El sueño de la razón

Silvia Ribeiro

Criminalización, movimientos y pañuelos blancos

Fabiana Braga tiene 22 años y está en la cárcel ilegalmente, por ser campesina, mujer y luchar por el derecho a la tierra. Creció en campamentos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, Brasil) y a los 18 años se fue a probar suerte a la ciudad. Allí se terminó de convencer que su lugar estaba en la vida campesina, con el MST en la lucha por la tierra y por la dignidad como joven, mujer y campesina. A los 20 años se integró con su compañero en el asentamiento Tomás Balduíno, en Quedas de Iguazú, Paraná, donde coordina el Colectivo de Mujeres y es parte del Colectivo de Juventud. El asentamiento está en tierras públicas recuperadas por el MST para la reforma agraria, pero que la maderera Araupel se había apropiado fraudulentamente, en connivencia con autoridades. En 2014, el MST consiguió que un tribunal otorgara el reconocimiento legal de que esas tierras debían ser destinadas para la reforma agraria, con lo que la empresa aumentó las agresiones. En abril 2016 una banda de pistoleros disparó contra miembros del asentamiento, asesinando a dos compañeros. La policía, en lugar de actuar contra los pistoleros y la empresa, comenzó la Operación Castra, que como su burdo nombre indica, tiene la meta de “castrar” al MST, criminalizándolo.

En el marco de esta funesta Operación, Fabiana fue detenida en noviembre 2016, junto a Claudelei Lima, locutor de la radio comunitaria del asentamiento. La operación no se quedó allí, sino se desplegó en varios estados. La Escuela Nacional Florestán Fernández del MST en São Paulo fue invadida sin orden de allanamiento y con armas de fuego, en nombre de la misma operación, supuestamente buscando “acusados”. Fabiana y Claudelei siguen presos, mucho más allá de los límites legales de las medidas de “prisión preventiva” con la que fueron detenidos.  Hay una campaña internacional del MST, donde se puede firmar por su liberación:  Meucrimeelutar.com.br

Estas operaciones de criminalización han recrudecido en Brasil contra los movimientos sociales, intentando presentarlos como delincuentes, cuando su único “delito” es luchar por sus derechos.  La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Brasil, informó que en 2016, se cometieron 61 asesinatos por conflictos en el campo, la mayor cifra desde hace 25 años, exceptuando el año 2003.  En el mismo año aumentó 185 por ciento el número de personas del medio rural presas por defender sus derechos, tierra, agua y territorio.  En 2017, ya han sido asesinadas 20 personas, incluyendo 9 militantes del MST atacados  en su propio asentamiento, en Mato Grosso.

La CPT afirma que la criminalización y persecución de los que luchan por sus derechos en el campo ha llegado a límites sin precedentes en Brasil, con el aumento de asesinatos y agresiones impunes comandados por empresas y latifundistas junto a la represión y encarcelamiento legalizado por parte de fuerzas públicas. Un hecho particularmente  ignominioso fue el uso de la Ley 12.850/2013, contra el MST en Goiás para detener a varios de sus militantes, porque tipifica al movimiento como organización criminal.  Luego de casi un año de prisión ilegal, el MST consiguió que un juez decretara que el MST no es una organización criminal y que debían ser liberados, pero aún sigue preso un compañero: Luiz Borges.

Este método de acusaciones falsas y uso de leyes (anti-terroristas o contra crimen organizado) para criminalizar y reprimir a los movimientos y a quienes luchan por sus legítimos derechos, también se usa contra las comunidades mapuches en Chile y Argentina, contra campesinos e indígenas en Paraguay y en otros países del continente, incluyendo por supuesto, México.

En Argentina, sigue la renovada guerra de extinción contra las comunidades originarias, ahora con la detención en Formosa del líder indígena wichí Agustín Santillán el 14 de abril, que se suma a la anterior de Bautista Macedonio y Roberto Frías. Varias organizaciones argentinas denuncian este proceso de criminalización y estigmatización de la lucha de los pueblos indígenas, pidiendo su inmediata liberación, según informa Darío Aranda.

En México, con el segundo lugar en muertes violentas a nivel mundial, solamente detrás de Siria, las autoridades y bandas criminales -con una difusa línea divisoria entre ambas– se usan todos los métodos anteriores y otros.

La constante en todas partes es que estos procesos de criminalización, represión, muertes y desapariciones forzadas o por bandas criminales,  siempre terminan abriendo territorio a transnacionales y megaproyectos, beneficiando a grandes empresas.

En la semana pasada, se sumó al dolor y la rabia, el asesinato de Miriam Rodríguez, madre cuya hija fue desaparecida y que habiendo develado el caso de su hija, se sumó al activismo con otras madres y familiares de desaparecidos en Tamaulipas, México. Como en Argentina, con las Madres de Plaza de Mayo, a varias de las cuales también asesinaron por el delito de buscar a sus hijas e hijos.

Pero como dice la frase surgida de la búsqueda y resistencia de madres, padres y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos (y otros asesinados) de la escuela rural de Ayotzinapa, “querían enterrarnos pero no sabían que éramos semilla”.

Un sentido que como gramínea crece por abajo y vuelve a germinar todo el tiempo y en todas partes, a través de tiempos y espacios diversos. Un ejemplo reciente fue la manifestación masiva con pañuelos blancos , en Argentina el 10 de mayo,  con y junto a las Madres de Plaza de Mayo, contra el intento de perdonar a los genocidas en ese país.

A veces surge como enormes manifestaciones, muchas más veces en actos más pequeños, en el trabajo cotidiano de grupos y colectivos barriales y comunitarios en la denuncia, en la defensa de derechos, en la resistencia y también en la construcción permanente, en las muchas formas de seguir construyendo la vida. Siempre vuelve a germinar.

Una Respuesta a “Minería progresista a sangre y fuego”

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