Desde hace un par de años, Estados Unidos hostiga a México con amenazas de demanda en el T-MEC (tratado comercial entre USA, Canadá y Mexico) por dos decretos orientados a limitar el uso de glifosato y no permitir la siembra de maíz transgénico en el país. Es una de los temas que más han llamado la atención de los medios globales y en México. No hay duda de que Estados Unidos actúa para defender los intereses de las transnacionales de transgénicos, no los de su propia población ni de sus agricultores. ¿Pero qué otros elementos hay y por qué siguen las amenazas, pese a que el gobierno de México modificó un primer decreto de 2020, para hacer uno más acotado en 2023, aclarando expresamente que no afectará las importaciones?

Para entender esta historia que no es lineal y que tanto afecta a los pueblos de México, Grain publicó en junio 2023 el informe “El conflicto del maíz entre Estados Unidos y México: un juego de espejos”

México y áreas de Centroámerica son centro de origen de todos los maíces del mundo. Es la región donde más se consume en la alimentación humana directa, es decir, no solamente como agregados a productos industriales y ultraprocesados. Pero lejos de ser solamente un alimento, es parte de las culturas, economías, de la historia de sus pueblos, de sus asambleas y formas de organización.

Esto ha estado y sigue presente en las muchas formas de lucha en defensa del maíz, especialmente desde que se encontró contaminación transgénica del maíz en 2001. Desde entonces, por muchas vías, desde pueblos y comunidades, desde organizaciones sociales, ambientales, de consumidores, barriales, de jóvenes, científicos críticos, trabajadores, artistas y mucha gente más ha manifestado el rechazo al maíz transgénico y su siembra.

Por ello, además de las moratorias formales que se instalaron en México contra la siembra de transgénicos desde 1999, la movilización llevó a una moratoria popular que se continuó con una demanda que plantearon 53 personas y 20 organizaciones en 2013, que obtuvo un amparo contra la siembra de maíz transgénico, refrendado en 2021 por la Suprema Corte, luego de más de 100 acciones legales de las transnacionales de agronegocios contra éste, desde su inicio.

En este contexto, recuerda el informe de Grain, en diciembre 2020 el gobierno emitió un primer decreto que orientaba a la sustitución gradual del glifosato para eliminarlo en 2024, y la prohibición del maíz transgénico en siembra y alimentación. No obstante, ya desde entonces la Red en Defensa del Maíz y abogadas críticas señalaron que ese decreto “tiene fundamentos jurídicos muy endebles y que su proporcionalidad jurídica es muy desventajosa en relación con las normativas aplicables”, pues las leyes que en México priman en la materia tienen mucha disposición hacia la aceptación de los OGM, la convivencia de los maíces genéticamente manipulados con los maíces nativos y la privatización de las semillas”, a través de las leyes de bioseguridad y de semillas, entre otras.

Este primer decreto ya dejaba claro que no se refería a las importaciones de maíz industrial, porque no se limitarían las importaciones si había demanda de ese maíz para la industria en México. Lo cual es un problema grave, porque son las mismas transnacionales y grandes empresas pecuarias y cerealeras las que importan maíz. (Ver “Quién gana con las importaciones de maíz”) En México se produce más del doble del maíz blanco, que es el que consume la población para las tortillas.

Pese a ello, las fuertes presiones desde las corporaciones, representadas en México por la Asociación Mexicana de Semilleras (AMSAC) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y de Estados Unidos a través del T-MEC, llevaron a que ese primer decreto fuera sustituido por otro en 2023, aún más limitado, que solamente refiere que no permitirá maíz transgénico en las tortillas y masa de maíz con la que éstas se elaboran.

Si bien ese aspecto es necesario, el decreto dejó de lado que hay una gran presencia de maíz en muchos otros productos alimentarios y que no son cubiertos por el decreto. Grain recuerda además que las variedades de maíz que se usan para elaborar tortillas se producen en más de 90 por ciento en México, por tanto este nuevo decreto plantea el difícil tema de quién controla que esto se cumpla. Significa recursos de fiscalización importante, sobre todo al seguir entrando grandes flujos de maíz importado, que en casi totalidad es transgénico.

