La militarización de las tareas de seguridad pública en México es una política de larga data que se remonta, por lo menos, a la época de la contrainsurgencia, particularmente con la Operación Cóndor a partir de 1975 en el Triángulo Dorado entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Aquel operativo inauguró una modalidad que juntaba el control y el combate selectivo del Estado mexicano contra el narcotráfico y la represión de la disidencia social y de las fuerzas democratizadoras. Todo ello con lujo de violencia y menosprecio de los derechos humanos. La conformación de los que Althusser llamó “aparatos represivos del estado” en aquella época desde luego muestra continuidades hasta hoy y permea discursos, mentalidades, mecanismos institucionales y actuaciones de funcionarios públicos y autoridades.

En el ámbito internacional, la militarización respondía y responde al paradigma estadounidense del prohibicionismo y al establecimiento de la “war on drugs” del presidente Nixon en 1971. La política de la guerra a las drogas, mantenida con variantes hasta la actualidad, mandataba el uso del ejército en funciones de seguridad interna en que no puede ni debe involucrarse, más allá de situaciones de emergencia temporales y actuaciones acotadas, según prescriben las mejores prácticas internacionales en tema de derechos y seguridad.

Estos antecedentes llevaron a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, una crisis persistente cuyas semillas en el pasado influyen profundamente en nuestro presente sombrío: tanto en la presidencia de Fox, con el operativo México Seguro, como en la de Calderón, con la declaración de una “guerra a las drogas” sin planeación ni diagnóstico y con la firma de la Iniciativa Mérida, comenzaron años de dolor y violencia inéditos en nuestra historia reciente.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones con una histórica mayoría de votos y una promesa de cambio que implicaba también propuestas para una reversión paulatina de la militarización.

Sin embargo, la postura y las medidas del mandatario y del ejecutivo fueron cambiando a lo largo de los primeros meses, pues se ampliaron el presupuesto, las áreas de injerencia y las prerrogativas de las fuerzas armadas de forma cada vez más preocupante, ya sea en la economía, en la logística o en la ocupación de territorios. Y es que, además, la retórica oficial ha distorsionado aspectos importantes de la historia del país y de la relación cívico-militar para justificar la actuación militar en reiteradas ocasiones: se presentan las represiones del ejército como cosa del pasado, la corrupción como producto de manzanas podridas y la cogestión militar de negocios ilegales como un mito, pese a las evidencias históricas. En cambio, por lo menos desde la primera presidencia civil de Miguel Alemán (1946-1952), estructuralmente las fuerzas armadas se han encargado de las mencionadas tareas, justamente como parte de un “pacto” para mantenerse lejos de aspiraciones golpistas.

El acuerdo de todos los partidos permitió en 2019 la creación de la Guardia Nacional con una importante reforma constitucional: la letra de la Carta Magna preveía la formación de un tipo de policía civil nacional que integraría personal de la antigua Policía Federal, de la Policía Militar y de la Marina, pero que tendría mando civil bajo la secretaría de seguridad ciudadana.

En los hechos, no obstante, el mando de la nueva estructura quedó en manos militares en todos los distritos regionales, la gran mayoría de sus efectivos son ex soldados y marinos con formación y mentalidad castrense, y no hubo intentos serios para “civilizar” la Guardia. Cada vez más, militares en retiro o ex mandos castrenses ocupan cargos en los aparatos de seguridad local, lo cual también ha llevado a una militarización de facto de la función policiaca y de la seguridad.

Además, por decreto presidencial, fue extendida la actuación de las fuerzas armadas en la seguridad pública hasta 2028, y hubo una intentona no exitosa para que el mando de la Guardia Nacional pasara oficialmente a la SEDENA. Esto conlleva un riesgo para los derechos humanos de la población y para un pleno desarrollo democrático.

Tampoco en este sexenio se realizaron las necesarias reformas y mejoras a las policías estatales y municipales, así como a los sistemas federales y estatales de procuración e impartición de la justicia, lo que impide romper las herencias oscuras del siglo XX, el círculo vicioso de la impunidad, la propagación de la victimización y, por ende, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Como sostiene Claudio Lomnitz en su recomendable obra Tejido social rasgado, en México hay mucha soberanía, determinada por la presencia militar y la capacidad de intervención del Estado, y poco estado de derecho, escasa administración, especialmente en los campos de la seguridad, las policías, del poder judicial y la justicia. Estos necesitan reformarse y reforzarse al tiempo que se vuelven a enfocar y circunscribir las actividades de las instituciones castrenses y los privilegios de sus castas dirigentes que, como han mostrado sendos reportajes periodísticos, no son cosa menor y se pueden comparar con los que ostenta la élite de la Suprema Corte y del poder judicial.

Por lo tanto, es fundamental establecer una ruta clara a partir de 2024, con compromisos claros de las y los candidatos presidenciales, con participación ciudadana y social, para construir fuerzas de policía confiables a nivel local y planes de reforma de la justicia, así como garantizar el mando civil de los cuerpos de seguridad federales, fomentando los enfoques de seguridad ciudadana y seguridad humana: estos mandatan el respeto pleno y conjunto de los derechos humanos y no son posibles sin un plan de regreso certero y progresivo de los militares a sus funciones constitucionales ordinarias.