*Bloque Latinoamericano sobre Migración/Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

La semana del 16 al 20 de mayo tuvo lugar el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) en Nueva York. El 20 de mayo fue adoptada la Declaración del Progreso, con prioridades y compromisos que los Estados deben implementar para una migración segura, ordenada y regular en seguimiento al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM), adoptado en Marrakesh en 2018.

El FEMI fue el primer foro mundial auspiciado por Naciones Unidas en el que los Estados miembros tuvieron la oportunidad de aprovecharlo para que en el proceso de revisión se generara una evaluación en conjunto con la población migrante, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias de Naciones Unidas y otros actores interesados. Podrían haber impulsado espacios democráticos de escucha y diálogo, y adecuar políticas para la movilidad centradas en la dignidad humana, con la posibilidad de migrar desde canales regulares para las poblaciones en condiciones más vulnerables, de generar procedimientos que permitan acceder a la protección internacional, a la prevención de violencias y atención de mujeres migrantes víctimas de violencia basada en género. Esto no sucedió, sin embargo, este proceso es de larga data y hay posibilidad de generar un espacio de diálogo, útil y de impacto para el bienestar y dignidad de las personas migrantes, sus comunidades y familias. El Pacto instruye realizar un foro regional cada dos años y uno mundial cada cuatro, este fue el primero y hay mucho por mejorar y avanzar.

Desde el Bloque Latinoamericano sobre Migración, red de organizaciones y redes que trabajamos con población migrante latinoamericana en la región y otras latitudes, estuvimos dando seguimiento y participando en todas las fases, buscamos que las voces de las personas migrantes, sus comunidades, sus familias y la sociedad civil fueran parte de todos los procesos. Una delegación del Bloque de Colombia, Brasil, Ecuador, España, Honduras, El Salvador, México y Estados Unidos estuvo en el FEMI exigiendo un diálogo y participación incluyente, recordando que el proceso y la Declaración mantuvieran los más altos estándares de derechos humanos, desde un análisis intersectorial, con compromisos claros de implementación e indicadores para poder monitorear y rendir cuentas, y con puentes para incluir a la población migrante, que difícilmente se enteró del Foro.

A pesar de la dificultad del proceso, de declaraciones de algunos Estados que reforzaban las políticas de criminalización de la población migrante, el espíritu general en las negociaciones promovía que la Declaración del Progreso no fuera un retroceso y que no bajaran los estándares y objetivos que enmarca el PMM.

La Declaración incluyó finalmente la instrucción de elaborar indicadores que permitan la medición de avances. Entre otras cosas promueve la generación de informes nacionales voluntarios, integrar la migración transversalmente en sus planes de desarrollo -previendo incluso asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo-, promover y aplicar procedimientos de búsqueda de personas migrantes, prohibición de expulsiones colectivas, asegurar el acceso a la justicia, garantizar el derecho a la identidad jurídica, el acceso a vías regulares para migrar, así como el compromiso de cooperación para hacer frente a las violencias, incluida la violencia sexual y de género, eliminar situaciones de vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes, y promover políticas y leyes migratorias con un enfoque de género y de infancia que hagan efectivos los derechos de todas las mujeres y la niñez migrante, sin importar su situación migratoria. Enunciado un fuerte compromiso, incluso con mayor fuerza que el Pacto, para eliminar todas las formas de discriminación –incluidos el racismo, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia de carácter sistémico- y la estigmatización en todos los niveles.

Desde el Bloque Latinoamericano sobre Migración, sociedad civil de todas las regiones del mundo y múltiples partes interesadas, seguiremos de cerca la implementación de la Declaración a través del monitoreo, vigilancia e impulso de acciones para el acceso a derechos, a una vida digna y al desarrollo de las personas migrantes. Buscaremos abrir este espacio para la participación y el diálogo desde los pueblos migrantes, sus familias y comunidades, para que estos foros se conviertan en un espacio de rendición de cuentas de los gobiernos y de cooperación internacional para proteger los derechos de las poblaciones en movilidad, no un espacio de cooperación internacional para la contención migratoria, ni para la securitización de la migración.

Es tiempo de centrarnos realmente en la dignidad humana y en la participación incluyente, no de simular o utilizar una retórica de protección para esconder la contención y la criminalización de la movilidad. El PMM y la Declaración del Progreso son resultado de espacios multilaterales que deben accionar los estándares más altos para la protección de los derechos de las personas en contextos de movilidad. Los estándares tienen que ser casi utópicos para que en el momento en que lleguen a los Estados y a las regiones haya una implementación que responda a las necesidades de la población migrante, sus comunidades y de quienes defendemos sus derechos.