Para nadie es un secreto que en México existe una política migratoria que se centra en la seguridad nacional y el control fronterizo por encima de la seguridad humana, y a partir del 2014 fue más evidente tras la puesta en marcha del Plan Frontera Sur. La detención migratoria se refuerza como la regla y no la excepción. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, la detención de personas migrantes incremento un 130% para el 2015 en comparación con el 2013 (para las mujeres y las niñas migrantes, en el mismo periodo de tiempo, incrementó un 250%).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, en diversos informes ante el contexto regional en materia migratoria, que “la detención constituye una medida desproporcionada y los programas de alternativas a la detención configurarían una opción más equilibrada…tomando en cuenta el impacto negativo que la detención tiene en la salud física y psicológica de las personas”.

Para diciembre del 2015, el gobierno mexicano mostró voluntad política para eliminar la detención migratoria, al menos en lo referente a la niñez y adolescencia migrante, a través de la publicación del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en su artículo 111 señala que ninguna niña, niño o adolescente, independientemente si viaja solo o en compañía, debe ser privado de su libertad en estaciones migratorias. Aún si en la práctica la detención sigue, lograr eliminarla requiere de la coordinación entre diferentes actores y a diferentes niveles.

Para analizar los avances y compartir experiencias sobre la implementación de las alternativas a la detención migratoria, conocer las barreras a las que se han enfrentado como parte de los programas pilotos, así como generar un diálogo que fortalezca los procesos de gestión y acompañamiento de casos, el pasado 13 y 14 de julio se llevó a cabo en la Ciudad de México la primera “Mesa Nacional de Gestión de Casos: evaluando las alternativas a la detención migratoria e intercambio de experiencias sobre implementación”, con la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), albergues, dependencias de gobierno y organismos internacionales.

En dicha reunión, las OSC y los albergues coincidieron que sus principales retos se centran en contar con mayor claridad sobre los criterios para elegir a las personas que pueden ser beneficiarias de una alternativa a la detención, ya que actualmente se ha priorizado a la población solicitante de asilo y a la niñez y adolescencia; acceso a la información para las personas migrantes o solicitante de asilo, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (COMAR), tanto del procedimiento como de las obligaciones contraídas al llevar su procedimiento fuera de las estaciones migratorias; una adecuada representación legal; estrategias coordinadas en los servicios de atención, información y acompañamiento que facilite a las personas migrantes su participación en las decisiones de su caso; así como fortalecer el trabajo en redes que incluya nuevos actores para brindar respuestas a necesidades de atención específicas como adicciones, padecimientos psiquiátricos o psicológicos, depresión y/o ansiedad.

En el caso de las niñas, niños y adolescentes es necesario hacer más eficientes los tiempos de resolución de sus casos, por parte de las autoridades, con la finalidad de no retrasar su estancia en albergues, al tiempo que se consideren opciones de reunificación familiar y la revisión de modelos que favorezcan la autonomía progresiva de esta población.

Las autoridades gubernamentales, señalaron la necesidad de fortalecer un mecanismo efectivo de gestión de casos que permita disminuir el abandono de los procedimientos iniciados por el INM y la COMAR; agilizar los procedimientos de identificación, registro y emisión de constancias de trámite; identificar nuevos actores de la sociedad civil; así como mejorar la identificación de enlaces institucionales que faciliten la coordinación de las acciones que se implementan a lo largo del procedimiento.

De acuerdo con la COMAR, en 2016, 8,788 personas solicitaron asilo y sólo fueron reconocidas 3,076 frente a las más de 150 mil personas detenidas por el INM en ese mismo año. En tanto, derivado de los programas de alternativas a la detención, del 2016 a la fecha, de las 1,260 personas que solicitaron asilo (574 mujeres y 686 hombres), 231 fueron reconocidas con la condición de refugiadas y a 92 se les otorgo protección complementaria. 81% de esta población proviene del triángulo norte de Centroamérica.

Tras dos días de diálogo interinstitucional se coincidió en la necesidad de fortalecer herramientas sobre derechos de la niñez y adolescencia, género, adicciones, y modelos de atención que promuevan de manera efectiva el derecho a la libertad personal, además de explorar las implementadas en otros países que han arrojado resultados positivos.

Entre las organizaciones y albergues presentes en este primer esfuerzo encontramos a la Casa de Acogida Formación y Empoderamiento de la Mujer Internacional y Nacional (CAFEMIN); Casa Alianza; Sin Fronteras, IAP; la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana; el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, AC; la Casa del Migrante Tapachula, Albergue Jesús el Buen Pastor; Aldeas Infantiles México; el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Coalición Internacional contra la Detención (IDC); Programa Casa Refugiados; Albergue Cerro del 4; FM 4 Paso Libre; Albergue El Colibrí; Hogar Refugio para Migrantes La 72; Casa YMCA Tijuana; y Asylum Access México. Por parte de gobierno estuvieron el INM, la COMAR; la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA); y de los organizamos internacionales el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

*Gestora de Casos de Infancia Migrante del IMUMI
Twitter:@imumidf