Aquella primera reunión fue un logro inédito en Guanajuato por parte de los colectivos. Después de dos meses de insistencia, actos simbólicos y caminatas, cartas formales y peticiones en medios, realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, el 16 de enero de 2020 el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se había reunido con las y los participantes de un incipiente y dinámico movimiento de víctimas en el estado. 

Fue un encuentro político, pero también de acercamiento directo de las autoridades de gobierno allí presentes con las víctimas, en el cual el mandatario estatal se comprometió a destinar un fondo no limitativo de 10 millones de pesos primeramente para las necesidades de las víctimas indirectas de la desaparición y la construcción de mesas de trabajo sobre búsqueda y atención a víctimas, temas que fueron tratados en la reunión como parte de las demandas de los colectivos. 

Asimismo, estableció una serie de compromisos para visibilizar la problemática, hacer campañas masivas y convenios específicos con los medios de comunicación, y, en dado caso, evaluar la posibilidad de crear la Comisión de Búsqueda de Personas rápidamente vía decreto, mientras no se aprobaba la Ley estatal de Búsqueda, demorada en el congreso.

Una semana antes se había llevado a cabo otra importante reunión, de alguna forma preparatoria de las siguientes, con Luis Ernesto Ayala, secretario de gobierno, funcionarios de la dependencia a su cargo (SG), la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, representantes de Onu-Derechos Humanos e integrantes de diferentes colectivos de búsqueda de personas como A Tu Encuentro, Búscame-Buscando Desaparecidos México, y Justicia y Esperanza.

Y finalmente, una semana después, el 23 de enero, por primera vez hubo una reunión con el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa, facilitada igualmente por SG. Fue un mes intenso e inédito para las familias y la sociedad, víctimas y testigos de múltiples formas de violencia y presas de la inercia y condescendencia institucional ante la situación. También fue un periodo álgido de promesas y expresión de voluntades que abrió tanto canales de diálogo como fuentes de decepción y tensión. 

Hoy, casi un años después, muchas de aquellas familias pasaron de considerarse como víctimas silenciosas, estigmatizadas por las autoridades y en su entorno, a ser defensoras de los derechos humanos de todas y todos, relacionadas con movimientos y organizaciones nacionales, dotadas de derechos legales y reservas morales, con presencia en el espacio público, pues ya son diez los colectivos que luchan por encontrar a las y los ausentes en Guanajuato: en doce meses han tenido que recorrer a marchas forzadas, en plena pandemia de covid19, el camino que otros grupos han hecho en varios años. 

Como diciembre es época de balances, cabe preguntarse qué pasó con las promesas del gobernador en este 2020 y especialmente cómo fue utilizado el fondo que asignó. Recién en octubre se formó la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), bajo dirección del ex comisionado federal de víctimas, Jaime Rochín, y desde enero va a contar con un presupuesto para el ejercicio de sus funciones de atención, acompañamiento y reparación a las víctimas. Y será insuficiente para atenderlas.

En el estado en que se cometen más homicidios dolosos en el país (4,190 en los primeros once meses), con más de 2,800 personas desaparecidas y más de mil quejas ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, apenas se destinaron a la CEAIV 27 millones de pesos para 2021, de los cuales tan solo diez serán específicamente para el fondo de apoyo a víctimas, y sólo 9 millones se asignaron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), otra institución crucial cuyas funciones e importancia parecen deliberadamente subestimadas por el congreso y el gobierno.   

A través de una petición de acceso a la información pública a la Unidad de Transparencia y SG (folio 02661620 del 17 de diciembre de 2020) conocemos el monto y los usos del fondo puesto por Sinhue al inicio del año. La dependencia agregó lo siguiente: “Derivado del análisis realizado a la solicitud antes mencionada, manifiesto a Usted, que los apoyos monetarios y de cualquier otro tipo, otorgados a familiares de personas desaparecidas en Guanajuato, con cargo al fondo de 10 millones de pesos comprometido por el gobernador el 16 de enero de este año, con fecha de corte al 30 de noviembre de 2020, es el siguiente”:

Una nota de la misma respuesta señala que “los apoyos se otorgan de forma individual a los familiares de personas desaparecidas”, lo cual puede interpretarse como una manera de destacar que, aunque varios colectivos coordinaron buena parte de las demandas de las familias y proporcionaron listas de posibles beneficiarios, finalmente la entrega del apoyo ha dependido justamente de la calidad de víctima indirecta de la desaparición y no de la pertenencia a un colectivo organizado.