En ese sentido, el gobierno envió una modificación a la Norma Oficial Mexicana que regula la calidad de las tortillas (NOM 187) para asentar que no se permitirán transgénicos en ese alimento. También esta norma ha sido “comentada” por las asociaciones transnacionales y el propio gobierno de Estados Unidos, alegando falsamente que pese a que la norma solo rige para el consumo en México, es una barrera a la importación.

Por otra parte, las tortillerías que son mayormente pequeños negocios y existen en todo el país, elaboran sus productos en parte con maíz y también con masa de maíz que compran mayoritariamente a productores en México, que en parte también mezclan con la harina que compran a las trasnacionales mexicanas Maseca y Minsa. Estas últimas, junto a las grandes transnacionales de cría industrial de animales, están entre las principales importadoras de granos transgénicos. La demanda de las tortillerías es que sean las empresas las que tengan que controlar y vigilar que lo que venden no sea transgénico.

Al mismo tiempo, pese al limitado enfoque del segundo decreto, Estados Unidos insiste en que llevará la demanda al T-MEC, a lo que recientemente se sumó Canadá. Esos gobiernos no hablan por sus agricultores, ya que las empresas transnacionales de agrotóxicos y semillas que controlan los transgénicos, tienen también una pesada garra sobre la agricultura en esos países. Sus productores manifestaron que pueden cambiar a producir maíz no transgénico para exportación, incluso podría ser más rentable. Pero Bayer, Corteva y Syngenta, que son quienes controlan todos los transgénicos de maíz y la mayoría del mercado mundial de agrotóxicos, quieren asegurar su control en todos los países, no sólo con mayoría de mercado, también con normas y leyes que garanticen su “derecho” a contaminar y envenenar y no supongan ninguna forma de limitación, ni remitan a ninguno de los múltiples y graves impactos de salud y ambiente que tienen sus productos.

Señala Grain que para las empresas también está en juego la entrada al mercado de los nuevos transgénicos que llaman de edición genética, formas nuevas de manipulación genética de cultivos que las empresas afirman que no necesitan estar bajo las legislaciones de bioseguridad. Esos cultivos entrañan los mismos riesgos que ya existían y nuevos peligros. Pese a ello, las transnacionales han logrado que varios gobiernos de América Latina cambiaran sus regulaciones de bioseguridad para hacerlas aún más débiles, incluso aceptando que algunos de esos transgénicos no sean ni siquiera regulados y salgan directo a los mercados.

La violencia de parte de las transnacionales y los gobiernos, así como el sometimiento que resulta de los tratados de “libre” comercio, está clara en estos ejemplos. Pero muchas medidas y programas del gobierno mexicano tampoco apoyan la defensa del maíz, como se explica con detalle en el reporte de Grain.

Por ejemplo, luego de que Canadá anunciara en junio que se sumaba a la amenaza de demanda de Estados Unidos contra México, el gobierno mexicano anunció que impondría un arancel de 50 por ciento a la importación de maíz blanco. Suena una medida de fuerza y la prensa interpretó esto como apoyo a la producción nacional y desafío a Estados Unidos. La realidad es que casi la totalidad de maíz blanco se produce en México, no se importa. Lo que se importa es maíz amarillo sobre todo para forraje y otros usos industriales.

Ese arancel que sería para apoyar la producción en México ya existía. El propio gobierno de López Obrador lo quitó en 2022 cuando concedió una lista de absurdos beneficios y excepciones a grandes empresas y transnacionales, supuestamente para bajar los precios de los alimentos, lo cual por supuesto no hicieron. (Ver “Alimentar a quienes causan hambre”)

Pese a tanta cortina de humo, queda claro que la defensa del maíz y de una alimentación sana y saludable para toda la población solo es posible desde los pueblos, respetando sus territorios y derechos, desde la organización local entre campo y ciudad, en muchas formas diversas. En eso siguen los pueblos, sin propaganda, con hechos. Como dice Ramón Vera Herrera reflexionando desde la Red en Defensa del Maíz, con un horizonte perpetuo, porque esa defensa no está separada de la vida, la organización comunitaria y la autonomía de los pueblos del maíz.