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La mayoría de las niñas y los niños mexicanos esperan ansiosos el 30 de abril, Día de la Niña y el Niño. Un día de algarabía para la niñez, algunos reciben regalos, conviven con sus amigas y amigos y en las escuelas realizan actividades lúdicas (hoy virtualmente) recordándoles que, por encima de todo, son niñas y niños y disfrutar su infancia es parte de sus derechos. A las personas adultas nos recuerda nuestra obligación de garantizar infancias plenas y felices.

En México, de acuerdo con el censo de población 2020 viven casi 11 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, quienes representan el 8.7 por ciento del total de la población. Desafortunadamente no toda esa niñez tiene una infancia plena. La violencia, la discriminación, la pobreza, la imposibilidad de acceder a educación y atención médica, y el trabajo forzado han irrumpido su vida, muchas veces obligándoles a migrar.

Esta situación no es exclusiva de México, se repite en todo el mundo. De acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, en 2019 había 33 millones de niñas y niños migrantes en el mundo, 12 por ciento del total de la población migrante. La mitad de esa niñez vive principalmente en Estados Unidos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señala que una de cada 72 niñas o niños en el mundo vive fuera de su país de nacimiento.

Casi siempre la pobreza, la violencia y la persecución o amenazas se encuentran entre las razones que empujan a esta población a salir de sus países, ya sea solos o con sus familias. En 2020, en México se registraron 87 mil 260 eventos de detención, 11 mil 514 fueron de niñas y niños (36 por ciento niñas y 64 por ciento niños), y entre enero y marzo de 2021 se han registrado 3 mil 983 eventos de detención. Las principales nacionalidades son Guatemala, Honduras y El Salvador.

En Estados Unidos, datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señalan que en el año fiscal 2019 fueron detenidos 64 mil 123 niñas y niños migrantes; en 2020, 15 mil 714; y entre enero y marzo de 2021 se reporta la detención de 26 mil 751, todos provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estas niñas y niños migrantes se enfrentan no sólo al rechazo, exclusión, violencias y discriminación en los países de tránsito y destino, también tienen que lidiar con los riegos del camino y la detención migratoria, con un impacto psicoemocional incalculable.

Migrar no es una decisión fácil, es su única y última opción para salvar su vida. La mayoría de las niñas y los niños ya han vivido situaciones extremas, difíciles de asimilar en esa etapa de la vida. Están huyendo de las bandas criminales, la violencia familiar, la persecución, la pobreza, los desastres naturales, y la falta de acceso a la salud. Con esa carga emocional avanzan rumbo al lugar que consideran estarán a salvo. Sin embargo, los países de tránsito tienen como regla la detención, encierro en condiciones precarias y a menudo acompañadas de acciones discriminatorias. Las decisiones sobre dónde deben estar esas niñas o niños, son tomadas por adultos que ignoran su historia y pasan por alto sus opiniones, aún si garantizar el interés superior de la niñez es su obligación.

Como sociedad civil hemos insistido en generar alternativas a la detención para la niñez migrante y dejar prácticas adultocentrista que no protegen a la niñez y no la escucha. Ninguna política migratoria puede justificar la detención de niñas y niños con base en su situación migratoria o la de su madre o padre o si están acompañados o no. Tampoco deberían privilegiar prácticas que propicien la separación familiar por motivos migratorios. Cualquier situación, acción o política que prive de la libertad a la niñez migrante pone en peligro su desarrollo cognitivo y les coloca en riesgo de sufrir depresión, ansiedad y estrés postraumático.

El 11 de noviembre de 2020 parece que ese llamado fue escuchado al aprobarse reformas a la Ley de Migración y a Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que, entre otras cosas, prohíbe la detención de niñas y niños migrantes y sus familias, entrando en vigor el 11 de enero de 2021. A partir de ahora, las niñas, niños y adolescentes no deben ser llevados a estaciones migratorias sino transferidos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y sus casos ser notificados a las Procuradurías de Protección a la Niñez.

Para hacer efectivos estos cambios, el gobierno mexicano debe fortalecer las Procuradurías de Protección a la Niñez, federal, estatales y municipales, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF, instancias encargadas de implementar las pautas de protección de la niñez migrante y sus familias.

Sin embargo, ninguna medida será efectiva sino se trabaja en conjunto. Por un lado, los gobiernos eliminando políticas que privilegian la seguridad nacional por encima del bienestar de la niñez y designando recursos humanos y económicos suficientes a los sistemas de protección de la infancia; como sociedad, reconociendo a la niñez como sujetos de derechos; y como medios de comunicación eliminando narrativas que vinculan palabras como crisis, problemas o focos rojos con la niñez migrante, porque detrás de cada cifra hay historias y responsabilidades compartidas entre gobierno y sociedad.

Las fechas conmemorativas no son sólo un punto a marcar en los calendarios, sino una oportunidad para reflexionar. Este día tomemos un momento y revisemos qué estamos haciendo para garantizar la seguridad y protección de las niñas y los niños, su salud física y emocional, una vida libre de violencia y, sobre todo, una infancia libre y con dignidad. Ninguna política migratoria puede estar por encima del bienestar de la niñez, porque sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, son niñas y niños.