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En vez de ayudar al gobierno de EUA a violar sus leyes, centrémonos en mejorar nuestro sistema de asilo y migración

Gretchen Kuhner*

El primero de diciembre, la administración de López Obrador entró con declaraciones muy prometedoras en el tema migratorio. El Canciller, se encargó de anunciar planes de inversión para el desarrollo con Centroamérica y en el sur de México para que eventualmente las personas puedan tomar decisiones sobre migrar o no, y que no sea una situación forzada como lo es ahora. Prometió inversión pública y privada, mayormente de Estados Unidos, aún si lo que presentó fue una lista de fuentes de financiamiento que ya está comprometida por el gobierno estadounidense.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación prometió la facilitación de estancias por razones humanitarias para las personas centroamericanas que quieren quedarse y trabajar en México, así como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para que las personas huyendo de la violencia en la región (y fuera) puedan tener acceso a la protección internacional con mayor eficacia.

Así mismo, ha prometido el desmantelamiento del sistema de retenes migratorios en todo el país –los famosos puntos móviles de revisión (volantas), que por décadas han sido un foco rojo para la extorsión y discriminación contra personas mexicanas y extranjeras. Estas acciones ayudarían a disminuir la detención de población migrante en las más de 48 estaciones migratorias en México, que han sido un punto de contención legal y moral, debido a la arbitrariedad de las detenciones, la falta de debido proceso, el cuestionamiento constitucional, y las condiciones inhumanas que aún existen en la práctica.

Hasta ese punto parecía que habría un cambio importante en el tema, sin embargo, el 20 de diciembre cuando el Canciller anunció que México había aceptado recibir de vuelta a todas las personas que solicitan asilo en Estados Unidos (EUA) por el puerto de entrada de la frontera EUA-México (o quienes hubiese entrado de forma indocumentada por esa frontera), mientras se concluye su procedimiento legal en ese país, quedo claro el quid pro quo que habíamos estado esperando –a cambio por la promesa de invertir en el desarrollo, México recibirá más de 75,000 solicitantes de asilo estadounidense al año. México se hace cómplice en las acciones de Trump para desmantelar el sistema de asilo en EUA.

El enfoque se cambió nuevamente hacia el norte de nuestro país, donde hemos observado que las aproximadamente 5,000 personas que actualmente esperan su turno (de una lista ilícita, también manejado por el gobierno mexicano) para solicitar asilo en EUA ha desbordado la infraestructura humanitaria disponible.

Entonces, ¿si Tijuana y otras ciudades fronterizas ya están desbordadas con la situación actual, por qué vamos a aceptar a miles de personas más cada año que ni siquiera quieren estar en México?, ¿por qué vamos a ayudar al gobierno de EUA a evadir sus obligaciones de ofrecer asilo con debido proceso que incluye acceso a representación legal, a información en su idioma, a los tribunales, etc.?, ¿por qué no nos concentramos en ampliar las opciones para personas que quieren estar en México –con documentación migratoria, acceso a servicios públicos y empleo?

Pareciera que en las negociaciones con EUA ha habido otras ofertas o amenazas, porque la información pública no explica esta reacción del gobierno mexicano. A estas alturas, lo que nos queda es esperar –nuevamente– las demandas legales de las organizaciones estadounidenses en contra de las acciones ilegales de Trump para ver si éstas pueden salvar a México de su postura aquiescente.

En vez de jugar a lo imposible, ¿no sería mejor que el gobierno mexicano se concentrara en lo que sí puede cambiar? Durante los últimos meses las organizaciones de México y EUA hemos tenido la oportunidad de ver de forma concentrada (a través del éxodo centroamericano –caravanas migrantes) las necesidades de las personas huyendo de la violencia de Centroamérica, desde la frontera sur hasta la frontera norte de México.

Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), estuvimos presentes en la ruta de Oaxaca a la Ciudad de México (en el Deportivo Mixhuca donde pasaron más de 10,000 personas durante un periodo de 15 días), y en Tijuana. En dichas intervenciones, durante las pláticas con las mujeres migrantes en los diferentes grupos que entraron, observamos que sus necesidades y preocupaciones están alineadas con las prioridades establecidas en el Pacto Global sobre Migración, aprobado por Naciones Unidas el 19 de diciembre, que México firmó. De los casos que hemos acompañado, han sido cinco los principios retomados del Pacto Global sobre Migración:

  1. Respetar los derechos humanos de todas y todos en las fronteras internacionales –sin excepción.

El 19 de octubre del 2018, cuando estaba el primer grupo en el puente sobre el Río Suchiate tratando de solicitar su entrada, el gobierno mexicano dijo que era ilegal la forma en la que querían entrar porque no tenían una visa, esencialmente tratándolos como criminales, a pesar de que la Ley de Migración contempla la internación de cualquier persona que solicita la entrada para pedir asilo o por razones humanitarias. En la frontera norte, actualmente los Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración apoyan con listas de espera para personas que tienen el derecho de solicitar asilo en EUA, y ya acordó recibir a solicitantes durante su proceso legal.

  1. Poner fin a la criminalización de las personas migrantes y su detención arbitraria.

Cuando las personas llegaron a la frontera sur de México, las autoridades pidieron que pasaran primero las mujeres con niñas y niños y familias. Estos primeros grupos fueron detenidos en las instalaciones de la feria mesoamericana en Tapachula, Chiapas (que fungió como estación migratoria provisional), donde tenían que tomar la decisión de pedir asilo o ser deportadas. Como resultado de esta política, muchas familias solicitaron asilo en Chiapas lo que les obliga a quedarse en ese estado mientras se resuelve su caso. Muchas de estas personas no encuentran trabajo y han abandonado sus casos sin querer, simplemente por salir del estado.

  1. Asegurar la justicia para las mujeres víctimas de violencia.

La forma más apremiante de la violencia para las mujeres migrantes cuando viajan en grupo no es la violencia sexual, de parte de las autoridades y civiles en el camino –como sucede cuando viajan de forma clandestina en un México lleno de retenes, sino la violencia familiar – igual que cualquier otra mujer en el mundo. El papel de las instancias de justicia en la prevención y procuración resulta sumamente importante, pero los resultados hasta ahora para las mujeres migrantes sin documentación (migratoria u otro) no han sido alentadores.

  1. Poner fin a todas las formas de discriminación y permitir que las mujeres acceden a los servicios públicos independientemente de su situación migratoria.

Una de las familias hondureñas que se quedó en la Ciudad de México incluye a una mujer joven con 7 meses de embarazo. Dentro de los primeros días, la prioridad fue su atención médica, posible únicamente a través de servicios privados debido a que no cuenta con un documento migratorio y las reglas de operación de los programas de salud de la Ciudad no permiten su acceso.

  1. Garantizar el respeto de los derechos laborales de las mujeres en la migración.

Para las mujeres migrantes del éxodo centroamericano que se quedaron en la Ciudad de México, no ha sido problema conseguir trabajo, a pesar de no contar con documentación. El problema, ha sido cómo protegerlas de la explotación laboral por su situación de mujer migrante indocumentada (aún si su trámite migratorio está en proceso). Por ejemplo, la semana pasada el empleador de una de las mujeres le dijo que tenía que retener una parte de su sueldo “de rezago” para asegurar su continuación en el empleo.

Estos son sólo algunos ejemplos de lo que hemos identificado en el proceso de apoyo a las mujeres migrantes y sus familias del éxodo centroamericano, la mayoría de los retos tienen de fondo cambios a nivel local en la legislación, y en las prácticas de las diferentes autoridades involucradas, por tanto, a 28 días de la nueva administración y en congruencia con las prioridades anunciadas en las conferencias matutinas, esperamos que el gobierno mexicano haga las modificaciones necesarias que tengan un impacto verdadero en la vida de la población migrante en el país, y deje la contradicción al secundar políticas migratorias que violan los marcos normativos nacionales e internacionales.

*Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Twitter: @imumidf

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