El 9 de julio más de ciento veinte familias del colectivo A Tu Encuentro, buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato, instalaron un plantón fuera del Teatro Juárez de la capital estatal, pidiendo ser atendidas por el gobernador, Diego Sinhue, en rechazo a la elección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Héctor Díaz Esquerra.

El 3 de julio el titular del ejecutivo estatal había nombrado a Esquerra, bajo propuesta de la Secretaría de Gobierno, como Comisionado, tras un proceso de selección que, según el Observatorio de Designaciones Públicas, organizaciones y colectivos del país, no cumplió con los estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, ameritando ser repuesto (tiny.cc/q5fasz).

A Tu Encuentro también demanda mesas de trabajo sobre atención a víctimas, búsqueda e investigación con metodología clara; reponer el proceso de selección del comisionado quien, según comunicaron públicamente (tiny.cc/2agasz), tiene perfil administrativo, sin experiencia en búsqueda, y no ha acompañado a colectivos del estado; y una disculpa pública del gobernador por unos casos de hostigamiento a las víctimas y la falta de investigación y mecanismos de reparación y no repetición.

El viernes 10, unas sesenta personas de A Tu Encuentro marchaban pacíficamente con las lonas de sus seres queridos en la entrada de la ciudad y fueron reprimidas violentamente por integrantes de la policía estatal: tres buscadoras, una activista y un visitador de CNDH fueron detenidas y liberadas en la tarde, y otra quedó herida (tiny.cc/z0gasz).

“Condenamos que se criminalice y reprima a madres que buscan a sus hijos/as #Desaparecidos , cuando es precisamente el Estado quien debe brindar las medidas integrales para que exista una respuesta y acceso a la justicia”, comentó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en un tweet. Igualmente por twitter Onu-Derechos Humanos reiteró: “Ante los hechos ocurridos en #Guanajuato, la ONU-DH hace un llamado a respetar el derecho a la manifestación e investigar las alegaciones de un posible uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias, y la actuación de la policía”. También CNDH, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social y decenas de organizaciones han condenado lo sucedido.

Históricamente las autoridades de Guanajuato han subestimado la gravedad de las desapariciones en la entidad, pese a que hay entre mil y dos mil personas cuyo paradero se desconoce. Asimismo, la Fiscalía ha negado la presencia de fosas clandestinas, aunque investigaciones hemerográficas confirman la presencia de al menos ciento cinco sitios de este tipo. La tendencia ha sido la criminalización de las víctimas y el ninguneo institucional hacia las familias en búsqueda de las y los desaparecidos. Se sigue un guion que, lamentablemente, se repite en todo el país.

Mientras los empresarios guanajuatenses difundían un comunicado de corte paternal–diazordacista, apelando a la paz, al orden y al Estado de derecho (sic), SEGOB-Gto en respuesta al plantón y a la marcha ya anunciaba el supuesto cumplimiento de los compromisos generados el 16 de enero por el gobernador en su encuentro con los colectivos: un fondo de 10mdp para la atención de las familias de desaparecidos; difusión de fotografías en el portal de la Secretaría de Gobierno; Ley estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas; reuniones con Fiscalía estatal.

Suena algo paradójico y hasta irónico hablar de estado de derecho y desenvainar el argumento evergreen del respeto a la libertad de tránsito (tiny.cc/ry4asz), cuando tienes a la policía pegándole y deteniendo a mujeres indefensas, las cuales, además, ya iban a liberar las vías, y encima estás en un estado en donde cada semana grupos criminales paramilitarizados perpetran matanzas masivas de jóvenes, secuestros en calles y anexos, narco-bloqueos e incendios que, esos sí, no son impedidos por las autoridades. Y vaya que impiden el lbre tránsito, además de cualquier forma de vida civil.

El problema de los acuerdos y promesas mencionados es que no fueron exactamente así como los describe SEGOB Gto (lee aquí) y, además, su cumplimiento es cuestionable.

El fondo no era puramente “de atención”, sino que debía ser para ayudas urgentes y, sobre todo, la integración de mesas de trabajo, según el modelo de Coahuila o Nuevo León, con tomadores de decisiones de gobierno y fiscalía, colectivos, expertos y familias de personas desaparecidas para que implementaran rápidamente medidas de apoyo económico, legal y psicosocial de manera integral, estructural y participativa, siguiendo una metodología que se envió a SEGOB, sobre la cual no se pudo obtener respuesta satisfactoria. Aunque hubo reuniones de algunos colectivos y representantes con fiscalías, las mesas son más estables, con reglas claras, transparentes y efectivas en la incidencia.

Si bien ha habido apoyos a cierto número de familias del estado en estos meses, han sido pocos, erráticos y selectivos. El gobierno no ha dado el paso para salir de lo asistencial y lo discrecional y fijar verdaderas políticas públicas, dignas y universales para las víctimas, junto con las familias.

La promesa de dar difusión a los casos quedó reducida a un micrositio institucional que no integra ninguna base de datos, contiene un centenar de fichas de las más de mil que se podrían elaborar en la entidad, y no se liga a un verdadero plan de comunicación masiva, que sí había sido comprometido en la mencionada reunión. A la fecha la Fiscalía no da a conocer los datos sobre las y los desaparecidos.

La Ley de Búsqueda fue aprobada por el Congreso, no por el ejecutivo, quien hubiera podido crear, en cambio, ya en enero una Comisión de Búsqueda por decreto con el fin de desahogar los casos más apremiantes. Esta opción fue por los colectivos A tu encuentro, Búscame, Justicia y esperanza, pero fue descartada. Si bien se eliminó la categoría de persona no localizada, lo cual es un avance, el proceso no contempló la participación de las familias de manera satisfactoria. De doce reservas a la Ley, presentadas por colectivos, académicos y organizaciones, ninguna fue aprobada por la mayoría panista del Congreso, quedando fuera mejoras como la definición de “fosa clandestina”, la ampliación de atribuciones de la Comisión y de la Fiscalía Especializada o la creación de un fondo ad hoc para la búsqueda. Negación y represión nunca han hecho bien al diálogo que, en estas horas, tanto se invoca por parte de las autoridades.

Artículo en colaboración con La Jornada-Opinión