El pasado 23 de junio Rodolfo Ríos presentó su renuncia como Procurador General de Justicia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Generalmente cuando una persona deja un alto cargo en el servicio público se realiza una evaluación el que regularmente se reconocen tanto los aciertos como los errores; al hacer este ejercicio en el caso del ahora ex procurador, no encuentro ningún aspecto positivo que reconocer. A nivel general no dudo en llamarlo como el procurador más gris que ha tenido esta capital, quien a pesar de sus nulos resultados fue mantenido por cinco años por Miguel Ángel Mancera, simplemente por ser su incondicional.

Desde mi perspectiva, Rodolfo Ríos tenía tres grandes mandatos que implicaban una transformación estructural de la actual Procuraduría: transitar del sistema inquisitorio al sistema acusatorio adversarial, lo que conllevaba una capacitación profunda de agentes del Ministerio Público, policía de investigación y demás personal, así como una modernización de los procedimientos internos; encabezar la transformación del área de atención a víctimas, para hacerla autónoma a la propia institución, y generar las condiciones necesarias para reformar a la institución en una Fiscalía General, autónoma de las decisiones políticas, encargada de una investigación científica y que represente a la sociedad y a las víctimas .

En estas tres grandes áreas, existe un claro incumplimiento a lo largo de la gestión de Ríos, ya que muy poco personal de la PGJ conoce el funcionamiento del sistema acusatorio y puede litigar con eficiencia, la realidad es que las viejas prácticas permanecen en la institución, y lo único que están haciendo es replicar las “mañas” de costumbre en el nuevo sistema. En cuanto a las áreas especializadas para la atención a víctimas, lamentablemente la Ciudad de México es una de las entidades federativas en las que poco o nada se ha avanzado para conformar una Comisión Estatal de Víctimas, independiente de la Procuraduría.

En la actualidad la Subprocuraduría de Atención a Víctimas, es un área que se encuentra a cargo de una servidora pública, que no cuenta con el perfil idóneo para ocupar dicho puesto ¾antes de ser subprocuradora laboraba en la Fiscalía de Asuntos Financieros¾ y cuyos resultados se ven reflejados en las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad, por ejemplo, la del caso Narvarte (Recomendación 4/2017).  Ríos replicó al Interior de la institución lo que Mancera le demostraba desde afuera “no importan los resultados, siempre y cuando me seas incondicional” por ello, en general conformó una Procuraduría con servidoras y servidores públicos de bajo perfil.

Por lo que hace a la transformación de la PGJ a una Fiscalía General, proceso que por mandato constitucional debe concluir en enero de 2018, no se ha hecho nada para concretar esta modificación que implica una refundación que busca que la nueva institución combata efectivamente los delitos, que erradique la impunidad, que proteja a las víctimas y que repare el daño causado.

A la ausencia de avance en los cambios estructurales que debió encabezar Ríos, debemos sumar la forma en la que atendió muchos de los casos más relevantes que se le presentaron; iniciando por las acusaciones sostenidas a toda costa contra las personas detenidas el 1 de diciembre de 2012, el secuestro de jóvenes en el Bar Haven, los 25 perritos “detenidos” por haber matado a 4 personas en Iztapalapa, entre muchos otros, igual de vergonzosos.

Tampoco se puede omitir que durante la gestión de Ríos prácticamente se negó el acceso a la justicia a las mujeres y las niñas de esta Ciudad, pues durante su administración no sólo se incrementaron los feminicidios, las violaciones, sino también conocimos de casos claros de criminalización de mujeres, donde lo que pesaba no era la Ley sino los prejuicios institucionalizados en la Procuraduría General de Justicia.

Entre los casos de inacceso a la justicia, podemos mencionar el de Yakiri Rubí Rubio, quien estuvo presa por tres meses acusada de asesinar a su violador, si bien gracias a la presión social se logró su libertad, uno de los violadores permanece en libre y la investigación fue enviada a reserva hace unos pocas semanas.

No podemos pasar por alto en este recuento, las denuncias por trata de personas en contra del ex líder del PRI Cuauhtémoc Gutiérrez, quien operaba una red de prostitución al interior de su partido y quien nunca fue investigado realmente por la PGJ, institución que además de negarles la justicia a las víctimas, se negó a darles protección colocándolas en una situación de alto riesgo.

La criminalización de las víctimas fue otro de los sellos que caracterizó la administración de Ríos, no podemos olvidar a las mujeres colombianas Sthefanie Magón o Mile Virginia Martín, a quienes por su nacionalidad y características físicas, la PGJ las relacionó con prostitución y drogas, donde ambas según la propia autoridad fueron “responsables de su muerte”. En el caso de Sthefanie la versión oficial fue que “tomó impulso y saltó de un balcón completamente desnuda”, sin motivo aparente. En el caso de Mile Virginia, una de las víctimas del caso Narvarte, fue responsabilizada prácticamente de traficar con drogas y ser amiga de los criminales que asesinaron a Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete.

Rodolfo Ríos se fue sin dar resultados y cometiendo graves irregularidades en las investigaciones, para muestra el caso Narvarte cuyas violaciones quedaron documentadas en el Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (4/2017); el caso de Lesvy una joven asesinada en la UNAM y donde la PGJ se ha obsesionado con negarle el acceso a las investigaciones a la familia y sus abogadas, además de tener la intención de cuadrar todo en un “suicidio”.

Tampoco podemos dejar de mencionar el caso de Itzel el cual hace unos días se hizo público, una niña de 15 años víctima de violencia sexual y que para defender su vida hirió mortalmente a su agresor, en este caso la PGJ cerró la carpeta de investigación por violación sexual ante la muerte del responsable, pero mantuvo abierta la investigación por homicidio prácticamente por un mes. El día que se denunció la historia de Itzel en conferencia de prensa la PGJ decidió cerrar la investigación, tan sólo 2 horas después de que sus familiares y representación jurídica, reclamaron la actuación arbitraria de esa institución. En una ciudad donde el 98 por ciento de los casos de violencia sexual están en la impunidad, resulta vergonzoso e incongruente que la autoridad utilice los recursos institucionales para investigar a una niña que actuó en defensa propia frente a su agresor quien pretendía asesinarla.

Por estas razones, no dudo en afirmar que entre las mejores decisiones que ha tomado Miguel Ángel Mancera durante su administración, es haberle recibido la renuncia a Rodolfo Ríos, quien se caracterizó por ser un servidor público ineficaz, como lo evidencian los resultados.  Sin embargo, llama la atención el comunicado emitido por Jefatura de Gobierno donde “le desea éxito en sus futuras aspiraciones y responsabilidades profesionales”.

Esta redacción puede ser una simple deferencia de Miguel Mancera a su amigo, aunque también cabe la posibilidad de que Rodolfo Ríos busque ocupar otro cargo de mayor responsabilidad, lo cual sería un verdadero despropósito. Lo mejor que puede hacer Rodolfo Ríos por esta Ciudad y este país es no volver a ocupar ningún cargo público donde sea responsable de la seguridad, la libertad, la integridad y los bienes de las personas.