Montaña adentro

Abel Barrera

Sacudida social

Ha pasado un mes después del primer terremoto que sacudió el sureste mexicano. Un mes sin que los niños puedan ir normalmente a clases porque sus escuelas fueron dañadas o totalmente destrozadas. Más de 30 días en los que las mujeres no pueden alimentar debidamente a sus hijos/as ante la contingencia alimentaria que prevalece en diversas zonas del país. Setecientas cuarenta y seis horas con el arado y la pesca ausente, pues los campesinos han volcado sus esfuerzos en recoger escombros, atender emergencias y reconstruir sus vidas.

De los sismos “se cayó la pirámide de poder y brotó la fuerza de México encarnada en su sociedad civil”, dice la escritora Sabina Berman, pues los terremotos del 7 y 19 de septiembre -no sólo cimbraron la tierra- sino la movilización y organización comunitaria en el campo y la ciudad.

“Llevo 15 años viviendo aquí, pero hasta septiembre de 2017 conocí realmente a este país”, afirmó un residente extranjero de la Ciudad de México, luego del segundo terremoto. 

Las caravanas de ayuda humanitaria gestadas y emprendidas desde la sociedad; las vallas humanas; los puños en alto; pervivirán no sólo en la memoria sino en el día a día de quienes en carne propia son parte de la historia que está reconstruyendo nuestro país.

El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre (Plan DN-III-E) se quedó corto ante la acción y compromiso de quienes se han volcado a las comunidades del Istmo de Oaxaca, al estado del General Emiliano Zapata, a Puebla y a la Ciudad de México.

En el discurso las autoridades se han comprometido a trabajar y actuar en beneficio de la ciudadanía afectada pero en la práctica hemos visto cómo el uso político prevalece ante el estado de emergencia.

Políticos poniendo nombre en la ayuda que envían; autoridades queriendo concentrar los víveres -sin que estos sean repartidos-; militarización; elementos de seguridad pública impidiendo el paso a las y los jóvenes que ejercieron su solidaridad; políticas que privilegian los objetos materiales sobre la vida humana, principalmente la de las mujeres, son algunas de las realidades que marcan esta catástrofe.

Los fenómenos naturales cambiaron la agenda social, pero no se nos olvida que justo días antes de que ocurrieran, Animal Político hacía pública su investigación “La estafa maestra, graduados en desaparecer dinero público” que evidencia el nivel de corrupción que permea en la administración pública. 

La investigación periodística da cuenta de que “el Gobierno Federal, a través de 11 dependencias, les ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, junto con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones”. Utilizando “128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios”.

Entre las dependencias destaca la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) -en ese entonces con Rosario Robles como titular- quien deja en el desamparo a las miles de familias damnificadas por las tormentas Ingrid y Manuel de septiembre de 2013 que afectó la Montaña de Guerrero. Lamentablemente en este sistema de corrupción la investigación descubrió el involucramiento de universidades públicas.

Esta realidad de corrupción e impunidad, nos previene como sociedad civil y nos obliga a un permanente monitoreo de los recursos que se pedirán para atender los impactos de los terremotos vividos recientemente.

Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) “actualmente cuenta con alrededor de 9 mil millones de pesos, además el bono catastrófico del Banco Mundial de alrededor de 360 millones de dólares”.

Pese a la activación de estos bonos multimillonarios para la reconstrucción de viviendas y reparación de infraestructura, a un mes de la tragedia en los estados afectados: la gente sigue durmiendo en la calle, no todas las casas han sido censadas, ni han recibido apoyo alguno; familias enteras permanecen en albergues; los centros de acopio civiles son los que prevalecen; las autoridades impulsan aulas temporales o móviles (no nuevas edificaciones); algunos medios de comunicación fomentan la información manipulada; se han desplegado centenas de elementos del ejército, sobre todo en el Istmo de Oaxaca.

Las familias son quienes construyen aulas de carrizo; quienes reconstruyen sus casas; previenen enfermedades y poco a poco comienzan a reactivar su economía. Al esfuerzo ciudadano se suma el apoyo y la solidaridad internacional proveniente de artistas, Estados u organismos, pero estos apoyos no han sido transparentados en su uso.

En este contexto, voces como la del académico Hugo Delgado Granados, director del Instituto de Geofísica de la UNAM refieren que los desastres provocados por sismos y huracanes “no deben considerarse únicamente ‘naturales’, sino como socialmente construidos por la corrupción y la negligencia” pues a ello se suma la corrupción de las constructoras; la violentación de normas de construcción de inmuebles y la negligencia de las autoridades, particularmente en la Ciudad de México donde algunos de los edificios derribados llevaban poco tiempo de haber sido entregados a sus dueños.

Hasta el 30 de septiembre, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano registró 5935 réplicas y sigue temblando.

El terremoto más fuerte de los últimos 100 años en la historia de México cimbró las conciencias. Hoy hay una sociedad que exige que el dinero de los partidos políticos para la contienda del 2018 se asigne para la reconstrucción del país pero no sólo eso: se cuestiona la funcionalidad del sistema de partidos, pues hasta en las catástrofes más sentidas, prevalece el oportunismo y la avaricia, la omisión y la ineficacia de las autoridades.

“La sociedad que se rescata así misma” advierten después del sismo. Probada está -una vez más- la fuerza invencible de la organización, la organización comunitaria. Su impacto ha espantado al poder pero sobre todo, espantó los miedos de una sociedad que a ratos se mantiene envuelta en la quietud.

México no es el mismo desde este otro septiembre, y si lo decidimos, podrá ser mejor luego de experimentar esta sacudida social que nos enfrentó cara a cara con lo único auténtico y reparador que tenemos: nosotros mismos.

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Abel Barrera

Antropólogo mexicano y defensor de los derechos humanos. En 1994 fundó el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en Guerrero, México. Ha recibido diversos premios por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, de Amnistía Internacional Alemania en 2011, y el premio de derechos humanos 2010 del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, entre otros

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