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En julio 2022, algunas colegas del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), fueron a la frontera norte para hablar con mujeres solicitantes de asilo esperando sus casos bajo “Quédate en México”, un programa iniciado por la administración de Donald Trump en enero 2019 a través del cual solicitantes de asilo en Estados Unidos eran regresadas a México a esperar sus procedimientos. México acordó recibir a estas personas y al hacerlo tenía y tiene que cumplir con obligaciones de protección para solicitantes de asilo, incluyendo acceso a la comunicación sobre sus casos, acceso a representación legal, a seguridad física, a salud, vivienda, educación, y a no ser retornada al país de persecución.

Organizaciones de la sociedad civil e internacionales en México y Estados Unidos han hecho lo posible para apoyar a estas personas, más de 84 mil desde que el programa inició en enero 2019, pero ha sido cuesta arriba debido a las condiciones de inseguridad en la frontera, las dificultades de representar legalmente a personas en otro país, la falta de información sobre sus procesos legales en Estados Unidos y sus derechos en México. Las personas obligadas a esperar sus casos de este lado se han quedado en un limbo jurídico en ambos países y en situaciones de extrema vulnerabilidad ante el crimen organizado que aprovecha la situación –secuestrando a miles y extorsionado a sus familiares en Estados Unidos-, cobijados por la colusión con las autoridades mexicanas y las tasas de impunidad del 98% en México.

La violencia contra la población ha sido documentada por organizaciones de la sociedad civil a lo largo de las diferentes versiones de “Quédate en México” desde 2019, y el programa ha sido denunciado y litigado en ambos lados de la frontera, incluso por la administración Biden, quien intentó dos veces terminarlo, esta última vez a través de un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional en agosto de 2022. Hay muchos problemas de fondo con el programa, iniciando con el objetivo de su implementación: disuadir la migración y violar el derecho de las personas a solicitar asilo en el país que se sienten seguras.

Del lado mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación jugaron a la víctima y dijeron que iban a recibir a las personas por “razones humanitarias”. El gobierno mexicano se comprometió a proteger a las personas a través de comunicados de prensa en vez de publicar su política migratoria en el Diario Oficial de la Federación como lo establece la ley, en un intento cínico de evadir sus responsabilidades. Lo peor es que han seguido utilizando la contención migratoria a cambio de prioridades en la agenda bilateral mexicana como la no imposición de aranceles en 2019, apoyos para los programas sociales “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, vacunas contra la COVID-19, y el silencio de la administración Biden ante las políticas energéticas mexicanas basadas en la expansión de la capacidad petrolera, a pesar de estar en un momento histórico de cambio climático causado por la sobre utilización de combustibles fósiles.

¿Cómo es posible, nos preguntamos, que después de casi 4 años de un programa que ha estado plagado de violencia y violaciones de derechos no haya costos para los gobiernos? Hemos intentado reuniones con autoridades de ambos lados de la frontera, cartas colectivas a los Congresos, a los presidentes, a las autoridades encargadas, litigios de todos los niveles, denuncias penales, artículos periodísticos, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e instancias regionales e internacionales, y nada ha podido acabar con el programa. Parece la COVID-19: justo cuando piensas que ya se acabó sale una nueva versión.

Entonces nuevamente las colegas del IMUMI fueron a la frontera para hablar con mujeres esperando sus casos. En esta ocasión eran de Nicaragua y Cuba principalmente. Mujeres jóvenes huyendo de diferentes situaciones políticas en sus países –todas con la esperanza de alcanzar a sus redes familiares en Estados Unidos y sentirse seguras. Estas mujeres estaban esperando sus procedimientos desde albergues de la sociedad civil en México, con poca infraestructura pero que intentaban ofrecer un lugar seguro. Todas las mujeres entrevistadas habían sido víctimas de robo de parte de autoridades en su camino por México, elementos de la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, policías estatales o “hombres vestidos de gris” que les habían quitado $2,000 o $250 dólares o $500 pesos mexicanos, sus únicos recursos. En dos de los casos, las mujeres habían sido víctimas de violencia sexual, por el traficante y por un policía municipal que la tocó mientras la extorsionaba al mismo tiempo.

Varias de las mujeres contaron que habían sido secuestradas en el camino, en Veracruz, Chiapas, Reynosa y Monterrey. Ninguna había denunciado por miedo a las autoridades. Todas las mujeres habían recibido una forma migratoria múltiple (FMM) –un papelito que sirve como comprobante de una estancia migratoria temporal que no otorga autorización para trabajar-, ligado a la fecha de su próxima audiencia en territorio estadounidense. Algunas de las mujeres habían recibido la Clave Única de Registro de Población (CURP), pero ninguna entendía la utilidad ya que no pretendían salir del albergue por el miedo que sentían. Ninguna mujer entrevistada tenía información sobre sus derechos en México, no entendían de qué servía la CURP ni el FMM.

Tampoco tenían información sobre sus procedimientos en Estados Unidos más allá de la fecha de su próxima audiencia. Ninguna de las mujeres tenía representación legal, aún si dos mujeres habían intentado recibir información y apoyo legal del American Bar Association pero al momento de la entrevista aún no tenían una respuesta. Sus próximas citas en las cortes estadounidenses quedaban aún a dos a tres meses y tenían mucha angustia de cómo iban a poder sobrellevar el encierro en el albergue durante tanto tiempo, pero no se atrevían a salir. La ambigüedad jurídica y en todos los sentidos combinado con los robos, secuestros y violencia que habían vivido en sus países de origen y en su camino, ya tenían secuelas físicas y psicológicas. Como explicó una mujer, “No me siento segura. Me dan ataques de pánico, ansiedad y miedo de salir a la calle. Después de los incidentes de violencia he tenido diarrea y vómito. No me quiero quedar en México”.

Ante estas situaciones de ambigüedad jurídica y trauma psicológico uno pensaría que sería suficiente para poner fin a este fracaso de política. Los gobiernos tienen que tomar responsabilidad por la violencia, violaciones de derechos humanos, la falta de información y representación legal y el limbo jurídico y emocional de estas personas que buscan protección. Mientras la administración de Biden intenta poner fin al programa, siguen los litigios de parte de los gobiernos estatales republicanos. Del lado mexicano la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en puerta una sentencia en el tema este septiembre, a casi dos años después de ejercer su facultad de atracción. Se espera que las y los ministros reconozcan la responsabilidad del gobierno mexicano en la política de “Quedate en México” que sencillamente no podría existir sin su colaboración. La SCJN tiene la oportunidad de asegurar que no sufran más mujeres solicitantes de asilo cuando podrían evitar la violencia y seguir con sus procesos desde los Estados Unidos.

*Directora del IMUMI