*Consultor-investigador, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Twitter. @IMUMIDF

En 2018 Angélica fue perseguida y amenazada por parte de miembros de la pandilla MS-13. La secuestraron y golpearon fuertemente dejándole heridas graves en la cabeza. Tuvo que salir de Honduras en busca de protección internacional en México. No fue posible. A Angélica le negaron una Visa por Razones Humanitarias y nuevamente fue perseguida por sus agresores, lo que la obligó a desplazarse por distintas entidades del país hasta llegar a Tijuana, Baja California, donde también vivió violencia por parte de las autoridades y la delincuencia. Como parte de su trayecto estuvo dos semanas en una estación migratoria en Oaxaca, luego de ser detenida por el Instituto Nacional de Migración.

La historia de Angélica se multiplica por cientos y se inserta en un ciclo que hemos denominado transnacionalización de la violencia, es decir, la violencia de la que escapan las persigue más allá de las fronteras e implica un constante movimiento por parte de las víctimas. En 2021, de las más de 130 mil solicitudes de asilo recibidas en México, 40% fueron de mujeres y en los primero cinco meses de 2022 de las 48 mil 981 solicitudes recibidas poco más del 30% son de mujeres, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

El desplazamiento que las solicitantes de asilo realizan por distintos lugares de México, sin importar el costo que implica, tiene como objetivo alejarse de la violencia y salvaguardar su vida en un contexto que las re-victimiza y las obliga a experimentar más violencia, incluso perpetrada por los agresores que las hicieron salir de su país.

En 2020 iniciamos la documentación y sistematización de casos de mujeres sobrevivientes de violencia de género y con necesidades de protección internacional en México, incluido el caso de Angélica. A la fecha hemos atendido y registrado alrededor de 120 casos de mujeres cuyo trayecto se ha visto inmerso en prácticas de violencia, racismo, xenofobia, homofobia y discriminación, que con el cruce de fronteras y el desplazamiento interno producto de la persecución y hostigamiento y la transnacionalización de la violencia opera e inserta a estas mujeres en un ciclo que no finaliza, por el contrario, se agrava con la acumulación de violencias en las interacciones con distintos actores.

A partir del análisis sistemático de los casos, hemos identificado al menos tres grupos que primordialmente ejercen, o han ejercido, algún tipo de violencia en contra de las mujeres. En primera instancia se encuentran las parejas, exparejas, cuñadas o cuñados, suegras o suegros; el segundo grupo lo conforman pandillas (MS-13), policías y autoridades en el país de origen; y por último, se encuentran agentes de migración, policías municipales y delincuencia en México, quienes en gran medida son responsables de las afectaciones físicas y mentales que las mujeres en movilidad reportan durante las atenciones brindadas por el equipo psicosocial y jurídico en el país. Es relevante subrayar que muchas de las mujeres sobrevivientes de violencia reportan que la persecución, hostigamiento y prácticas violentas por las que salieron de su hogar se reproducen y en ocasiones se vuelven aún más crudas en México.

Se ha documentado cómo la política migratoria militarizada ha influido en el incremento de la violencia hacia las mujeres, siendo la violencia institucional y comunitaria la más agresiva. Desde el IMUMI no solo vamos documentado casos y apoyando jurídica y psicológicamente a las mujeres, también realizamos acciones jurídicas que contrarresten las violencias de las que son objeto las mujeres. Por ejemplo, después de siete años de litigio estratégico el pasado 18 de mayo logramos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucionales las revisiones migratorias en carretera en lugares diferentes a los destinados al tránsito internacional, aunque esta medida pareciera no tener un impacto directo en las mujeres solicitantes de protección internacional, si es un paso para romper el ciclo de la transnacionalización de la violencia, pues impide a las autoridades -migratorias, de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y policías de diferentes niveles- solicitar documentos a las mujeres solicitantes de asilo en su desplazamiento por el país.

En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, seguir documentando casos como el de Angélica en virtud de identificar las violencias que enfrentan, principalmente vinculadas a su género y a quienes las ejercen se vuelve fundamental para brindar una mejor atención -por parte de gobierno, sociedad civil, instancias internacionales y academia- que nos permita contar con más información y respuesta a las necesidades de estas mujeres. Sin duda, la violencia expulsa a las mujeres de sus lugares de origen, sin embargo, es imprescindible ir más a fondo y entender que es la desigualdad de género que sufren y que las posiciona en un lugar de vulnerabilidad dentro de la sociedad lo que permite que la transnacionalización de la violencia se continúe manifestando de distintas formas durante todo el trayecto de vida. Por ello, es crucial no bajar la guardia y seguir insistiendo en que las mujeres solicitantes de protección internacional como tú y como yo solo buscan una vida libre de violencia.