El pasado 21 de abril el Poder Judicial Guatemalteco notificó al Gobierno mexicano que tenía 60 días para solicitar la extradición de Javier Duarte de Ochoa, de lo contrario se revocarán las medidas de coerción que le fueron impuestas, es decir no tendrían una justificación legal para mantenerlo privado de su libertad.

¿Pero exactamente qué implicaciones tiene que México en 60 días haga la solicitud de extradición de Javier Duarte? Primero, es importante señalar que en materia de extradición el plazo se cuenta en días naturales, no en días hábiles como en la generalidad de los procesos legales. Por ello, el plazo que tiene el Gobierno mexicano para presentar esta solicitud vence el próximo 20 de junio.

Hasta ese facha, nuestro país tiene para enviar vía diplomática la solicitud por escrito, la cual debe acompañar, entre otros documentos: la copia certificada de la orden de aprehensión. Después de entregar esta solicitud, un Juez de Guatemala convocará a un juicio de extradición, en el cual no podrá discutirse sobre la existencia del hecho imputado o de la culpabilidad del requerido, restringiéndose el debate a las condiciones exigidas por el tratado aplicable. El juez resolverá si la extradición es o no procedente y cualquier caso, la sentencia dictada podrá ser sujeto de impugnación.

De acuerdo con el procedimiento descrito, eventualmente Javier Duarte de Ochoa regresará a México para ser procesado, solo que cuando eso ocurra, habrán transcurrido varios meses. Más allá del procedimiento, el elemento que quiero resaltar es: ¿cuáles serán los delitos por lo que tendrá que responder ante la justicia mexicana?

Un elemento que resulta clave para entenderlo, es lo establecido en el Tratado de Extradición, en su artículo décimo quinto:

1.- La persona reclamada que ha sido entregada de conformidad con este Tratado no podrá ser detenida, juzgada o sancionada en el territorio de la Parte Requirente por un delito distinto a aquel por el cuál se concedió la extradición…

Es decir, de acuerdo con lo anterior, Javier Duarte solo podrá ser procesado en México por los delitos que cuenten con órdenes de aprehensión y sean anexados en la solicitud de extradición que presente vía diplomática antes del próximo 20 de junio.

Hasta ahora, se cuenta con tres órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte, de acuerdo al portal Animal Político (http://www.animalpolitico.com/2017/04/duarte-orden-aprehension-veracruz/) dos de ellas son obsequiadas por jueces de control locales, en las causas penales 56/2017 y 38/2017 por el desvío de 2,300 mdp, y otra  girada por un juez federal por peculado, desvío millonario de fondos públicos, lavado de dinero y delitos electorales. Es decir, el ex gobernador únicamente tiene que responder por delitos de carácter económico y electorales.

Sin embargo, Javier Duarte es responsable de otros crímenes, a manera de recuento: entre el 2011 y el 2016, en el Estado de Veracruz, fueron asesinados al menos 19 periodistas y cuando menos 2 se encuentran en calidad de desaparecidos. Esa administración evidenció que ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo.

Asimismo, en los prácticamente seis años que estuvo al frente de la entidad, miles de familias vieron a sus seres queridos ser “levantados” por grupos armados en las plazas a plena luz del día; presenciaron enfrentamientos entre los grupos criminales y las “fuerzas del orden”, donde muchos civiles perdieron la vida; miles de personas jubiladas simplemente dejaron de recibir su pensión porque “no había dinero”; tan sólo en 2014 desaparecieron 88 mujeres y se cometieron 74 feminicidios, mientras que para el 2015 la cifra de mujeres asesinadas se elevó a 93 y la cifra de desaparecidas subió a 156.

En el año 2015, fueron encontradas 13 fosas clandestinas con un número aún indeterminado de cuerpos, la propia Fiscalía del estado señaló que existían en ese mismo año el reporte y denuncia de desaparición por la ausencia de 950 personas. De estas 950, 155 fueron clasificadas como desaparición forzada, es decir, que en ellas intervinieron servidores públicos de la entidad en complicidad con algunos grupos criminales.