Como se puede notar, nada más el 53% del fondo ha sido utilizado, así que no sabemos si el monto restante será entregado en las últimas dos semanas del 2020, aunque es altamente improbable, si lo será en enero de 2021 por parte de la SG o si, quizás, contribuirá a ampliar los raquíticos presupuestos de la CEBP y CEAIV. Las despensas y canastas entregadas para alimentos fueron 490, con un costo promedio de 6,100 pesos cada una, obtenido dividiendo el monto total por la cantidad y también según reiteraron funcionarios de SG en varias reuniones.

Dentro del rubro de “apoyos económicos” no se da mayor desglose, pero se deduce, y también por los testimonios de familiares en la entidad, que posiblemente hubo alguna entrega directa, monetaria: si dividimos el monto total por la cantidad obtenemos un promedio de 2,376 pesos para cada persona beneficiaria o núcleo familiar. Este tipo de apoyo ha resultado bastante “misterioso”, pues fue concedido durante las primeras semanas de la pandemia sólo a algunos grupos de personas y luego fue retirado, pues varios colectivos y familias no pudieron acceder a él, aun habiéndolo solicitado. 

En momentos tan difíciles como los que aún estamos viviendo en Guanajuato y en México, por el covid, la menguante economía y la violencia, un apoyo universal, no revictimizante y digno, bajo criterios claros y transparentes, no condicionado por trámites engorrosos y esperas demasiado largas, hubiera sido de gran ayuda, sin embargo, no fue implementado de esta manera y además el fondo no ha sido del todo aprovechado.

Decidir lo que es mejor para las víctimas sin consultarlas constantemente ni trazar un diagnóstico colaborativo, por ejemplo, mediante mesas de trabajo con una metodología clara, misma que ha sido propuesta y ninguneada en varias ocasiones formalmente durante el año, fue otro grave desacierto. Esta decisión política de no incluir a las víctimas adecuadamente en el proceso y en la toma de decisiones ha transformado unos apoyos, desde luego necesarios, en dádivas y fuente de conflictos. Ha fomentado patrones de dependencia de las instituciones y reforzado el fenómeno de la “administración del dolor” como factores de desmovilización de las demandas sociales más que de empoderamiento de sus promotores. De hecho, lamentablemente, muchas veces se plantean justo para mantener estas dinámicas tóxicas y asistenciales de modo más o menos intencional.

En todo este plan de apoyo, aun disponiendo de fondos suficientes, no se plantearon programas extraordinarios, ex profeso, para atender las condiciones particularmente graves de quienes buscan a su familiar desaparecido en el medio de una pandemia, no se consideró ningún enfoque diferencial, salvo en contadas ocasiones, de manera bastante discrecional y mediante esfuerzos personales o de buena voluntad de algunos servidores. 

Cuando hay crisis la gente necesita comer, es cierto. Pero inmediatamente después necesita encontrar trabajo, mucho más si anda buscando a sus familiares desaparecidos. Y luego, necesitan formación y reconstrucción de vínculos. Allí es donde entra la acción de la política pública. No hubo ningún plan de reinserción laboral de quienes integran las familias sobrevivientes de la violencia y del mecanismo de la desaparición, no se crearon planes de capacitación y formación profesional adecuados para quienes atestiguaron la descomposición social en la entidad y fueron golpeados por graves violaciones a los derechos humanos. 

En fin, en este 2020 el gobierno guanajuatense perdió la gran posibilidad de inaugurar verdaderas políticas públicas para las víctimas de la desaparición con base en las mejores prácticas de otros estados, como por ejemplo Coahuila que dispone de un fondo especial para víctimas de desaparición. Las campañas masivas y los convenios con medios de comunicación para sensibilizar sobre la desaparición y difundir alertas eficazmente, entre otras posibles medidas, no se han visto. Las mesas de trabajo no fueron hechas y coordenadas realmente con continuidad y con ámbitos de codecisión para las víctimas y sociedad civil. 

Una parte substancial del dinero comprometido, además de que no se gastó del todo, se centró en atender emergencias sin generar capital y cohesión social, sin crear mecanismos de cogestión y participación de mediano-largo plazo, sin promover soluciones estructurales, empleos y formación, por ejemplo. No se han formado relaciones de confianza sólidas con las organizaciones de la sociedad que tanto han luchado para que las víctimas ya no fueran criminalizadas, invisibilizadas, estigmatizadas y tratadas de manera paternalista. Lo anterior resume unos retos mayúsculos para la gestión futura de la relación con las víctimas tanto por parte de la CEAIV como de la propia SG, cualquiera que sea su titular, y el gobernador.