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Los derechos sexuales y reproductivos también son derechos humanos. Su acceso y ejercicio son fundamentales para garantizar el bienestar de las mujeres. Además, son parte de los indicadores que señalan el nivel de desarrollo de un Estado. Por ejemplo, el objetivo 3, meta 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 establece que se debe “garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”. Aunque desde 1994, con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su programa de acción, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se colocaron en la mirada de los Estados y se establecieron como condición previa al empoderamiento de las mujeres.

En 2019 se cumplieron 25 años de esa Conferencia y nuevamente los Estados hicieron promesas. México se comprometió, entre otros temas, a reducir, en 2024, al 50% la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos en mujeres en edad reproductiva, y para 2030, a erradicar la muerte materna por abortos inseguros, fortalecer la atención primaria de la salud, garantizar el acceso a servicios de anticoncepción de emergencia e interrupción legal del embarazo y garantizar el derecho a la salud de las mujeres en contextos de movilidad.

Aunque desde la Constitución hasta la Ley de Migración se garantiza el acceso a la salud de las mujeres migrantes, independientemente de su situación migratoria, las migrantes ven obstaculizado este derecho debido, principalmente, a la falta de un documento de estancia migratoria regular, la falta de información del personal de salud y la construcción de estereotipos sobre las mujeres migrantes.

Ana, migrante venezolana, llegó a México con 5 meses de embarazo después de caminar por siete países. Al llegar a Tapachula buscó atención médica en un Centro de Salud y el Hospital General sin éxito, la razón: su condición migratoria, su apariencia y los prejuicios del personal médico. No podía pagar una consulta particular, y encontró apoyo con Médicos del Mundo, una organización internacional que apoya a la población migrante en ese municipio.

Mabel, migrante de El Salvador, tenía más de dos años en México esperando su documentación. Después del primer año se embarazó de su segundo hijo, en todo su embarazo no pudo tener atención médica porque no contaba con un documento migratorio. Cuando su hijo estaba por nacer se acercó a un hospital y le negaron la atención, entonces acudió a una partera. Al mes, quiso registrar a su hijo, pero no lo pudo hacer porque el registro civil no reconoció la hoja de nacimiento que le entregó la partera y la cuestionaron por no haber asistido a un hospital.

Sofía, originaría de Honduras, fue agredida sexualmente en su cruce a México. Apenas pudo, buscó la anticoncepción de emergencia. Las autoridades de salud le dijeron que no podían darle nada y que ella tenía que estar consciente que era el costo de su viaje. A los médicos poco les importó la experiencia violenta de Sofía o que desde 2009 existe la Norma Oficial 046 que establece que el personal de salud deberá ofrecer de inmediato, y hasta por un plazo máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia.

Mientras que otras migrantes, en su mayoría afrodescendientes -pero no exclusivamente, señalan la violencia obstétrica que viven cuando logran acceder a revisiones médicas derivadas de sus embarazos, algunas, incluso, han señalado la muerte de sus hijas e hijos al nacer debido a la negligencia de los médicos.

Estos son solo algunos ejemplos que reflejan las barreras que experimentan las migrantes en su intento para acceder a un aspecto de la salud sexual y reproductiva en el país. Sin mencionar el poco o nulo acceso a métodos anticonceptivos y abortos seguros. Cuando las migrantes logran acceder a atención médica, casi siempre es porque están acompañadas de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos.

A la negativa de acceder a la salud sin condiciones, se suman las prácticas que las mujeres tienen sobre el cuidado de su salud desde sus países de origen. En general, las mujeres, migrantes o no, postergan la atención a su salud por los condicionamientos de género (primero mis hijas e hijos, mi pareja, mi mamá, mi papá o cubrir las necesidades básicas de sus familias) y en contextos de movilidad, los cambios, el duelo y la discriminación incrementan su postergación.

Por lo que nuevamente este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, recordamos al Estado mexicano que los derechos de las mujeres migrantes también son derechos humanos y promover su acceso a la salud, sin discriminación, no solo es su deber, sino parte del desarrollo del país. Por la salud de las mujeres…migrantes y sus familias, alcemos la voz.