*Abogada de asilo, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Twitter. @IMUMIDF

Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas, dándonos la oportunidad de volver a poner en la conversación la urgencia de que el gobierno mexicano establezca procesos de asilo diferenciados para las mujeres sobrevivientes de violencia de género, así como políticas públicas y programas para protegerlas durante su proceso y cuando son reconocidas como refugiadas.

Aunque México reconoce la violencia de género como un motivo para solicitar y recibir asilo, de acuerdo con la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, las mujeres se enfrentan a un sistema desigual en la resolución de sus solicitudes.

Los obstáculos para estas mujeres son muchos: la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no busca identificar este tipo de casos, por lo que las mujeres no reciben un acompañamiento psicosocial y médico, condiciones necesarias para un proceso que implica contar su historia una y otra vez; se enfrentan a funcionarios poco preparados que las revictimizan y juzgan, para después argumentar que en sus países de origen existen leyes y compromisos internacionales que sus gobiernos han firmado para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, sin hacer una investigación profunda sobre la deficiencia de esos mecanismos y los contextos de los que escapan. Si la violencia las alcanza en México, es casi imposible acceder a la justicia, pues las autoridades no toman las denuncias bajo el argumento de que ellas son migrantes y no tienen un documento de estancia regular en el país.

Además, el proceso de asilo en México implica permanecer en la entidad donde se inició el trámite, y cuando las mujeres son alcanzadas por sus persecutores o son víctimas de delitos y se ven obligadas a movilizarse por el país, su proceso ante la COMAR se da por abandonado, sin que exista flexibilidad de la autoridad para reanudar el trámite en otro lugar, aunque la ley sí lo prevé. Al tiempo que se carece de espacios seguros en los que las mujeres puedan estar mientras esperan por una respuesta a su solicitud de asilo, lo que puede ser un factor determinante para que concluyan su proceso.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), desde hace más de una década, 4 de cada 10 solicitudes de asilo en el país son de mujeres, sin embargo, no se lleva una estadística específica para identificar cuáles de estos casos son sobre violencia de género. Mientras que 3 de cada 10 personas en los eventos de detención migratoria son mujeres. Los principales países de procedencia son Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití y Venezuela.

Pero vayamos un paso atrás. Aunque la migración es multicausal, a menudo las mujeres salen de sus países por causas relacionadas con la violencia de género, la persecución y amenazas hacía ellas o sus familias, la desigualdad y la discriminación. La violencia de género que viven no termina al salir de sus países de origen, esta es transversal a su experiencia migratoria, por lo que una respuesta previa a su llegada a México podría disminuir las violencias que enfrentan.

El 22 de junio, el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) propuso la creación de un “Programa Piloto para aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular a México para mujeres centroamericanas víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos” a través de la expedición de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias desde los consulados mexicanos en Guatemala, El Salvador y Honduras. El Programa no necesita modificaciones al marco jurídico migratorio mexicano, pues las bases ya están contempladas en la Ley de Migración y su Reglamento, bastaría con la voluntad de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración del Programa. Los criterios para identificar a las mujeres beneficiarias están establecidos, también, en el marco normativo para eliminar la violencia contra las mujeres, sobre migración y asilo del país. De acuerdo con solicitudes de acceso a la información, entre 2018 y 2021, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus oficinas consulares en Guatemala, Honduras y El Salvador otorgaron en total 54 visas humanitarias, 29 para mujeres y 25 para hombres.

Pero, ¿qué pasa con las mujeres que superan todos esos obstáculos y logran ser reconocidas como refugiadas en México? No mucho, pues no existen políticas públicas específicas para integrar a las mujeres refugiadas y sobrevivientes de violencia de género. Derechos básicos como empleo, vivienda digna, educación y salud -física y mental- son difíciles de acceder ante la desinformación, la poca preparación de los funcionarios y la escasez de recursos.

La violencia de género es una realidad estructural en el mundo que genera un impacto psicosocial importante en las mujeres, por lo que el Estado mexicano debe implementar procesos de asilo diferenciados para este tipo de casos, así como políticas públicas que permitan que estas mujeres y sus familias puedan gozar de sus derechos, y de la seguridad que no pudieron tener en sus países de origen.