El proyecto de mal llamado Tren Maya avanza arrollando selva, pueblos y comunidades, derechos indígenas, herencias culturales y vestigios arqueológicos de valor incalculable, además de haber derribado entre 5 y 10 millones de árboles (según quien cuente) y haber causado afectaciones en cenotes, fuentes de agua, cuevas y mucho más.

Por ser uno de los megaproyectos insignia del gobierno de AMLO la presencia militar es pesada y extensa. Por un decreto presidencial se decretó el proyecto como de “seguridad nacional”, y además se le ha otorgado al ejército la construcción de varios tramos del tren y de seis hoteles turísticos, varios en zonas ecológicamente sensibles donde no debería haber ningún hotel. Uno de ellos, que tendrá  143 habitaciones y un casino, está dentro de la Reserva de la Biósfera de Calakmul. Comunidades locales y organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que no cuenta con permisos ambientales, ni para la construcción ni  muchos menos para evaluar los impactos del tráfico que promoverá en el área.

Al igual en otros tramos del tren, ha habido protestas y acciones legales por parte de comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, algunas aprobadas en primera instancia, pero la mayoría ignoradas o revertidas posteriormente y/o por maniobras para-legales. Por ejemplo, decidir que todas las iniciativas jurídicas contra el Tren Maya se concentren en un único juzgado en Mérida, lo cual hace difícil o imposible su seguimiento para muchas comunidades y organizaciones sin recursos.  Las presiones, acusaciones infundadas y persecución a las organizaciones críticas es permanente. 

Pese a la entusiasta propaganda del gobierno que presenta el proyecto como un “progreso” para la península, los impactos ambientales provocados en la construcción ya son muy considerables, a los que suman las violaciones al derecho a la consulta y otros derechos indígenas y agrarios.

Con todo, los impactos de la construcción son apenas una parte, ya que como lo explica Grain, más que un tren se trata de un gran proyecto de acaparamiento multimodal de territorios.  El transporte de pasajeros es una parte menor de éste, un tema mayor son las actividades contaminantes que potenciará además del turismo industrial,  como las fábricas de cerdos, las plantaciones industriales y llenas de agrotóxicos que envenenan suelo y ríos, matan abejas y hierbas medicinales, el despliegue de grandes empresas de energía que ocupan, contaminan y desplazan comunidades.

A ello se suma la destrucción del patrimonio cultural ancestral maya, que se manifiesta en el “descubrimiento” por los destrozos causados por las obras de una gran cantidad de objetos y construcciones a lo largo de las vías del Tren.  La abundancia de hallazgos arqueológicos en las zonas de construcción indica claramente que son zonas donde no se debería proceder con este megaproyecto. No obstante, como en una novela de tenebrosa ficción literaria, el gobierno llama a esta devastación proyecto de “salvamento arqueológico del Tren Maya”, que afirma “ampliará la visión sobre la civilización maya” y abrirá  “nuevas ventanas de investigación, restauración y museografía”.  Acompaña esta maniobra de disfraz orwelliana de la realidad, la persecución y acoso a los expertos y arqueólogos críticos, que reclaman se deben suspender las obras y evaluar con seriedad los impactos irreparables que se están ocasionando.

Para los pueblos mayas es también un espejo del proceso en curso: se destruyen los territorios, las formas comunales, los ecosistemas y la biodiversidad que son la base de sus formas de vida y culturas (antes y ahora), pero todo ello se presentan como “una oportunidad única” para que su cultura quede congelada en museos y alimente, en vez de a sus hijas e hijos, a investigadores y académicos.

Por los graves impactos ecológicos y sociales de este proyecto, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza decidió atender el planteo de organizaciones y comunidades para realizar allí una sesión del Tribunal sobre el caso Tren Maya. Ésta se llevó a cabo del 9 al 12 de marzo de 2023 en la península, donde escucharon testimonios de comunidades, expertos, académicos, organizaciones ambientalistas y sociales. El panel de jueces de este caso lo compusieron Maristella Svampa, Argentina, Fray Raúl Vera, México, Francesco Martone, Italia-Ecuador , Yaku Pérez, Ecuador y Alberto Saldamando, zapoteca – Estados Unidos.

En agosto 2023 se publicó el veredicto final de esta sesión. A partir de las visitas, testimonios escuchados y documentos presentados, declaran que existe evidencia de que está en curso un proceso de ecocidio y etnocidio.

Este Tribunal internacional reconoció entre otros puntos, que existe una “irrefutable violación de los derechos de la Naturaleza y de los derechos bioculturales del Pueblo Maya”,  así como de los derechos de los pueblos indígenas de la península, que “ha sido y continúa siendo, protector y guardián del territorio, de los cenotes, cuevas y costas; selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales, y de los seres no humanos que habitan los ecosistemas”

En ese sentido, el Tribunal exige “a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas”. Exigen también que “cese el despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza.”

Al mismo tiempo, por ser los cenotes la fuente hídrica más importante para la supervivencia de los pueblos, las comunidades y especies de animales y plantas en la región, el Tribunal llama a declarar a los cenotes como sujeto de derechos, en línea con el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza.

El Tribunal plantea la necesidad de medidas de reparación integral, entre ellas la realización de “una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria e intercultural, con la participación de las comunidades afectadas tanto de los diferentes tramos del proyecto Tren Maya como del Plan Maestro que hasta el momento no ha sido presentado por las autoridades competentes. Al respecto, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no parciales y comprender no sólo a este proyecto, sino a todos aquellos que se planean realizar en la zona”.

Llaman a reparar y restaurar los impactos sobre los ecosistemas junto a la reparación de los impactos sociales, entre ellos la tenencia comunal de la tierra y la fragmentación y división de territorios y a suspender los procesos de despojo y expropiación de tierra ejidal y comunal y revisar los que ya se han cometido.

El Tribunal consideró que para reparar los daños, es indispensable “desmilitarizar inmediatamente el territorio y garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de las personas que han manifestado su inconformidad con el proyecto”.