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En dos días se cumple el primer año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, y el balance de su gestión en el tema migratorio no es alentador. Parafraseando el reciente informe de Amnistía Internacional, las palabras no bastan. Hemos vivido entre los dichos y los hechos, casi siempre en función de las amenazas del gobierno estadounidense, quien desde 2017 se ha empeñado en colapsar su sistema de asilo, y en México, El Salvador, Honduras y Guatemala ha encontrado a los mejores aliados.

El cierre del sistema de asilo estadounidenses se tradujo, entre otras cosas para México, en aceptar el Protocolo “Quédate en México” –también conocido como Migration Protection Protocols (MPP) o Remain in Mexico, el 20 de diciembre de 2018, en ese momento el gobierno mexicano señaló que era una imposición de Estados Unidos (EUA) y que lo haría por humanidad, el 7 de junio de 2019 formalizó dicho Protocolo, y sus acciones están lejos de lo humanitario.

El 29 de enero de 2019, EUA devolvió a la primer persona por Tijuana bajo el Protocolo “Quédate en México” –a la fecha van más de 55 mil personas, que establece que todas las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, en la frontera con México, serán regresadas a territorio mexicano para esperar la resolución de su caso ante las cortes migratorias estadounidenses. Esto ha generado una crisis humanitaria para estas personas, además de exponerlas a riesgos extremos de manera sistemática.

Forzar a solicitantes de asilo a esperar sus procedimientos migratorios en otro país es algo inédito en las Américas. Vuelve imposible, lo que en las mejores circunstancias es un desafío: conseguir una abogada o abogado que asesore o represente su caso y recabar las pruebas que lo respalden. Es casi imposible salir del programa.

Actualmente, se les devuelve por seis ciudades fronterizas mexicanas: Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Estados Unidos tiene prohibido a sus funcionarios viajar a Tamaulipas, pero no a personas con necesidades de protección internacional —por qué piensa que es adecuado mandar a esta población y no a sus funcionarios.

Más aún, coloca a las personas en inseguridad e incertidumbre absoluta: muchas personas regresan a vivir en situación de calle a México; los albergues están saturados y las personas sin posibilidades de trabajo. El Instituto Nacional de Migración no está cumpliendo con lo que prometió, aún si ha empezado a dar Claves Únicas de Registro de Población (CURP’s) temporales—vigentes, como su estancia en el país, hasta su próxima fecha de audiencia en EUA, que puede ser en un mes o en cinco—pero estas son de poca utilidad, ya que incluso quiénes podrían acceder a un empleo, a veces no pueden aceptarlo pues vienen con hijas e hijos pequeños y no tienen quién los cuide.

Esto, sin entrar a hablar del riesgo extremo que corren las personas—particularmente en los estados de Tamaulipas y Chihuahua—de ser secuestradas o desaparecidas al volver a México. Al igual que personas deportadas, aquellas sujetas a “Quédate en México” entran a México en horarios fijos, directo desde la detención migratoria en EUA y con una bolsa de sus pertenencias personales en mano. Son fácilmente identificadas por elementos del crimen organizado.

De acuerdo con un monitoreo en línea de 70 publicaciones que reportaban el secuestro de solicitantes de protección internacional en la frontera norte de México -realizado entre septiembre y octubre de 2019, se registraron 418 reportes. Tamaulipas, Baja California y Chihuahua fueron los estados donde mayor número de secuestros se registraron; central de autobuses, saliendo de los módulos del Instituto Nacional de Migración y a la salida de albergues, los lugares de secuestro; siendo el crimen organizado y la policía federal los principales perpetradores. 13% del total de los 418 reportes pertenecen a mujeres, quienes también sufrieron abusos sexuales; 50 son menores de edad; y 38 familias. Esto, sin hablar del subregistro que existe por miedo a denunciar.

Con este panorama, los dichos del gobierno de contar con “una política migratoria de derechos humanos” o de “aceptar ‘Quédate en México’ por humanidad” son mera retórica. Desde IMUMI, llamamos al gobierno de México a dar marcha atrás a este Protocolo; a garantizar la integridad y la vida de solicitantes de asilo -bajo “Quédate en México”, frente a la inseguridad extrema que enfrentan al reingresar al país; y de asegurar que por ningún motivo se detiene, ni deporta a una persona parte de dicho Protocolo.

Es evidente que México no está persiguiendo ni construyendo ninguna política pública para atender integralmente a esta población y asegurar su integridad y acceso a derechos mientras permanecen en territorio nacional. Este, es sólo un ejemplo de cómo el gobierno mexicano se ha alineado a una política migratoria que no le pertenece, pero que ha abonado a fortalecer. Una muestra de las contradicciones de esta administración, donde cada mañana escuchamos un mensaje y por la tarde, a menudo, las noticias nos reportan acciones contrarias, ninguna alineada a los principios básicos de respeto de derechos en el tema migratorio y de protección internacional.

Mientras el gobierno estadounidense olvida que el tema migratorio y de asilo es una responsabilidad compartida en la región. El Protocolo “Quédate en México” viola el marco legal de su país y las obligaciones internacionales sobre el retorno de personas refugiadas (non-refoulement) y su derecho a la no persecución, además de omitir descaradamente las leyes de asilo aprobadas por el Congreso estadounidense para las personas solicitantes de refugio que buscan protección en la frontera.

En tanto, hace unos días las noticias nos daban cuenta de que empezaba a ser implementado el “Acuerdo de cooperación en asilo” (ACA, por sus siglas en inglés) entre EUA y Guatemala. Bajo este acuerdo, EUA puede hacer una evaluación sumaria respecto de una persona—hasta ahora, los lineamientos indican que se aplicará a personas hondureñas y salvadoreñas—para decidir mandar a la persona a Guatemala para solicitar asilo allá, en vez de hacerlo en EUA. Esto resulta grave, pues bajo ningún supuesto Guatemala puede considerarse un país seguro para solicitantes de asilo, ni tampoco tiene un sistema de asilo con capacidad mínima de protección.

*Abogada DE LA Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC