Por. Berenice Valdez Rivera, coordinadora de políticas públicas

Instituto para las Mujeres en la Migración AC

Twitter: @imumidf

Con una población de 12 millones viviendo en Estados Unidos, 50% mujeres; alrededor de 400,000 personas atravesando el país en situación migratoria irregular, 90% provenientes de Centroamérica, de las cuales 25% son mujeres y niñas; y las más de 550,000 niñas y niños nacidos en Estados Unidos viviendo en México con derecho a la doble nacionalidad al ser hijas o hijos de madre y/o padre mexicano, el Estado mexicano tiene en su agenda 30 recomendaciones de Naciones Unidas sobre migración.

Han pasado 27 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares en 1990. Tras 9 años México la ratificó, y con ello asumió responsabilidades para la protección de los derechos de las personas migrantes.

El pasado 14 de septiembre el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) emitió 30 recomendaciones al Estado mexicano, como parte del tercer informe periódico que México presentó en mayo del 2017, y sustentó el 6 y 7 de septiembre del año en curso. La mayoría de las recomendaciones no son nuevas, sino preocupaciones que el CMW ha manifestado desde el 2006, y posteriormente en 2011.

El CMW reitera su preocupación por la política de detención, que ha implementado México, como regla y no excepción, teniendo como resultado, entre 2014 y 2016, un incremento del 63% en la detención de niñas y mujeres migrantes, y un 41% de niños y hombres migrantes, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, por lo que exhortan al Estado mexicano a adoptar con urgencia medidas para eliminar esta práctica a través de alternativas a la detención.

En materia de acceso a la justicia, en especial para mujeres y niñez, el CMW vuelve a centrar su llamado en la necesidad de generar investigaciones diligentes, medidas efectivas de asistencia y reparación integral del daño, garantías de no repetición, y sanción de los responsables. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mientras que en 2000 recibieron 75 quejas contra autoridades federales por presuntas violaciones a derechos humanos de personas migrantes, en 2011 se registraron 1,553 quejas dirigidas principalmente al Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y la Policía Federal Preventiva.

Al tiempo que hace hincapié en la necesidad de armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y a ratificar diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos el 189 relativo a las trabajadoras del hogar, que redunden en un impacto efectivo en la vida de las personas migrantes en el país.

A estas recomendaciones añejas pero vigentes, el CMW, por primera vez hace referencia a la reintegración social en el país, a través de temas como el acceso a la educación y la identidad de las personas migrantes retornadas a México. Se estima que cada año han sido deportadas desde Estados Unidos alrededor de 400,000 personas migrantes, 75% de nacionalidad mexicana. Mientras que el censo de población mexicano del 2010 señala que en el país viven 600,000 niñas y niños nacidos en Estados Unidos de madre y/o padre mexicano, quienes tienen derecho a la nacionalidad mexicana.

Además de retomar elementos de la Recomendación General No.26 sobre las trabajadoras migratorias de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) sobre la flexibilidad para la regularización migratoria de las trabajadoras migrantes, que de acuerdo con la Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur, 70% de las trabajadoras temporales en Chiapas, son trabajadoras del hogar. Así como poder trabajar de manera independiente del empleador o pareja; y acceso a servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

Finalmente el CMW reitera la importancia de trabajar de forma articulada y continua con las organizaciones de la sociedad civil, y llama al Estado mexicano a crear un espacio de monitoreo y seguimiento de las recomendaciones, donde la sociedad civil este presente, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, con el propósito de enviar avances de dichas recomendaciones en octubre del 2019, previa al cuarto informe que será en 2022.

Como organizaciones de la sociedad civil, academia, y medios de comunicación no podemos esperar 11 años más para recordarle al Estado mexicano que los compromisos asumidos al ratificar cualquier convención no terminan con una firma, sino con la armonización en las leyes nacionales y estatales, la asignación de presupuesto, la generación de políticas públicas, y los cambios efectivos y palpables en la vida de la población migrante, dentro y fuera del país.