Entre 2012 y 2015, 186 policías municipales y estatales, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, por sus posibles vínculos con estos mismos grupos delictivos que azotan Veracruz y que parecen imponer su ley y su control incluso en las altas esferas del gobierno.

No puedo dejar de mencionar, el crimen ocurrido en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, donde fueran asesinadas cinco personas, entre ellas, el periodista Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera, quienes habían huido de Veracruz ante las amenazas que recibieron de grupos vinculados con Javier Javier Duarte y Arturo Bermúdez Zúrita, ex secretario de Seguridad Pública.

Como mencioné hasta ahora las órdenes de aprehensión contra del que era llamado ·”el gobernador Z”, giran en torno al desvío de recursos del erario público, al uso de recursos y programas sociales sin comprobación y a un desfalco a la hacienda pública, al presunto uso de recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada, es decir, son esencialmente acusaciones de tipo económico, que aunque importantes, tampoco evidencian la magnitud del desastre que provocó su gestión en Veracruz. De acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, señala que el desfalco económico asciende a 60 mil mdp.

Hasta ahora ninguna instancia federal o local, le ha imputado una responsabilidad directa o indirecta, por acción o por omisión, o siquiera por ejercicio indebido del servicio público, por las cientos de personas desaparecidas bajo su gobierno, por la operación de grupos para-policiales que bajo el mando de su ex secretario de Seguridad Pública se dedicaron a sembrar el terror a lo largo y ancho de la entidad, por su vínculo con el grupo delincuencial de los “Z”. Tampoco por las y los periodistas asesinados dentro y fuera de Veracruz y que habían sido críticos y detractores de Duarte y de su equipo de gobierno, tampoco se integra ninguna investigación por el financiamiento irregular e ilegal de campañas políticas que desde el gobierno de Veracruz se habían dirigido hacia varios estados del país, y desde luego que no se investiga a fondo nada que pueda relacionar a Duarte con el ejercicio del Gobierno de Peña Nieto y con los recursos utilizados durante su campaña a la presidencia de la República.

De solicitar la extradición únicamente por delitos económicos y electorales, Javier Duarte quedará impune de los verdaderos crímenes que cometió en Veracruz, ya que no podrá ser procesado ni vinculado a una nueva investigación, a pesar de las fosas, de los testimonios de las familias, de los asesinatos de periodistas, de activistas, a pesar de la evidencia presentada por la Auditoria Superior de la Federación quien desde 2013 a 2015 interpuso más de 60 denuncias contra el gobierno de Javier Duarte y ninguna ha sido determinada.

Una amiga guatemalteca, me decía que los procesos de extradición han sido la enésima ruta de la impunidad que han descubierto los criminales, en el caso guatemalteco muchos han logrado librar un juicio por genocidio al ser extraditados a Estados Unidos para ser juzgados por lavado de dinero o narcotráfico. Así que parece ser, que esta enésima ruta de impunidad es la que han decidido utilizar Javier Duarte y el Gobierno mexicano.

El gobierno mexicano tenía la opción de solicitar la deportación de Javier Duarte, ya que ingresó con un pasaporte falso. En este procedimiento, las autoridades guatemaltecas no tenían más que dejarlo en la frontera y en ese momento podía ser detenido por las autoridades mexicanas. Es decir, Javier Duarte, podía estar en este momento, sujeto a proceso por las tres causas penales que ya cuentan con orden de aprehensión y ser investigado por todos los crímenes pendientes.

No cabe duda que para el gobierno priista es menos costoso políticamente, condenar a un “ex priista” por el desvío de recursos que por sus vínculos con las ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, feminicidios, relación con la delincuencia organizada, actos que en muchos de los casos constituyen crímenes contra la humanidad.