proyecto Etćetera Errante y Adherentes a la Sexta Delcaración de la Selva Lacandona.

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